- La actual Legislatura termina el 31 de octubre de 2012
El titular de la Dirección Jurídica explicó que existe un número importante de demandas de amparo, controversias constitucionales y juicios laborales y administrativos que no se han resuelto
GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2012).- Además de los problemas económicos de la actual Legislatura y las deudas por un monto aproximado de 250 millones de pesos que heredarán a los próximos diputados, se suman una serie de problemas legales que a decir del titular de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo, Luis Enrique Villanueva, estarán imposibilitados a resolver en los próximos tres meses.
Enrique Villanueva fue nombrado oficialmente como abogado del Congreso el pasado 10 de julio, en lugar de Antonio Rocha Santos.
"Es complicado, con el equipo de trabajo que hay en la Dirección Jurídica resolver (los casos). Hay abogados capaces pero, en tres meses no me puedo comprometer a poner al día los asuntos. Haremos un esfuerzo considerable y por instrucciones de la Secretaría General tenemos que empezar con el proceso de entrega recepción. Muchos cosas se van a resolver en la próxima Legislatura", reconoció.
Villanueva explicó que existe un número importante de demandas de amparo, controversias constitucionales y juicios laborales y administrativos que no se han resuelto.
Reconoció que existe, en estos momentos, un despacho contratado por los diputados denominado Rincón Mayorga y Asociados que coadyuva en una de las controversias constitucionales que ha interpuesto el Poder Judicial en contra del Congreso "este despacho está revisando el tema de los consejeros de la judicatura, designados recientemente, María del Carmen Sánchez Galindo y Alfonso Partida Caballero".
A pesar de que Enrique Villanueva dejó hace unas semanas el cargo de consejero de la Judicatura, negó que tenga conflicto de intereses al defender al Congreso del Poder Judicial en el tema de los nombramientos de los consejeros, "tendremos que ser institucionales".
En torno a uno de los problemas legales que tiene el Congreso, -la deuda por 58 millones de pesos a la Consultora López Castro y Compañía- el abogado del Congreso señaló que han respondido puntualmente a los comunicados que ha remitido el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil; aunque reconoció que existe la posibilidad de incurrir en un desacato, desde su punto de vista, el Poder Ejecutivo debe atender la petición del juzgado de aportar el dinero.
"Hicimos de conocimiento del juez de los problemas financieros del Congreso y que no podemos tocar el capítulo 1000 de los trabajadores porque son preferentes a cualquier adeudo. Lo más grave es que la autoridad determine un incumplimiento de parte del Congreso a una ejecutoria de la autoridad federal e incurrir en una responsabilidad grave", señaló el abogado.
En este mismo tema, Luis Enrique Villanueva aseguró que el Legislativo no recuperó el recurso por concepto de impuestos como lo han señalado los representantes de la Consultora López Castro.
"La Consultoría jamás recuperó cantidad alguna a favor del Congreso del Estado, entonces esa cantidad que estimo está cobrando en demasía fue meramente por hacer una planeación, una proyección en ese sentido".
No obstante reconoció que existe una instrucción judicial que determina el pago por parte del Congreso.
La actual Legislatura termina el 31 de octubre de 2012.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ