• Buscan determinar las causas reales y directas de la muerte de José de Jesús Dávila

La CEDHJ pedirá apoyo a la UdeG para realizar nuevos estudios periciales

GUADALAJARA, JALISCO (12/ENE/2012).- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, informó este jueves sobre la existencia de una segunda acta de defunción de José de Jesús Dávila López, de 66 años, el hombre que fue golpeado presuntamente por policías del Estado, y quien era padre de uno de los reos fugados del penal de Puente Grande.

El ombudsman detalló que en dicha acta se afirma que la víctima murió a consecuencia de un infarto al corazón, sin embargo se realizarán las investigaciones correspondientes, pues es sospechoso que se realizara un segundo peritaje, por lo que podría tratarse de una irregularidad.

"Hay dos documentos, uno habla de la causa directa de la muerte, un infarto, y el otro habla de contusión de tercer grado en abdomen. Son documentos que vamos a tener que verificar dentro de la investigación para determinar si hubo alguna irregularidad", dijo.

Ambos documentos fueron emitidos por médicos del Servicio Médico Forense (Semefo). Álvarez Cibrián, precisó que solicitarán estudios periciales de otras instituciones que cuenten con especialistas como la Universidad de Guadalajara, para contar con elementos calificados y confiables para concluir cuál fue realmente la causa directa de la muerte.

Por el momento, la Comisión no puede fijar una postura respecto a los hechos, ni emitir una recomendación a alguna autoridad, hasta contar con todos los elementos posibles. Sin embargo, el ombudsman del Estado confirmó que fueron policías estatales los responsables del operativo en el que falleció la víctima.

"Hay evidencias que nos hacen ya suponer que estuvieron presentes los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el día de los hechos que se denuncia, que sí hicieron la detención de la hermana del reo, que fue puesta a disposición del Ministerio Público y que en el lugar de los hechos fue donde falleció el papá del reo que se fugó del penal"

Por lo pronto la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SSPE) no ha presentado el informe que le pidió la Comisión de Derechos Humanos, sobre el operativo y los elementos que participaron en este, el próximo lunes vence el plazo.

La investigación de este caso fue iniciada por la CEDHJ de manera oficiosa, posteriormente se oficializaron las quejas por parte de familiares del fallecido, y fue turnada a la Segunda Visitaduría para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Dirigen recomendación a alcalde de Zapopan

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió este jueves la primera recomendación del año, dirigida al presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma Ordóñez, por un caso en el que policías de aquél municipio incurrieron en allanamiento de morada, y detención arbitraria.

En el documento que relata los hechos, se detalla que el 3 de febrero de 2011 una persona presentó queja a favor de su hijo, en contra de  policías de la Dirección General de Seguridad Pública de Zapopan, por haber ingresado a su domicilio interrogando al joven sobre el paradero de una persona apodada "El Gato". A pesar de que su familiar les respondió que no lo conocía, se lo llevaron detenido.

Al ratificar la queja, el agraviado relató que aproximadamente a las 15:00 horas se encontraba dentro de su vivienda en compañía de varios amigos, cuando intempestivamente varios policías abrieron a patadas la puerta y tras esculcar en su interior, encontraron una bolsa con marihuana que días antes su vecino había aventado a su casa para evitar que varios gendarmes lo detuvieran.

Esto fue corroborado por el personal de la Comisión con las versiones de nueve vecinos, quienes manifestaron que observaron desde distintas perspectivas cuando varias personas con uniformes de policía, algunas con los rostros cubiertos, golpeaban la puerta de ingreso del domicilio del agraviado y lo sacaron a golpes junto con otras personas para llevárselo detenido.

Aún cuando es violatorio de derechos humanos, trabajar encapuchados o con vehículos sin identificación o placas cubiertas, dichas prácticas son comúnmente realizadas por elementos de la Policía Estatal y algunas municipales, lamentó el ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

"Ésta práctica se ha convertido en una práctica común, no tan sólo por las dependencias estatales, sino por otras corporaciones policiales de distintos municipios, ya hemos hablado nosotros, hemos insistido mucho que la seguridad pública también se debe de transparentar".

Álvarez Cibrián llamó a las corporaciones policíacas a terminar con éstas prácticas irregulares que se vienen registrando, según testimonios asentados  en quejas y recomendaciones del año pasado.

EL INFORMADOR / LILIANA NAVARRO