Cuatro muertos por mes, en accidentes relacionados con el transporte público

GUADALAJARA, JALISCO (09/ABR/2012).- Para algunos todo queda en el susto, raspones o moretes. Otros tienen menos suerte: fracturas o luxaciones en brazos, esguinces cervicales, golpes graves en el cráneo. O la incapacidad de por vida. O la muerte. Son las víctimas de accidentes vinculados con el transporte público.

En los últimos cinco años, los percances en que participaron camiones urbanos provocaron lesiones a cinco mil 567 personas. El equivalente a más de dos funciones, con cupo lleno, del teatro Diana de Guadalajara.

Las estadísticas del año pasado precisan 941 heridos tras percances vinculados al transporte urbano. La mayoría de los afectados estaba en plena edad productiva: de los 21 a los 30 años de edad o de los 31 a los 40 años.

Lo anterior significa que, en 2011, de cada 100 lesionados en un accidente relacionado con camiones urbanos de transporte, 46 eran personas de entre 21 y 40 años de edad, según se infiere de cifras proporcionadas por el Consejo Para la Atención de las Víctimas del Transporte Público (CAVTP).

Al acudir a los siniestros viales, los paramédicos de las cruces Roja o Verde son el primer contacto de una institución de servicio con los lesionados. En el trayecto al lugar del percance nos preparamos, relata el socorrista Isaías David Barra Huerta. “Pensamos en lo peor que nos podemos encontrar”. Y de todos modos la realidad rebasa lo imaginado, “hay veces que sí nos sobrepasa; lo que vemos nos llega a impresionar”.

De los 234 decesos relacionados con el transporte urbano en la metrópoli en los últimos cinco años, uno que a Isaías le correspondió atender y que tiene muy presente es el caso de una mujer atropellada por una unidad del Macrobús en la Calzada Independencia, cerca de la calle Medrano. En su mente guarda la imagen de la víctima tirada sobre el piso. Sufrió daños tan atroces que dudaron hasta de cuál era su sexo. Nada pudieron hacer para auxiliarla.

Los atropellamientos en los que intervienen unidades grandes y pesadas, como las del transporte público, están entre los peores, consideró el paramédico, quien desde hace tres años presta sus servicios.

Los 234 fallecimientos vinculados al transporte público en los últimos cinco años significan que bajo las ruedas de un camión dejaron de existir, en promedio, cuatro personas cada mes (3.9) y 92 quedaron heridas.

En lo que va del sexenio, el peor año en muertes relacionadas al transporte público fue 2010, con 67 decesos; en 2011 llegó a 47.

En cuanto al deslinde de responsabilidades, de los 47 fallecimientos del año pasado en 32 casos el culpable fue el transporte público, en seis el particular, en uno compartido; en cinco siniestros no se acreditó que hayan intervenido camiones y tres están en proceso de definirse.

De los 47 fallecidos en 2011, 10 tenían entre 31 y 40 años de edad, gente en plena edad productiva. Los siguieron siete fallecimientos de víctimas de entre 71 y 80 años.

El Consejo para la Atención de las Víctimas de Transporte Público también reveló que la mayoría de los decesos de 2011 son varones: 30 de los 47 registrados.

22 accidentes por día

En los cinco años de la actual administración estatal (2007-2011) se han registrado 40 mil 210 accidentes de tránsito en los que participaron unidades del transporte público; eso significa que en promedio hubo 22 percances al día, conforme a la información proporcionada por la Secretaría de Vialidad.

Del total de accidentes en los que intervinieron unidades del servicio público, dos mil 918 arrojaron lesionados y muertos, según el Consejo de Víctimas.

Burocracia frena atención expedita
El Vía Crucis de las víctimas

Ser atropellado por un camión del transporte público es padecer una pesadilla. Si bien le va, el desafortunado que pase por una experiencia así puede salir con raspones o fracturas menores, pero es más frecuente un reporte de peores consecuencias: la paraplejia o la muerte.

Un accidente vial siempre viene acompañado del viacrucis burocrático, la corrupción y la insensibilidad de muchos funcionarios públicos. La víctima y sus familiares, después de tanto desgaste emocional, al final sólo reciben impunidad e indiferencia de parte de autoridades.

“Mi esposa se encontraba en Avenida Tonalá esperando a tomar el camión cuando fue embestida por un camión de la ruta 615 del transporte público; a raíz de ese suceso mi esposa sufrió lesiones graves y quedó parapléjica. Hace más de dos meses que ocurrió el accidente y en la agencia 20 del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado me traen vuelta y vuelta”.

Las palabras anteriores son del hombre que a través de una llamada telefónica presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por el accidente que sufrió su esposa el 18 de agosto de 2010. La mujer -madre de dos niños, de dos y cuatro años de edad- quedó parapléjica y sufrió múltiples fracturas, esguince cervical y estallamiento de pulmón e hígado.

La vida de esta familia cambió por completo: el hombre enfrentó gastos médicos tan grandes que llegó a pensar en el suicidio, porque el dinero no alcanzaba. Los niños también resintieron el siniestro: no es fácil ver a tu mamá postrada en una cama; el mayor dejó de ir al kínder porque su conducta cambió y se volvió retraído.

El caso quedó asentado en la recomendación 58/2011, dirigida al procurador general de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, por parte del actual ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

La recomendación puso en evidencia una serie de omisiones por parte del agente del Ministerio Público número 20 y una pésima coordinación, pues el caso nunca fue enviado al Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público.

Además, tras una investigación, la Comisión concluyó que en la Procuraduría tampoco rea lizaron con oportunidad ni eficiencia las indagatorias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad que correspondía, así como la reparación de los daños y perjuicios causados.

Demasiada terminología legal para una familia lastimada una, y otra, y otra vez.

“Falta de pruebas”

El 13 de junio de 2010, un joven de 16 años fue arrollado por un camión de la ruta 611, alrededor de las 22:00 horas. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) establecieron en la autopsia 1209/2010 que el fallecimiento se debió a alteraciones causadas en diversos órganos por la contusión de tercer grado de cráneo, tórax y abdomen.

El chofer huyó, fue detenido cuadras adelante por un policía que lo remitió al Ministerio Público, y 48 horas después quedó en libertad.

Acababa de empezar el calvario de la mamá del muchacho.

La mujer relató que en un principio el agente ministerial le aseguró que se estaban llevando a cabo las investigaciones correspondientes, pero seis meses después, y tras varias vueltas, se le informó que había prescrito la acción penal porque ella nunca presentó pruebas.

La abuela del menor presentó una queja ante la CEDHJ el 13 de enero de 2011. La Comisión abrió una investigación, cuyos resultados evidenciaron que el agente del Ministerio Público no citó a testigos clave para que rindieran declaración, ni se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Secuelas físicas y emocionales

Intervenciones quirúrgicas, terapias de rehabilitación y tratamientos especiales son ahora la nueva forma de vida de una mujer de 34 años, que fue atropellada el 12 de enero de 2009 por un camión de la ruta 160. La mujer intentaba cruzar la calle a la altura de Carretera a Tesistán, los testigos dijeron que el conductor se pasó la luz roja. La víctima sufrió fractura en el brazo derecho y el cráneo, múltiples excoriaciones y estallamiento de vísceras; el chofer se fugó en el camión y luego lo abandonó para escapar a pie.

Como en los casos anteriores, el agente del Ministerio Público a cargo dilató la integración de la averiguación previa. La víctima no pudo estar al pendiente de los avances de su caso, debido a que pasó por varias operaciones médicas que le impedían hacer mayores esfuerzos.

La psicóloga adscrita al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) recomendó que la mujer recibiera atención de tipo psicológica de parte de algún especialista, por lo menos durante dos años, como parte de su proceso de rehabilitación, reelaboración y readaptación. Agregó que debería ser una sesión por semana, con un costo promedio de 350 pesos, lo que sumó 36 mil 400 pesos por un total de 104 sesiones.

Víctimas, vulnerables frente a empresas y autoridades incumplidas
El gran pendiente: vacíos legales, impunidad y corrupción

El sufrimiento de las víctimas del transporte público ha dejado de ser invisible para la sociedad, pero falta por combatir una grave dimensión del problema: los vacíos legales y la corrupción que generan impunidad en un alto porcentaje de accidentes viales.

La presidenta de Víctimas de Violencia Vial AC, Alma Chávez Guth, defiende los esfuerzos de ésta y de otras asociaciones civiles en la socialización del problema. Admite que ha sido fundamental la firma del convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humano (CEDHJ), que favorece que se denuncien las irregularidades y omisiones que hay en las dependencias involucradas en accidentes.

Desafortunadamente, dice Alma Chávez, las víctimas del transporte público son más vulnerables porque muchas son de bajos recursos, incluso con algún grado de analfabetismo. “Es impresionante la impunidad y corrupción que hay en todas las dependencias de Gobierno, cómo se puede alterar una prueba de alcoholemia y cómo se pueden atropellar los derechos de las víctimas”.

El organismo también colabora con el Instituto de Justicia Alternativa, porque indica que cada año hay aproximadamente 50 mil accidentes viales en Jalisco y, aunque no todos tienen consecuencias fatales, sí colapsan el sistema judicial del Estado.

En los casi tres años de vida de Víctimas de la Violencia Vial AC, se han unido al menos 30 familias que han perdido seres queridos o que presentan secuelas físicas y emocionales. Al menos seis familias, han sido canalizadas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que su caso avance con mayor celeridad y se consigan sanciones contra funcionarios.

La activista recuerda que solicitó la oportunidad de que su asociación participara en el Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público de la Secretaría de Salud, para que los ciudadanos tuvieran una representación real -actualmente el Consejo sólo está representado por autoridades del Gobierno del Estado y de las empresas transportistas-, y ésta le fue negada.

Por acuerdo del Ejecutivo estatal, el 6 de enero de 2005 se creó el organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud Jalisco, denominado Consejo para la Atención a Víctimas del Transporte Público. Al entrar en funcionamiento ha dejado en evidencia varias lagunas jurídicas, pues carece de normas suficientes que dispongan las facultades y obligaciones precisas para ejercer sus atribuciones.

Al emitir la recomendación 32/2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que tan sólo durante enero de 2009 se recibieron dos mil 352 quejas que por escrito presentaron usuarios del servicio de transporte público conurbado, por actos que consideraron violatorios a sus derechos humanos.

Labor difícil de reconocer
Casi todas las Llamadas son por mal servicio

Casi nadie los quiere. Son objeto, en muchas ocasiones, de insultos y quejas por la atención y servicio que brindan. Los datos lo comprueban: de las 30 mil 365 llamadas telefónicas con relación al transporte público recibidas en el Centro de Información al Usuario (CIU) del Organismo Coordinador de la Operación Integral del Transporte (Ocoit) durante los últimos cinco años, 25 mil 419 fueron reportes hacia los camioneros; sólo 124 se trataban de felicitaciones.

En el caso de los cinco mil 307 reportes recibidos en 2011 por el CIU, 91.2%, que representan cuatro mil 840, fueron quejas; en el otro extremo, sólo 0.73%, o sea, 39 llamadas, fueron felicitaciones.

Los principales motivos de inconformidad el año pasado por parte de los usuarios del transporte fueron: que los operadores les niegan el servicio, que son agredidos por el chofer, que siguen la ruta correcta, que exceden la velocidad y, además, que fuman.

En el transporte público de la metrópoli se realizan al día alrededor de tres millones de viajes, y la gran mayoría de los usuarios no toma el teléfono para reportar irregularidades o trato inadecuado por parte del prestador del servicio.

Los usuarios explican que, si no se quejan, es porque creen que “no sirve de nada reportarlos” porque “no tengo idea de a qué lugar llamar”.

FRENTE A FRENTE
La revisión de seguridad abarca a 90% de las unidades: Vialidad

Al asegurar que no han bajado la guardia en la revisión al transporte público, funcionarios viales destacan que desde hace alrededor de seis años ya no se revisan 17, sino 38 puntos que incluyen aspectos de seguridad, imagen e información en las unidades.

Con base en las dos revistas anuales a las que se somete a los camiones, el jefe de Planeación y Supervisión del Transporte Público, Daniel Villanueva Munguía, consideró que “el 100% no te lo puedo asegurar, pero sí 90% de las unidades cuentan con los puntos básicos de seguridad”.

El funcionario añadió que las deficiencias en los camiones se centran principalmente en aspectos de imagen: pintura y condiciones de las láminas. También detectan cristales rotos, aunque estos daños se registran sobre todo en los que circulan por colonias donde los pisos están en malas condiciones.

“Sí hemos visto un avance; de un año para acá, que estamos revisando, ahora sí todas las unidades estamos viendo que el transportista se está preocupando un poquito más”.

Hay alrededor de cinco mil unidades operando en la Zona Metropolitana de Guadalajara y, por las dos revisiones anuales, en 2011 inspeccionaron a seis mil 243 unidades; esto significa que pasaron bajo la vista de las autoridades el total de los camiones y, en una segunda vuelta, avanzó sólo 30 por ciento.

Este año, en los primeros dos meses, el avance en la revista es de mil 300 camiones; en promedio se inspeccionan 35 al día. A quienes incumplen en algún punto no se les otorga el holograma, y tienen entre cinco y 15 días para corregir las fallas.

Las “mañas”

En la revista de camiones se inspeccionan las condiciones mecánicas y físicas de la unidad, así como el adecuado funcionamiento de los dispositivos de puertas cerradas y regulador de velocidad; estos últimos se encuentran de manera especial bajo la lupa de autoridades viales. Pese a todo, admiten los choferes, recurren a las “mañas” y alteran elementos de seguridad.

“Ha mejorado el tema: ya la gente no va colgada y no se observan camiones circulando con las puertas abiertas”. Es posible detectar a quienes alteran el dispositivo, simplemente porque al arrancar o antes de llegar a la parada recorren  unos metros sin cerrarlas, y se los sanciona, subrayó el director de Transporte Público, Alfonso Hernández Casillas.

Comentó que se detectan a la semana al menos tres o cuatro unidades con “diablitos”, mecanismos que, como otros, alteran el sistema para controlar la velocidad o el de puertas cerradas.

Hay choferes que también esquivan el regulador de velocidad. Aunque las unidades no deben rebasar los 60 kilómetros por hora, lo hacen. Para inspeccionar el cumplimiento de este aspecto se cuenta con personal aplicando el radar, aseguró Hernández Casillas.

Una muestra de que no han bajado la guardia en la inspección al transporte público es el programa llamado Vectio. A consideración del entrevistado, éste funcionó y se observa en la disminución de más de 30% de accidentes mortales en 2011 respecto a 2010.

Para este año, una de las propuestas del área de transporte es incrementar el personal de supervisión, para llegar al menos a 10 unidades por turno; tienen ahora cuatro.

FRASE

"Hemos visto un avance. De un año para acá, que estamos revisando. Estamos viendo que el transportista se está preocupando un poquito más "

Daniel Villanueva, jefe de Planeación y Supervisión del Transporte Público.

Hay mejora, pero es difícil bajar hasta las cero muertes: choferes

El servicio ha mejorado gracias a las medidas aplicadas a lo largo de varios años, pero los choferes del transporte público, que defienden esto como un progreso, admiten que evitar 100% las muertes resulta “difícil”, por causa de varios factores combinados.

Quien lo explica es el representante de los choferes de la Alianza de Camioneros, Raúl Jiménez Pulido, quien subraya que han hecho esfuerzos para eliminar el punto ciego y que, aunque hay algunos que alteran el regulador de velocidad y el mecanismo de puertas cerradas, en general ya brindan mayor seguridad al usuario. También presumió que 10% de los camiones, como debían, fueron adaptados para discapacitados.

Uno de los grandes pendientes desde la administración estatal de Francisco Ramírez Acuña es el prepago. Para el representante de los operadores, este mecanismo, además de eliminar una distracción para los choferes, inhibiría las extorsiones de que son objeto por parte de elementos viales. Cuando no manejen efectivo, opinó, se acabará la irregularidad.

La capacitación y educación vial es otro de los pendientes que adeuda la autoridad, ya que estos aspectos se deben reforzar dirigiéndolos no sólo hacia los choferes, sino también a los pasajeros, para reducir accidentes.

En capacitación, la Secretaría de Vialidad y Transporte les ha quedado a deber, porque en ocasiones “no es buena” o resulta insuficiente.

Jiménez Pulido aprovechó para demandar una reforma al Código Penal, en particular el punto que se modificó en la administración estatal pasada, al incluir como una agravante en caso de un accidente fatal el solo hecho de conducir un camión. Ese aspecto, aseguró, no incide en una mejor prestación del servicio.

FRASE

"Evitar las muertes en 100% resulta difícil, por causa de varios factores combinados "

Raúl Jiménez, representante de los choferes de la Alianza de Camioneros.

CRÓNICA
En el día a día, una exhibición de irregularidades

Cigarro en mano, el operador de una de las más de 100 unidades de la ruta 380 avanza por Periférico. En casi todo el trayecto, desde el cruce con la Calzada Independencia hasta Colón, respeta los límites de velocidad, pero hay tramos en donde conduce a 70 kilómetros por hora. El regulador de velocidad debería avisarlo, pero no hace ningún ruido: o no sirve o fue alterado.

Ahora el recorrido es a la inversa en otra unidad (carro EM35) de la ruta 380. En esta ocasión el chofer, quien se coloca el cinturón de seguridad sólo de manera simulada, pues no sirve el broche, mantiene su trayecto a la velocidad permitida, quizás porque es un horario llamado “valle”, con afluencia regular o de pocos usuarios; tan es así que levanta pasajeros en cualquier punto, donde le pidan la parada, sea o no sitio oficial.

De retorno en Periférico Sur y Colón, sitio donde transitan varias rutas -380, 186, 623 A y 1-A-, son numerosas las fallas que se detectan en las unidades o en la prestación del servicio. Hay choferes que bajan en segunda fila a los pasajeros y dispositivos de puertas cerradas que no funcionan, ya que algunas unidades abren las puertas antes de parar totalmente y otras arrancan y avanzan varios metros antes de cerrarlas.

Una falla más: cristales rotos. La unidad S1399 de la ruta 623 A, por ejemplo, sólo tiene vidrio en la mitad de la puerta trasera, pese a los riesgos para los usuarios.

Pasajeros del transporte público, como Dayana Reyes, quien viaja con su bebita en brazos, tiene inconformidades pero nunca las ha presentado a ninguna autoridad. Sus principales quejas las dirige a las rutas 619, 380 y 175, ya que en algunos tramos exceden la velocidad, dice. Otra inconformidad se refiere a que “muchos choferes no se esperan a que termines de bajar y arrancan, es peligroso”, comenta antes de abordar su camión en Periférico y Colón.

El chofer se coloca el cinturón de seguridad de manera simulada. Otros operadores bajan en segunda fila a los pasajeros y dispositivos de puertas cerradas no funcionan