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Perdonan pruebas de control de confianza a jueces activos

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La Ley de Control de Confianza tiene el propósito de depurar a las policías preventivas y ministeriales. A. GARCÍA.

  • La certificación sólo será para los de nuevo ingreso
  • Diputados aprueban ley en las comisiones de Seguridad, Justicia y Puntos Constitucionales; falta la discusión en el pleno del Congreso

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2011).- La Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco propuesta desde marzo de 2009 por el Poder Ejecutivo, finalmente avanzó para su aprobación en el Congreso del Estado.

Las comisiones legislativas de Seguridad, Justicia y Puntos Constitucionales sesionaron ayer de manera conjunta y aprobaron la creación del ordenamiento local.

La ley establece que todos los servidores involucrados en la seguridad pública y procuración de Justicia deben someterse a exámenes de control de confianza, que incluyen las pruebas toxicológica, médica, sicológica, poligráfica y patrimonial o de entorno socioeconómico, las cuales deberán realizarse una vez al año.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Sergio Chávez, explicó que las pruebas serán para policías preventivos y ministeriales, además para jueces y magistrados pero sólo de nuevo ingreso (la discusión por la certificación de funcionarios del Poder Judicial era uno de los puntos que frenaba esta ley). Y consideró que, en su momento, se requerirá de más presupuesto para la contratación de personal para la aplicación de los exámenes.

Añadió que no existe margen para que el Gobierno del Estado vete la ley, aunque advirtió que, de incluirse la propuesta del coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, José María Martínez, de crear un Instituto Ciudadano que se responsabilice de las pruebas de control de confianza, podría llegarse a la observación por parte del Poder Ejecutivo.

En este sentido, José María Martínez estimó que una vez sometido al pleno el documento, deben concretarse adecuaciones para que en la Ley de Control de Confianza se incluya un apartado que cree el Instituto Ciudadano encargado de elaborar estas pruebas.
 
Sergio Armando Chávez estimó que, a más tardar, en la segunda quincena de septiembre la ley deberá estar publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

¿Qué dice la ley?


El Poder Ejecutivo señala que “esta administración pública, consciente de que la sociedad jalisciense percibe que la lentitud, inequidad, corrupción e impunidad son el común denominador cuando de seguridad pública se trata, lo que genera desconfianza en las instituciones”, por lo que “nos unimos a las reformas constitucionales en materia de seguridad”.

Con esta nueva ley, se pretende “desmembrar a las instituciones públicas de personal no apto que no cumpla con las características requeridas para su cargo, es por eso que los miembros de los cuerpos de seguridad pública que no resulten aptos en los procesos de evaluación, serán dados de baja”.

Los exámenes que se aplicarán serán patrimoniales, médicos, psicométricos, psicológicos, toxicológicos, poligráficos y de conocimientos de sus funciones.

En la ley se especifica que el Congreso deberá incluir en el proceso de nombramiento de magistrados, consejeros de la Judicatura y presidente del Instituto de Justicia Alternativa, el requisito de aprobar los exámenes expuestos. Y cada ayuntamiento deberá establecer sus propias unidades de control de confianza.

En cuanto a las sanciones establecidas, advierten que a las personas que no  se presenten a realizar los exámenes y evaluaciones cuando su superior jerárquico lo solicite, serán dados de baja.

Y permite a la Secretaría de Finanzas realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a este nuevo ordenamiento legal.

Para saber

25 mil 278 elementos es el universo total de policías preventivos y ministeriales que deben ser evaluados en Jalisco.

Nulo avance

Además del nulo avance en la certificación de policías en Jalisco, el informe de abril pasado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) tampoco hace aparecer bien posicionada a la Entidad en el proceso de acreditación de su Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, pues de cinco fases a cubrir para lograr este objetivo se encuentra apenas en la segunda, lejos de Guanajuato y Baja California, que ya lo lograron.

El Centro Estatal requiere ser acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación para garantizar la rigurosidad de sus procedimientos de evaluación a los cuerpos policiales y de procuración de Justicia. Una vez que esté acreditado el Centro Estatal, entonces podrá comenzar a expedir el Certificado Único Policial para aquellos oficiales que obtuvieron resultados satisfactorios en las pruebas de control de confianza.

La Ley General del SNSP señala que sólo los elementos que cuenten con su Certificado Único Policial vigente podrán permanecer en las instituciones de seguridad del país, de esta forma opera el mecanismo para lograr la depuración y confiabilidad de los cuerpos policiales y ministeriales.

Por otra parte, la Secretaría General de Gobierno de Jalisco clasificó como “información reservada” el porcentaje de avance en la aplicación de las pruebas de control de confianza, según una respuesta obtenida a través de la legislación en transparencia y emitida por el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

FRASES

 
"Me atrevo a decir que 60% de los que harán el examen no pasará, es muy estricto".
Sergio Armando Chávez, diputado priista.
 
"Proponemos un instituto ciudadano que certifique a funcionarios. Los exámenes deberían incluir a diputados".
José María Martínez, diputado panista.

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / GCPM
Jul-26 05:18 hrs

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