Un rosario de temas atrasados como herencia legislativa

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2012).-

FALTA ENDURECER SANCIONES EN LAS LEYES LOCALES
Sólo logros a medias en transporte y movilidad

Una amplia deuda dejó la Legislatura LIX en los asuntos relacionados con vialidad, tránsito y transporte, entre ellos: la protección al peatón, el desarrollo de la cultura vial, otras formas de movilidad, avanzar hacia la ruta-empresa en el transporte público, la indexación de la tarifa y el endurecimiento de sanciones que son de montos bajos, opina el director del área jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte (SVyT), Armando López Vences.

Los anteriores diputados locales también evadieron analizar la posibilidad de incluir en la Ley de los Servicios de Vialidad Tránsito y Transporte el esquema de ruta-empresa, que posibilitaría avanzar hacia un servicio de transporte más organizado, eficiente y seguro.

Asimismo, hay pendientes en el establecimiento de montos mínimos y máximos en entre 10 y 15 artículos en los que se sanciona la comisión de algunas faltas. Se mantienen los montos fijos y deben modificarse, incluso, por un ordenamiento judicial.

Además, faltó endurecer sanciones por infracciones de tránsito que se mantienen en dos días de salario mínimo.

Para López Vences, “la ley requiere nuevos conceptos”, ya que tiene muchos espacios de discrecionalidad; es el caso de la emisión de concesiones y ampliación de rutas. Esta norma ya no necesita más parches, “la ley ya necesita cambiar” de fondo.

El funcionario reconoció algunos avances del trabajo legislativo, uno de los cuales fue la aprobación de la “ley salvavidas”, a la que ya se le hicieron adecuaciones, aunque faltan aspectos por perfeccionar.

También se consiguió concretar el incremento de algunas sanciones económicas por incumplimiento a normas viales, pero todavía hay necesidad de endurecer más multas.

En materia ambiental, los vehículos requieren un holograma y cuando visiblemente contaminan son sancionados y procede el retiro de unidades.

También se legisló para exigir el seguro vial; en el caso del transporte público, su ausencia es una causal de revocación de la concesión.

“Entre las últimas reformas, que por cierto se quedó corta al no establecer especificaciones para aplicar la sanción, está la del artículo 137: establecieron que era causal de revocación de concesiones del transporte público el incumplimiento de otros artículos. Pero digo que lo hicieron muy corto, porque nada más dijeron ‘incumplir’”.

ATLAS ESTATAL O LEY DE PLANEACIÓN, DOS ELEMENTOS FALTANTES
Turismo, todavía sin regulación para municipios y proyectos

La Ley de Turismo heredada por la pasada Legislatura, impulsada por el ex diputado Ramón Guerrero Demetrio, es un “refrito” de la Ley de Promoción del Turismo: no se contempló un tema importante como la planeación, afirmó Javier Orozco Alvarado, jefe del departamento de Turismo, Recreación y Servicios del Centro Universitario Económico Administrativo (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En general, hubo pocas propuestas de ley en la materia. Orozco señaló que la Ley de Turismo deja la impresión “de que era una propuesta que lo único que pretendía era tener presencia en la Legislatura, pero que realmente no tiene gran trascendencia”.

Explicó que en la Ley de Turismo se propone crear y actualizar el atlas turístico estatal, pero faltó que se obligara a los municipios a hacer el propio: “Debió proponer una ley de planeación turística municipal, porque prácticamente todo Jalisco tiene un potencial turístico importante y no se ha hecho nada para que haya una obligación para los municipios”. Incluso el Gobierno del Estado debería tener un plan estatal de desarrollo turístico, pero sólo existen los consejos consultivos y programas de fomento. “Hace falta legislar más en materia y desarrollar proyectos de inversión”.

Otro de los aspectos que faltó en la ley es el tema coercitivo: “Hemos visto cómo la actividad turística es una de las que más atentan contra el patrimonio natural y cultural, y no se hace nada por frenar la voracidad de este sector y sobre todo porque no hay una adecuada coordinación entre las autoridades locales y estatales y la población”.

El jefe del Departamento de Turismo indicó que se deben proponer iniciativas más orientadas en la promoción de inversiones y no de destinos.

“Otra de las iniciativas que propuso el ex diputado Ramón Guerrero es promover al mariachi como símbolo de Jalisco y, realmente, siempre lo ha sido, o promover al municipio de Cocula como símbolo de Jalisco por ser la zona del mariachi; son iniciativas intrascendentes porque, se tiene que trabajar más en iniciativas que tengan que ver en promoción de inversiones de grandes proyectos turísticos”.

HUBO "BUENA INTENCIÓN" PERO LAS PROPUESTAS FALLARON EN SU PLANTEAMIENTO
En educación, excluyeron a las autoridades y a los especialistas

Las iniciativas en materia de educación aprobadas por la LIX Legislatura pudieron haber llegado a mejor puerto si los diputados hubieran consultado a las autoridades y especialistas en la materia, reprochó el secretario de Educación estatal, Antonio Gloria Morales. Como no hubo tal acercamiento, el resultado fue la aprobación de reformas “con buena intención” pero “mejorables” en su planteamiento, pues la mayoría omite factores importantes que complican su ejecución.

“Muchas de las iniciativas las llegábamos a conocer por los medios de comunicación, porque (los legisladores) no tenían la delicadeza de hacernos partícipes”, indicó Gloria Morales sin generalizar, pues dijo que la única excepción fue el diputado Javier Gil Olivo, coordinador de la Comisión educativa, quien procuró dialogar con la secretaría a su cargo.

En el caso del decreto del Legislativo sobre hacer obligatorio en el Estado el bachillerato bilingüe, el funcionario aseguró que se trata de una iniciativa favorable para el futuro y necesaria, pero económicamente inviable. “Tanto ésa como muchas otras necesitaban de un respaldo presupuestario; por decreto no se resuelven las cosas: es una necesidad y nosotros la avalamos, estamos totalmente de acuerdo, pero necesitamos los recursos económicos y maestros que sepan dar clases en inglés”.

Al reclamo se unió la titular del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara, Ruth Padilla Muñoz, quien señaló que la reforma carece de herramientas para su puesta en marcha, por lo cual, estimó, el bachillerato en inglés podría ser una realidad en 10 años.

Otro caso fue la aprobación de la Ley de Prevención y Atención de Adicciones de Jalisco, que permite realizar exámenes antidopaje a estudiantes de secundaria y preparatoria siempre y cuando los padres de familia lo soliciten al plantel.

“Es una buena idea —titubea Gloria Morales— con muchas dificultades de aplicación, una idea que tiene un origen en algo que ya sucedió, porque realizar antidoping significa resolver un problema cuando el niño ya probó las drogas, pero yo le apuesto más a la prevención”.

Padilla Muñoz cuestionó el trasfondo de la iniciativa propuesta por el diputado Héctor Álvarez, pues los exámenes no resuelven el problema de la drogadicción en edades tempranas.

“Uno no puede uno estar en contra de una medida de éstas, siempre y cuando no se violenten los derechos humanos y sea a petición del padre de familia como del propio estudiante”, condicionó la académica, quien también lamenta la falta de interés de dicha Legislatura por procurar a los expertos en educación.

DIPUTADOS TENDRÁN QUE ENFRENTAR UN ANTECEDENTE DE "IMPULSO A LA IMPUNIDAD"
Solaparon a los presidentes municipales “gastalones”

Entre los alcaldes y regidores actuales se comparte la idea de que la LIX Legislatura dejó una secuela negativa a las finanzas municipales y “un pésimo ejemplo de impunidad en el ejercicio irresponsable del gasto público”.

Ante tal situación, viene el reto de la presente Legislatura de reparar daños y de diseñar medidas legales que eliminen el marco de impunidad que ahora existe para quienes gastan en forma irresponsable el dinero público, según coincidieron el alcalde priista de Tonalá, Jorge Arana Arana, y el regidor panista tapatío Alberto Cárdenas Jiménez.

Jorge Arana refirió que su municipio “fue perjudicado por la falta de consenso al interior del Congreso local, lo que evitó reestructurar la deuda municipal que al momento supone mil 300 millones de pesos, una cifra muy alta si se considera que el presupuesto anual de Tonalá es de 800 millones. Esta deuda incluso es superior a la de Guadalajara, en proporción a los ingresos que actualmente capta Tonalá”.

Este alcalde expuso que, aunque ha habido “cinco o seis diputados que han actuado de manera honesta en el Congreso de Jalisco, se ha desprestigiado por igual la figura de todos los diputados, lo que debe ser motivo de tomar en cuenta al momento de evaluar el desempeño de las dos últimas legislaturas del Estado”.

Opinó que “los diputados federales tienen que gestionar un fondo nacional de rescate para los municipios que se comprometan a sanear a fondo sus finanzas, porque de lo contrario se crearía un Fobrapoa de municipios y esto no debe proceder”.

El regidor Alberto Cárdenas resaltó que los pasados integrantes del Congreso “dejaron un peligroso antecedente de un mal ejemplo para que cada quien haga lo que quiera con el dinero público. Al fin y al cabo no pasa nada”.

Desde su punto de vista, los problemas financieros que ahora enfrentan varios de los más grandes municipios jaliscienses se deben a que no hubo un contrapeso del Congreso para señalar a tiempo las irregularidades, mucho menos para sancionarlas. Insistió en que el impulso a la impunidad “para que no les pase nada a los alcaldes que gastan en forma irresponsable es uno de los lastres más severos que ha dejado la Legislatura saliente. Hay mucho que hacer, porque esto no es motivo de sanción o penalización y deja secuelas muy negativas”.

Y SIGUEN...
Proponen suspender pagos

Otra herencia de la Legislatura anterior son las complicaciones administrativas que aún no se resuelven. Apenas ayer, elcoordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso, propuso suspender los pagos de los 219 empleados del Congreso cuyos nombramientos presuntamente fueron irregulares, avalados por la pasada Legislatura.

En la Comisión de Administración la legisladora de Movimiento Ciudadano Fabiola Loya había hecho la misma propuesta. Castro explicó que su cambio de discurso se debe a que se avaló pagar lo que se debe, pero la actual Legislatura no debe asumir responsabilidades adquiridas por otros diputados.

"Había proyectos que quedaron guardados, como la indexación de la tarifa, que debió haberse despolitizado; no le entraron; eso sigue originando discrecionalidad”

“Por la forma cuestionable en que se aprobaron las cuentas públicas, se dejó el camino propicio para la impunidad de los responsables”, opina el regidor Alberto Cárdenas

“Muchas iniciativas las llegábamos a conocer por los medios, porque (los legisladores) no tenían la delicadeza de hacernos partícipes”, indica el secretario Antonio Gloria

NO HUBO PLAN DE TRABAJO: ESPECIALISTAS
La cultura, otra vez en el último lugar

Hace tres años, cuando acababan de conformarse las comisiones de la LIX Legislatura, el entonces titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Martín Almádez, se reunió con la presidenta de la Comisión de Cultura. La diputada Rocío Corona Nakamura le explicó que ella no había pedido dicha comisión, de modo que iría aprendiendo en el camino: “Desde esa impresión me quedó claro que no habría realmente un programa ni un plan de trabajo”, contó el actual secretario técnico de la Comisión de Cultura de Guadalajara.

Para Almádez, el gran problema de la Legislatura anterior en materia de cultura fue que “muchas cosas salieron de la ocurrencia y tenían un origen moral más que un conocimiento de política cultural”. Por ejemplo, que Corona propusiera diferenciar a los grafiteros delincuentes de los artísticos, para apoyar a estos últimos.

Los grandes temas ausentes en la Comisión de Cultura, en opinión del secretario técnico, fueron la falta de infraestructura cultural, “que ha sido notoria durante más de 40 años”; la no profesionalización de los directivos del rubro, “incluyendo al propio secretario”; y la discusión sobre los actores culturales que también son promotores económicos.

Carlos Sánchez —director de Actividades Culturales de la Secretaría de Cultura de Jalisco— también consideró como negativo el balance de la anterior Legislatura. En particular señaló las propuestas que se quedaron en la congeladora, como la Ley de Patrimonio Cultural y Natural, en la que se trabajó tres años y al final no pasó al pleno; la Ley de Bibliotecas del Estado, con la que sucedió algo similar; y la Ley de Museos y Casas de Cultura, en la que se empezó a trabajar en 2005. Para Sánchez, es urgente que la actual Legislatura retome estas iniciativas que están ya muy avanzadas.

Autora del libro Las políticas culturales y las editoriales independientes (La Zonámbula, 2012), Dolores Díaz consideró por su parte que en el Estado hace falta reforzar el papel de los municipios, así como trabajar en conjunto con la ciudadanía. En ese sentido calificó como positiva la realización del foro Cultura en Jalisco, Responsabilidad de Todos, aunque faltó aterrizar las propuestas.

La gran expectativa es la promesa de campaña estatal de otorgar 1% del presupuesto a la cultura, lo que duplicaría el monto, que hoy ronda 350 millones de pesos

HUBO FOROS, PERO NO SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS
Se fue la oportunidad de legislar sobre salud mental

La LIX Legislatura dejó pasar la oportunidad de legislar sobre salud mental en Jalisco, un rubro que afecta a temas como adicciones, suicidios y comportamientos violentos, opinó el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Héctor Raúl Pérez Gómez.

Otros pendientes son el reglamento de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor en el Estado de Jalisco y la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, pero además quedó inconclusa “la aplicación de sanciones a quienes no le den atención a una ley” sobre temas de salud.

Comentó que mucho del tiempo de los diputados que salieron en octubre se gastó en arreglar problemas internos y administrativos, y no en el trabajo meramente legislativo. Aunque reconoció que se hicieron algunos foros con especialistas, las conclusiones se quedaron en el papel y no se observó que de ellas saliera alguna iniciativa de ley. Y a pesar de que hubo propuestas interesantes, como la creación de una ley de trasplantes y modificaciones a la Ley de Salud Estatal, no se logró concretar.

Según el médico, uno de los temas de salud pública en los que no se ha legislado, ni siquiera a escala nacional, es el manejo de células madre para fines terapéuticos, ya que hay seudoclínicas lucrando con tratamientos sin regulación.

“Está fuera de control: te dicen que te procesan células madre para todo, como si fuera remedio casero; no hay una legislación al respecto y mucho menos medidas regulatorias”.

SECTORES LOCALES REPROCHAN DESAPARICIÓN DE APOYOS Y FALTA DE DIÁLOGO
Nula legislación deportiva estatal

La legislación del Congreso estatal en materia deportiva se conoce entre los dirigentes deportivos más por su ausencia que por su influencia. Hace tres meses, en el marco de presentación de las convocatorias federales a los premios del deporte, el director del Code, Carlos Andrade Garín, reconoció que la legislación deportiva estatal había sido “nula” y que lo poco legislado afectaba, entre otras cosas, a esas convocatorias, ya que los cambios dentro de la Ley Estatal del Deporte que promovió la diputada presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso, Mariana Fernández, dejaban fuera el reconocimiento económico para el Mérito Deportivo.

“No lo entendemos”, comentó Andrade entonces: “Si Jalisco fue campeón por 12 años consecutivos, se ganan las primeras medallas olímpicas en la historia con deportistas hechos en casa, y en lugar de apoyos se les quitan estos incentivos”.

Después de esas declaraciones, el titular del Code decidió no volver a hablar sobre el tema hasta la fecha. “Es un tema del que no quiere hablar”, expresó Comunicación Social del Code Jalisco al solicitar una entrevista para analizar a la pasada Legislatura.

La relación Code-Congreso del Estado estuvo en conflicto permanente con la organización de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Integrantes de la organización fueron llamados al menos cuatro ocasiones ante la comisión para responder con temas de infraestructura, presupuesto, costos y avances. El tema siguió éste año. La ex diputada Mariana Fernández señaló opacidad de la Auditoría Superior del Estado y solicitó a la Auditoría Superior de la Federación revisión a los seis mil millones de pesos de los Juegos Panamericanos; también pidió que el pago pendiente a los proveedores se haga en esta administración y no en próximas, planteamientos que al menos en el segundo caso no prosperaron, ya que las deudas por servicios al Copag se mantienen.

Presidentes de asociaciones de los deportes más populares prefieren no hablar del tema porque ignoran qué se discutió, qué propusieron o legislaron en el Congreso local.

En su informe final, Fernández enlistó la creación de la Ley Estatal del Deporte y 33 iniciativas: 15 de aprobadas, 16 en estudio y una retirada. En lo que se refiere a acuerdos legislativos, dijo que propuso 56, de los cuales se aprobaron 48, dejó en estudio seis y dos más fueron retirados.

La próxima Comisión de Juventud y Deporte no ha tomado protesta; tampoco ha recibido un resumen de la ex presidenta de la Comisión, Mariana Fernández

CONSTRUCTORES CRITICAN FALTA DE DIÁLOGO
La obra pública ni siquiera influyó en la agenda legislativa

El renglón de obra pública no figuró en la agenda de la Legislatura LIX que concluyó en octubre y quedaron pendientes modificaciones a normas y la creación de reglamentos. Los resultados fueron “nulos y totalmente deficientes”, señaló la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Jalisco, Lorena Limón, quien dijo no recordar ninguna modificación trascendente en materia de obra pública aprobada por los diputados anteriores.

Enlistó temas que requieren un análisis y la intervención de los legisladores, pero no se tocaron: Las leyes de Obra Pública y la de los Proyectos de Inversión Público-Privados no cuentan con reglamento y no se crearon. En el Código Urbano se requieren modificaciones; tampoco se efectuaron. La propia Ley de Obra Pública necesita adecuaciones y no se ha intervenido, a pesar de que los constructores han presentado propuestas.

Asimismo, los contratos multianuales, que principalmente se utilizan para conservación carretera en otros estados, no son posibles en Jalisco. Esto impidió que se realizaran obras con la participación de capitales privados.

Limón recordó que, para la atención de vías, el presupuesto estatal fue por montos mínimos en los últimos años. Se contó con sólo 50 millones de pesos en 2010 y 2011, y 150 millones de pesos en 2012, para una red de más de cuatro mil kilómetros.

Otra situación lamentable es la inexistencia de un mecanismo que afiance la relación de los constructores con los diputados, “es estar tocando puertas y puertas” y no obtener resultados.

“La Ley de Obra Pública nunca ha tenido reglamento, eso hace inoperante mucho de lo que necesitamos para ser competitivos”

FALTARON REFORMAS A LOS CÓDIGOS ESTATALES
Ni reforma del sistema de justicia, ni agilidad para la depuración local

La omisión más importante de la Legislatura que recién terminó en materia de seguridad y justicia se encuentra primordialmente en el rezago que hereda para la adopción en Jalisco de la reforma al sistema de justicia penal hacia uno acusatorio y oral, que ya opera en un tercio de las entidades federativas del país (en 11, pero en tres de éstas, de manera total), y donde se han obtenido mejoras en la despresurización de las cárceles y en la agilización y eficiencia para la resolución de estos procesos.

El profesor investigador Francisco Jiménez Reynoso, de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), hace ver que la Legislatura anterior no fue capaz de reformar el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco para adecuarlo a los nuevos principios que rigen la impartición de justicia en el país a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, como la presunción de inocencia, lo que disminuirá el uso de la prisión preventiva: 54.84% de las personas encarceladas en Jalisco por delitos del fuero común aún no han recibido una sentencia.

Está previsto que, a escala nacional, el sistema penal acusatorio y oral esté en pleno funcionamiento en 2016; sin embargo, advierte el especialista, por el tamaño del reto que esto representa en materias como la generación de infraestructura y la capacitación del personal involucrado (policías, Ministerio Público, jueces, etcétera), si no hay avances se pondrá en riesgo el éxito del proyecto. Ya desde ahora, expone, deberían estar trabajando bajo estos nuevos esquemas los juzgados mercantiles en el Estado.

También quedaron pendientes avances en la arista presupuestal, diseñando un gasto público estatal que fortaleciera estos rubros, como fortaleciendo presupuestalmente al Instituto de Justicia Alternativa.

Las iniciativas para la depuración policial fueron recibidas en el Congreso en marzo de 2009 y aprobadas el 28 de junio de 2012.