En 19 años contra la tortura no hubo averiguaciones previas

GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2012).- A 19 años de que se publicó la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha iniciado una sola averiguación previa por este delito, a pesar de que Guadalajara tiene casos señalados a escala internacional, como los operativos contra jóvenes altermundistas del 28 de mayo de 2004.

La organización Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentó un informe en 2009 en el que afirma que hay más de mil casos de tortura documentados y ninguna autoridad judicial investigada.

Tres años después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) corrobora que el panorama es el mismo y desde hace años se repiten algunas prácticas: provocar asfixia con bolsas en la cabeza, privación de sueño, golpes con toletes o sillas metálicas, flexiones, toques eléctricos, trapos húmedos en nariz y boca sobre los cuales se les arroja agua para provocar asfixia momentánea, quemaduras, obligar a que se desnuden o a que permanezcan hincados, inmovilización, no dar ni agua ni comida, ni permitirles ir al baño.

El primer visitador de la CEDHJ, César Alejandro Orozco Sánchez, opina que la impunidad radica en que en la mayoría de los casos la PGJE es juez y parte.

“Creemos que debe existir un órgano independiente, que no tenga vínculo jerárquico con el policía investigador señalado. Se le pide al procurador que castigue a un trabajador de la misma dependencia, lo que impide la imparcialidad. Tal vez la Procuraduría General de la República pudiera hacer las investigaciones”.

El procurador Tomás Coronado Olmos ha dicho en 2009 y 2010 que esta práctica ya no existe en Jalisco. Orozco Sánchez lo niega, pues la CEDHJ sigue documentando la existencia de casos de tortura, incluso psicológica.

Por su parte, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) insisten en que no les toca acreditar la tortura y que sólo un juez puede determinar si hubo o no esta práctica. El organismo defensor de derechos humanos ha insistido en que deben tener peritos especializados en aplicar el Protocolo de Estambul (mecanismo internacional para acreditar la tortura) y que den cuenta clínica y técnicamente de si hay huellas de tortura.

“Es una discusión vieja de la comisión con el instituto. Tienen razón en que a un juez es al que le toca decir si penalmente existió este delito, pero a los forenses les toca hacer los dictámenes médicos que permiten acreditarlo”, asegura el primer visitador.

El Protocolo de Estambul es un manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió en 2001.

El defensor de derechos humanos Francisco Macías, del Cepad, coincide en que los peritos son auxiliares de la justicia, de manera que son los que tienen la ciencia médica para auxiliar a la justicia en la investigación de hechos delictivos.

“Ellos son peritos y no dejan de ser médicos y estar obligados por la ética médica. Si la ciencia médica me dice que hay lesiones por tortura, así deben asentarlo. El otro problema es que tenemos una procuraduría y un instituto forense mediocres: con estas dependencias no tenemos garantía de acceso a la justicia”.

El DF, un caso a seguir

Como ejemplo pone al Distrito Federal, donde ya existen políticas públicas para combatir la tortura y de hecho es el único lugar donde se han logrado sentencias al respecto.

En Jalisco, reflexiona, tiene que plantearse modificar la ley que se publicó hace casi 20 años, implementar políticas públicas en el tema y “poner atención al subregistro y a la impunidad, que es altísima”.

¿Qué hizo el Gobierno del Distrito Federal? “Reconocer el problema y generar programas como el de derechos humanos del DF, armonizar la legislación y sacar disposiciones que especifican obligaciones de los servidores públicos y cómo se va a sancionar este delito”.

En México los policías, especialmente los investigadores, utilizan la tortura como un medio instrumental para realizar su trabajo, lo cual se contrapone con la función policial en un estado que presume ser democrático.

“El DF tiene una fiscalía para sus servidores públicos y son instituciones que dan fortaleza a la defensa de derechos humanos. Los casos que han llegado a nivel internacional se acreditaron ahí. Con el caso Martín del Campo entendieron que sus protocolos estaban mal y que tenían que hacer algunas modificaciones”.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la actuación torpe de la policía puede tener consecuencias de gran alcance para la sociedad en su conjunto. La escalada del uso de fuerza por la policía puede aumentar los niveles generales de violencia en la sociedad.

Una práctica denunciada durante años

En 2011 se emitieron cinco recomendaciones por tortura y en 2010, cuatro. Esto implica que el panorama no ha cambiado desde que el Cepad emitió un informe en el que analiza esta práctica entre 2000 y 2009.

La razón por la que eligieron investigar esta situación es que, justifican, desde los años sesenta ha sido un secreto a voces que existían lugares para torturar a civiles.

La punta del iceberg y tal vez el caso que más se ha difundido a escala internacional fue lo que sucedió el 28 de mayo de 2004, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, del Caribe y de la Unión Europea, en el que más de un centenar de jóvenes denunciaron detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, inhumanos y degradantes, por parte de la SSP y de la PGEJ.

LO DOCUMENTADO
Mapa estatal de las recomendaciones

Las más señaladas desde 2007

PGJE 51

SSP 17

Ayuntamiento de Guadalajara 16

Ayuntamiento de Zapopan 9

Ayuntamiento de Tonalá 9

Ayuntamiento de Tlajomulco 6

Ayuntamiento de Tlaquepaque 5

Recomendaciones por tortura

Entre 2000 y 2002 se emitieron cinco recomendaciones por tortura. En 2003, ninguna.

2004 Tres.

2005 Ninguna.

2006 Una recomendación que incluye siete casos.

2007 Tres.

2008 12

2009 Una.

2010 Cuatro.

2011 Cinco.

Casos de privaciones de la vida documentados

2007

Guadalajara Policía que asesina a un hombre en una tienda (14/2007)

PGJE En Cuautitlán, un hombre intentó huir y le dispararon (10/2007)

2008

Ixtlahuacán Suicidio o agresión, pendiente de aclararse (31/2008).

SSP Dispararon y murió un niño; otra persona, grave (20/2008).

PGJE Jugó vencidas y le ganó, por eso le disparó (16/2008).

Zapopan Policía responsable de asesinato en Paraísos del Colli (4/2008).

PGJE Muere detenido por contusión de tercer grado de abdomen y tórax (2/2008).

2009

Ocotlán Persiguen a jóvenes y matan a uno (25/2009).

Jamay  Muere después de que lo detienen sin razón (10/2009).

Tlajomulco Perforación en el intestino por golpes.

Tepatitlán Golpean a un mesero y dejan su cuerpo en un barranco, por golpes en el abdomen.

PGJE En un operativo, uno intenta huir y le disparan por la espalda.

2010

PGR Asesinato múltiple de seis personas (29/2010).

El Arenal y Tala Disparan arma de fuego (13/2010).

Poncitlán Bala perdida en rostro de niño.

2011

SSP Al agraviado lo sacaron de un restaurante, lo torturaron y murió días después por los golpes (54/2011).

Zapotlanejo Le marcaron el alto, alzó las manos y le dispararon (48/2011).

Guadalajara Muerte por contusión de tórax (25/2011).

Fuente: CEDHJ.

LA SEGURIDAD PÚBLICA NO DEBE SER PRETEXTO, DICE LA CEDHJ
La clave, sanciones ejemplares

Reglamentar y aplicar sanciones ejemplares a los funcionarios que violen derechos humanos, sobre todo en casos como abusos policiales o tortura, podría desinhibir la frecuencia de estas conductas violatorias, opina el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), César Alejandro Orozco.

“Las dependencias han creado áreas para hacer el vínculo con el organismo y para ser vigilantes de la protección de los derechos humanos. Entonces, su función no es defender a los servidores públicos, sino coadyuvar para que alienten a las sanciones. También hay departamentos jurídicos que, lejos de abonar a esto, le abonan a defender a los policías”.

Por otro lado, destaca que la inseguridad es un tema que le preocupa a la CEDHJ y “pedimos a las autoridades que garanticen el derecho a la seguridad pública, porque todos los delitos van al alza. Nosotros no queremos limitar a las policías para que capturen a los delincuentes, pero sí les hemos recalcado que deben actuar de manera pulcra e inspirados en el respeto de derechos humanos. Pero ya agarraron el pretexto de que, por la delincuencia, exageran las aprehensiones ilegales y les depositan armas prohibidas o droga o les inventan delitos”.