• La asociación civil espera celeridad de la Procuraduría en las indagatorias por los 10 dictámenes con firmas falsificadas

El Parlamento de Colonias solicita mayores controles para combatir la corrupción en la expedición de dictámenes de usos de suelo

GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2011).- La asociación civil del Parlamento de Colonias se pronunció porque la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, sea sujeta a un proceso de auditoría por una consultora o ente externo, o por la propia Secretaría de Contraloría Municipal, para conocer a detalle el tamaño de la problemática que se ha expuesto sobre la expedición de usos de suelo con firmas falsificadas o con alteraciones a través de herramientas digitales.

A decir de su presidente, Alejandro Cárdenas Ochoa, la dependencia municipal requiere además de la implementación de mayores controles contra la corrupción, como la integración de sellos de seguridad en sus dictámenes de Trazo, Usos y Destinos Específicos que dificulten su manipulación.

Si se sabe de la falsificación de firmas y de la alteración de estos documentos de los cuales se desprenden el resto de las autorizaciones municipales en materia urbanística, y por tanto, hay incertidumbre sobre la legalidad de los mismos, apunta el entrevistado, entonces debe reforzarse el siguiente paso administrativo, es decir, el procedimiento de expedición de las licencias de construcción, para confirmar dentro de éste que los proyectos que se están gestionando se apegan estrictamente a los planes parciales de desarrollo urbano vigentes.

La existencia de estas problemáticas en la Secretaría de Obras Públicas y su Ventanilla Única, sobre un trámite tan sensible para el crecimiento de la ciudad, junto a la ausencia de medidas correctivas a profundidad, llega a “vulnerar” la confianza de la sociedad en la legalidad con que la autoridad municipal da trámite a estas gestiones.

“Definitivamente la vulnera, nosotros como ciudadanos hemos denunciado en infinidad de ocasiones autorizaciones que están al margen de los planes parciales, de autorizaciones en las que se beneficia nada más al desarrollador,  porque no se están apegando a la legalidad de lo que está establecido en los planes parciales”.

Y siguió: “Eso lo hemos denunciado y claro, vulnera la calidad de vida de los habitantes que están alrededor de esos desarrollos, o fábricas, o negocios o giros restringidos, realmente sí vulnera y nosotros no estamos de acuerdo en que se siga otorgando algo que no está previamente establecido en los planes parciales o en la ley”.

Así como la revisión de lo que está pasando en la Secretaría de Obras Públicas puede encomendarse a un ente ajeno al Gobierno municipal (un planteamiento hecho por la fracción panista), el Parlamento de Colonias hace recordar que hay dependencias municipales precisamente con esas facultades y obligaciones (el titular de la Contraloría, Francisco Morales Aceves, sin embargo, ha dicho al respecto: “Nosotros no actuamos oficiosamente, no somos ni barandilla ni agencia del MP”).

Por lo pronto, la asociación civil espera celeridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), en las indagatorias por los 10 dictámenes de uso de suelo con firmas falsificadas que ya denunció la Sindicatura tapatía.

Exigen nueva denuncia penal por usos de suelo

El coordinador de la fracción del PAN en Guadalajara, Ricardo Ríos Bojórquez, solicitó que la Sindicatura tapatía presente una nueva denuncia penal, ahora por las anomalías en los dictámenes de Trazo, Usos y Destinos Específicos que, a decir del titular de la Secretaría de Obra Públicas, Juan Armando Duarte Alonso, han sido detectados con alteraciones a través del programa Photoshop.

“Me preocupa que el alcalde (Aristóteles Sandoval Díaz) no haya tomado una determinación ni de separar al secretario de Obras Públicas, ni de anunciar medidas fuertes, parece que lo que pasa en Obras Públicas se está quedando ahí; nosotros estaremos viendo si es necesario presentar una denuncia penal porque estamos teniendo conocimiento de los hechos y no podemos ocultar un delito (falsificación de documentos) que se está dando”.  

Por tanto, “si el Ayuntamiento no lo quiere hacer, seguramente nosotros lo estaremos impulsando (la denuncia) esperando que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias; ellos hablan de un pequeño  grupo de firmas falsificadas (una decena, aunque incluyendo desarrollos inmobiliarios y una gasolinera), desconocemos la realidad y hasta dónde llegue, pero luego ahí están las consecuencias de las torres que se han estado realizando, y muchas de ellas, estoy seguro, con firmas falsas y con documentos apócrifos”.

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA