Olvidan tipificación del feminicidio como delito

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2012).- Los feminicidios están imparables en Jalisco, por lo que organizaciones en defensa de los derechos humanos exigen al Congreso del Estado que se tipifique como delito este ilícito. En el Estado de México, Colima, Veracruz, Morelos y Distrito Federal hay avance en este tema, pero el resto de las entidades mantienen frenadas las iniciativas que pretenden aumentar las penas hacia los agresores de mujeres.

“En Jalisco se presentó una propuesta, se trabajó en comisiones y hasta se hizo un foro para tipificar el delito del feminicidio, pero desde el 15 de mayo no tenemos más noticias”, lamenta Celia Magaña García, investigadora de la Universidad de Guadalajara. El diputado local por el PRD impulsor de la propuesta, Raúl Vargas, dijo que la iniciativa, así como tiene posibilidad de ser aprobada en 15 días, podría ser la próxima legislatura la que se encargue de darle salida.

En la segunda semana de julio se registraron cinco homicidios dolosos que evidencian el incremento de la violencia hacia las mujeres. Diana Rosario Carrillo (28 años) fue asesinada de un disparo en la cabeza luego de ser secuestrada por un grupo de sujetos armados en El Salto; Cynthia Guadalupe Medel (27 años) fue hallada muerta en la Colonia Providencia; otra fémina fue asesinada a golpes en Zapotlanejo, mientras Yolanda Dorado González (60 años) y su hija Cinthia Marchain Dorado (30) fueron estranguladas en su casa en el Fraccionamiento Revolución de Tlaquepaque.

Por ello, Celia Magaña subraya el incremento de los feminicidios: en 2009 se documentaron 58, en 2010 se dispararon a 81 y de enero a noviembre de 2011 la cifra se ubicó en 86. “El problema es que de enero al 27 julio del presente año ya se presentaron 86 feminicidios. Urge una nueva legislación para aplicar sanciones más severas contra los agresores. Los mejores ejemplos de la tipificación del feminicidio están en Distrito Federal y Morelos”.

A mediados de julio, se publicó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en la que Jalisco aparece en el cuarto sitio entre las entidades en donde las mujeres padecen más violencia en sus cuatro tipos: emocional, económica, física y sexual. “En violencia de género, Jalisco estaba en primer lugar en la pasada encuesta nacional (realizada en 2006 por el Inegi), pero ahora no se aplican los mismos parámetros. La encuesta sufrió modificaciones, entonces no se puede comparar con los anteriores estudios”, subraya Celia Magaña García.

Atenuantes de “honor”

Especialistas en derechos humanos coinciden en que las mujeres deben denunciar cualquier tipo de violencia, con la intención de evitar las ejecuciones.

Tras un estudio entre los años 2005 y 2009, el Instituto Nacional de las Mujeres subrayó que los municipios en donde se documentan más feminicidios en Jalisco son Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Tequila, Tlaquepaque y Tonalá.

“En materia legal, Jalisco presenta importantes rezagos. Por ejemplo, aunque el homicidio y las lesio¬nes se agravan si éstas las inflige el cónyuge, existe la posibilidad de que se disminuya la pena si se comete el homicidio por la mal llamada ‘razón de honor’: si hay infidelidad por parte del cónyuge, este hecho es un atenuante a la hora de juzgar al homicida. Otra debilidad del Código Penal del Estado, considerando que se tiene la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio¬lencia, es que no contemple todavía la violación entre cónyuges. Además de esto, contiene la figura de privación ilegal de la libertad para realizar un acto sexual, que minimiza el acto de abducir el cuerpo de mujer para utilizarlo sexualmente ya que hace una clara diferencia entre este acto y un secuestro con fines económicos, con penas notablemente menores para el primero (de tres a 10 años, mientras que para el segundo van de 18 a 35 años)”, señala el documento actualizado en octubre de 2011.

En la pasada Legislatura estatal, los diputados rechazaron tipificar el feminicidio como delito. Uno de los argumentos fue que “puede prestarse a mucha confusión porque ya existe un delito genérico de homicidio. Para no romper con el equilibrio del derecho penal, el homicidio es suficiente. Enrarecer el tipo penal con el feminicidio podría llevarlo a una letra muerta”, enfatizó en aquel entonces Gustavo González Hernández, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de Jalisco.

Sin embargo, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), le respondió que había un proceso de discusión nacional de la conveniencia de establecer este tipo penal, es decir, incorporarlo como una categoría donde se especifican elementos de un homicidio a mujeres por razones de género.

Los diputados federales, por su parte, aprobaron en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece la coordinación entre Federación, estados y municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Los principios rectores son igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, respeto a la dignidad humana, no discriminación y libertad, pero investigadores insisten en la necesidad de tipificar el feminicidio.

Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, apunta: “La promulgación de la ley da un enorme paso porque pusimos de una vez y para siempre, espero, la responsabilidad pública del Estado en su erradicación (de la violencia hacia la mujer)”.

Prisioneras de la autoridad patriarcal

Más de 300 mil mujeres en México son prisioneras de la autoridad patriarcal. Encerradas bajo llave por sus esposos, concubinos o padres (en orden de importancia), enfrentan todo tipo de violencia, incluso graves lesiones físicas que en ocasiones culminan en homicidio. La cifra resulta del registro de llamadas telefónicas de víctimas en la Red Nacional de Refugios. Las comunidades indígenas de Apizaco, Tlaxcala; Mérida, Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; Huejutla, Hidalgo; Cuetzalan, Puebla; Juchitán, Oaxaca; Tapachula y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y diversas poblaciones de Estado de México, por mencionar algunas, constituyen un “foco rojo”.

La falta de detección de violencia, la carencia de infraestructura, el uso de lenguas no habladas por los prestadores de servicios y la diversidad religiosa detonan que mujeres, hijas e hijos sean violados, discapacitados, lesionados y afectados en su desarrollo y en el patrimonio familiar a causa de la violencia doméstica, subraya un estudio de la Red Nacional de Refugios, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres enfatiza que en 50 municipios del país habitan indígenas en total desamparo. Coincide que estas comunidades están inmersas en la pobreza.

SUFRIMIENTO
Qué dice la ley

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Dicha violencia está basada en el sometimiento, discriminación y control que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos de su vida, afectando su libertad, dignidad, seguridad e intimidad, violentando así el ejercicio de sus derechos.

DESCONOCEN LA NORMA
Las dejan sin órdenes de protección

México incumple con el mecanismo de apoyo a las mujeres que sufren de violencia, como las órdenes de protección, que a pesar de quedar reconocidas legalmente desde hace cuatro años, en los casos que sí se otorgan persiste el desconocimiento de parte de las autoridades.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio realizaron un diagnóstico en México, para conocer el estado que guarda la implementación de las órdenes de protección establecidas en las leyes estatales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

Se solicitó información vía transparencia de esta medida en 27 estados del país, y 10 no proporcionaron información, entre ellos, Jalisco.

En el caso de Jalisco, dijo la abogada del observatorio, Yuridia Rodríguez, se solicitó información al Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) quien respondió que no es la encargada de fiscalizar que se entreguen estas órdenes, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco no contestó.

La investigación reveló que desde 2008 hasta mediados de 2011, en México se entregaron 745 órdenes de protección a mujeres, de las cuales, 93% fueron en la Ciudad de México. En el caso de Jalisco, se solicitó esta información a la PGJ y al Instituto Jalisciense de las Mujeres, a lo que la primera no respondió y la segunda aseguró que no le compete entregarlas.



AYUDA
Dónde denunciar

Instituto Jalisciense de las Mujeres

Teléfonos: 3658 3170 y 3586 6150.

Dirección: Miguel Blanco 883, Colonia Centro, Guadalajara.

Centro Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (Cepavi).

Teléfonos: 3030 4790, 3030 4791, 3030 4792 y 3030 4793.

Dirección: Galeana 347, Colonia Centro, Guadalajara.