Presentan amparo colectivo contra alza al transporte público

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2012).- El ex candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, acompañado por los cinco diputados electos de dicho partido, interpuso una demanda de amparo indirecto contra el alza a la tarifa del transporte público en las oficinas de Ciudad Judicial Federal, como parte de las acciones legales que realizarán para frenar esta medida ilegal e injusta.

El recurso se presentó con el respaldo de más de 8 mil firmas de jaliscienses que, con su firma se mostraron en contra del aumento a la tarifa del servicio de transporte público.

A través de un comunicado de prensa, informó que el amparo no es el único camino legal para frenar la medida. Alfaro recordó que este lunes se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco  la primer Controversia Constitucional que interpone un gobierno para defender intereses de los ciudadanos. “Ya el gobierno de Tlajomulco tuvo una controversia constitucional contra el congreso y la ganamos, hoy esperamos poder ganar esta también porque el aumento a la tarifa del trasporte se hizo violando la ley y sin respetar los procedimientos establecidos en las leyes aplicables en materia de transito y transporte”.

Sobre la respuesta del juzgado Alfaro señaló: “sean admitidos o no nuestros recursos, nosotros vamos a darles a conocer públicamente a los medios de comunicación, las razones detrás del juez de distrito que defina esta situación; porque necesitamos poner en claro que los jueces no pueden seguir actuando de espaldas a los ciudadanos”.

Por su parte Salvador García, abogado de Movimiento Ciudadano, aclaró que lo que se está argumentando es que se violó el procedimiento que prevé la ley de los servicios de vialidad, transito y trasporte; porque el OCOIT, organismo responsable de preparar la discusión sobre la modificación de las tarifas, previo a la sesión de la comisión de tarifas para acordar el aumento, está obligado a:

-Elaborar un análisis del entorno económico.
-Elaborar un dictamen sobre los costos de los servicios del transporte público para ver si realmente lo que pedían los concesionarios estaba justificado.

Esto no se llevó a cabo, por lo que constitucionalmente se violaron los principios de legalidad y certidumbre jurídica, que te dicen que todo acto de autoridad, como lo es la comisión de tarifas, debe estar completamente motivado.

Salvador García agregó que, el próximo viernes a más tardar, el juzgado que le corresponda conocer de este asunto deberá acordar la admisión y conceder la suspensión provisional de la nueva tarifa para todos ciudadanos que firmaron en contra del aumento.