• Procuraduría estatal delega el caso

Los nueve aprehendidos por las adopciones ilegales permanecerán en la Ciudad de México mientras se realizan las investigaciones

GUADALAJARA, JALISCO (02/FEB/2012).- Luego de dos días de intensos interrogatorios a los nueve involucrados que fueron arraigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), en torno al caso del tráfico de niños, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y llevó a la Ciudad de México a los nueve involucrados que hasta el momento han sido detenidos. El traslado ocurrió el martes pasado.

“La SIEDO ya atrajo el asunto, independientemente de todo, nosotros dejamos una causa abierta, pero la responsabilidad de la investigación, por trascender las fronteras de México, será ya del Gobierno Federal”, dijo el procurador del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos al confirmar el traslado de las nueve personas involucradas en el tráfico de menores.

El primer fiscal agregó que tras las investigaciones por la PGJEJ se supo que al menos tres asociaciones civiles, entre ellas SOS Bambino, participaron de una u otra forma en la red de adopciones ilegales.

Se estima que desde 2006 hasta la fecha SOS Bambino tramitó, al menos, 300 adopciones irregulares, únicamente en el vecino Estado de Colima.

Hace aproximadamente dos semanas la PGJEJ había solicitado la colaboración de la PGR en el caso, debido a que existía la probabilidad de que se configuraba el delito de trata de personas ya que los niños eran dados en supuesta adopción, pero a cambio de dinero y con trámites irregulares, además de que la red de adopciones operaba en al menos tres estados de la República (Jalisco, Colima y Aguascalientes).

En la actualidad, por lo menos, tres involucrados continúan prófugos, entre ellos el abogado que se encargaba de tramitar las supuestas adopciones, Carlos López Valenzuela, su hijo, quien fue agente del Ministerio Público de la PGJEJ, y una trabajadora social de la organización Vifac en Aguascalientes, quien se encargaba de contactar a madres solteras con hijos para el despacho de abogados de López Valenzuela.

TELÓN DE FONDO
Las diligencias

Fue el pasado 9 de enero, cuando policías de Zapopan arrestaron a Laura Faiola Carranza, de 21 años de edad, quien había sido denunciada porque presuntamente estaba en el estacionamiento de una plaza comercial ofreciendo en venta a su hija de dos años de edad.

Luego de sus primeras investigaciones, Laura Faiola declaró que rentaba a su segundo hijo (un infante de siete meses de edad) a terceros hasta por 15 días, sin embargo, dejó al descubierto el sistema de adopciones ilegales con conexiones en los estados de Colima, Aguascalientes y otros países del mundo, como Irlanda.

Tras las pesquisas y las declaraciones de las detenidas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) dio con una finca ubicada en la calle Florencia, entre Quebec y la Avenida Terranova, en la Colonia Providencia de Guadalajara, la cual fungía como despacho de los abogados López y López y Asociados.

Después, en al menos otras 14 fincas más se realizaron otras diligencias, en las cuales se halló documentación que revelaba que desde 1990 el despacho de abogados en mención enlazaba a parejas extranjeras que pretendían adoptar menores, además de elaborar contratos para la renta de niños, manejando diversas cantidades dinero, el cual era obtenido por los trámites.

Policías investigadores de la PGJEJ detuvieron a otras ocho personas, presuntas integrantes de la organización.

Por el caso, 11 menores han sido rescatados y asegurados. Tras unos exámenes médicos realizados a los infantes la PGJEJ detectó que cuatro de ellos presentaban huellas de abuso sexual.