• La manera de contactar a las mujeres embarazadas era a través de anuncios en periódicos locales

La Procuraduría asegura un total de nueve infantes; continúa con las investigaciones

GUADALAJARA, JALISCO (13/ENE/2012).- Lo que en un principio parecía ser un “pleito” familiar, entre mujeres jóvenes en Zapopan, terminó en ser un caso tráfico de niños, pues tras la detención de una madre de familia que rentaba a uno de sus hijos y que pretendía vender a otro, se descubrió toda una red.

Por tal caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) arraigó a tres mujeres en relación a una investigación por un posible tráfico de menores, asegurándo un total de nueve niños de entre dos meses de nacidos y dos años de edad.

Las mujeres que se encuentran bajo la medida cautelar son: Silvia Guadalupe Soto Abundis, de 32 años de edad; Guadalupe Lizeth Bosques Montaño, de 31 años, y Cecilia Velázquez Díaz, de 33.

El arraigo de las tres mujeres se desprendió de las pesquisas realizadas por la PGJEJ, luego de que la Policía Municipal de Zapopan arrestara a Laura Faiola (sic) Carranza Talamantes, de 21 años de edad, oriunda de Magdalena, Jalisco, pero radicada en la ex Villa Maicera, a quien le aseguraron una niña de dos años de edad y un bebé de apenas siete meses, hijos suyos.

La mujer fue acusada por una cuñada de haberle ofrecido en venta a uno de los menores y también de que “rentaba” al otro de sus hijos.

Aparte de la mujer detenida, la Policía Municipal remitió un contrato de un supuesto despacho jurídico, denominado López López Asociados, S.A., en el que se manifestaba que “rentó” al menor de sus hijos, supuestamente para fotografía publicitaria en diferentes paisajes y lugares de Jalisco, por 500 pesos diarios, y durante un periódo de 15 días.

En la investigación que emprendió el Área de Asuntos en Agravio de Menores, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, de la PGJEJ, se obtuvo información de otras mujeres que participaban en la “renta” de niños. Así, se esclareció que una persona de nombre Cecilia Velázquez Díaz (quien es minusválida por haber sufrido la amputación de sus dos piernas debido a un accidente) recibía en su casa, ubicada en la calle Latón, de la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, a los menores que eran “rentados”, para luego entregarlos a Guadalupe Lizeth Bosques y Silvia Guadalupe Soto, quienes iban por ellos en camionetas rentadas.

Posteriormente ambas mujeres llevaban a los niños a un hotel en Guadalajara, en donde los entregaban a parejas de Irlandeses, radicados en Ajijic, a las que presuntamente les hacían creer que todo era parte de un proceso de adopción, que se estaba tramitando en el Estado de Colima.

Por lo anterior, las tres mujeres fueron arraigadas mediante una orden obtenida en el Juzgado Décimo Penal con sede en Puente Grande.

Al continuar con las pesquisas, se aseguraron a nueve niños –incluidos los dos hijos de Laura Faiola (sic) Carranza– ocho de los cuales tienen entre dos y ocho meses de nacidos.

También se pudo establecer en las indagatorias que los contratos de “renta” de los niños con supuestos fines publicitarios, como el que se aseguró a Laura Faiola, sólo eran para que las madres de los bebés justificaran ante sus familias, la ausencia de los recién nacidos.

Asimismo, se ha establecido que los extranjeros a los que se entregaban los bebés, pagaban mil 200 pesos por semana a las madres, desde que estaban embarazadas, más otros gastos como atención médica, vitaminas y medicinas.

Además, se ha esclarecido que la manera de contactar a las mujeres embarazadas era a través de anuncios en periódicos locales.

La PGJEJ se encuentra en busca de otras personas que presuntamente participaban en los hechos, entre ellos un abogado que trabajó como agente del Ministerio Público en el año 2000, en la PGJEJ.

La dependencia ya realiza una serie de indagatorias para determinar la responsabilidad de las madres de los niños asegurados así como para deslindar la de los extranjeros.

Las investigaciones también ya se extendieron al Estado de Colima, a fin del debido esclarecimiento de los hechos.

Como parte de las actuaciones se ordenaron peritajes a los nueve menores asegurados, de los que se desprende que cuatro de ellos resultaron con síntomas de abuso sexual, situación por lo que también se indaga quiénes son los responsables.

Además, con base en una orden del Juzgado Primero de lo Penal se realizó un cateo en la casa de Guadalupe Lizeth Bosques, ubicada en la calle Iturbide, en el Barrio de Santa Teresita, en la Perla Tapatía, donde se aseguraron una computadora tipo laptop y varios formatos, aparentemente utilizados en los hechos que se investigan.

 EL INFORMADOR / MARTIN PATIÑO