• Religiosa fue víctima de hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios públicos

Dirigen recomendación al IJAS por hostigamiento contra una persona y omisiones en la atención de menores de edad

GUADALAJARA, JALISCO (30/DIC/2011).- Con las dos recomendaciones que emitió este viernes la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), ha abatido el rezago de quejas correspondientes a 2010, informó el ombudsman del Estado, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien aseguró que de ahora en adelante los asuntos que lleguen a la Comisión se resolverán en un lapso no mayor a un año.

 "A partir de este momento quedan concluidos todos los asuntos del 2010, no hay ni un solo asunto pendiente. Estaremos manteniendo el compromiso de que todos los asuntos que lleguen a esta institución se podrán resolver el mismo día, pero a más tardar en un año, en ningún caso y por ningún motivo estaremos permitiendo que un caso llegue a tardar más de un año en resolverse".

 El titular de la Comisión indicó que se logró dar trámite a los casos del año pasado gracias al trabajo de las visitadurías, y ahora estarán enfocados en ir al corriente con los casos que van llegando.

Una de las recomendaciones que se emitió este viernes va dirigida a Olga María Ramírez Campuzano, directora del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, por el caso de una religiosa que presentó una queja en febrero de 2010, quien tras haber sido víctima de hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios públicos que laboraban en esas fechas en dicha dependencia, prácticamente fue obligada a renunciar como directora del albergue Protección a los Hijos de los Presos A.C.

 La Comisión acreditó la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, pues no hubo una causa justificada para que la religiosa fuera presionada a renunciar. Los servidores públicos señalados se sobrepasaron, pues esta petición no está dentro de las facultades y atribuciones que la ley les confiere.

 El albergue se fundó en 1988 y a la fecha de su remoción, ella llevaba 22 años cumpliendo con tan altruista labor encaminada a velar por el interés de los menores de edad que tenían a sus padres en el Reclusorio Preventivo, en el femenil y en el Centro de Readaptación Social.

 Al salir de la asociación, la congregación religiosa Aliadas Carmelitas de la Santísima Trinidad se hicieron cargo de la asociación Protección a los Hijos de los Presos; sin embargo estuvieron poco tiempo a cargo de la administración, por lo que ocupó la dirección general Luis Fernando Arroyo Torres, con sus colaboradores, quienes se hicieron pasar como educadores y psicólogos ante esta Comisión y la Procuraduría Social, pero no existe registro de sus cédulas ni en la dirección de Profesiones ni en la Secretaría de Educación de Jalisco, estas irregularidades ocasionaron que la atención de los menores se viera gravemente afectada.

 "Todos ellos incurrieron en omisiones y pusieron en riesgo la integridad y seguridad personal de los menores de edad, quienes resultaron con desajustes emocionales. Incluso hubo necesidad de internar a una niña en una clínica mental para su tratamiento, debido al descuido y desatención por parte del personal que colaboraba con el supuesto psicólogo que se hizo llamar director general, administrador y representante legal del albergue", aseveró Álvarez Cibrián.

 El ombudsman agregó que de acuerdo a la investigación realizada, el albergue tenía 89 niños en diciembre de 2009 a disposición del Consejo Estatal de Familia, y había además 85 que habían sido enviados directamente de la Procuraduría General de Justicia del Estado en ese misma fecha, por lo que en total en el albergue había 166 niñas y niños, posteriormente el número de menores fue disminuyendo, y poco a poco la Comisión ha ido detectando el paradero de cada uno de ellos.
 
 EL INFORMADOR / LILIANA NAVARRO