• Sanciones para partidos que no retiren propaganda

Por la falta de consenso para modificar la Constitución, omiten reducir el número de diputados y bajar sueldo a consejeros

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAY/2011).- Ante la falta de consenso para modificar la Constitución del Estado en materia electoral, sólo resta efectuar los cambios que sean posibles al Código Electoral. Uno de ellos es establecer sanciones a quienes no cumplan con el retiro de propaganda en el marco de una elección, punto que fue avalado por la comisión legislativa respectiva en el Congreso local.

La presidenta de dicho órgano, la diputada Ana Bertha Guzmán Alatorre, explicó que se fijó  un plazo de 30 días para que los candidatos y los partidos políticos retiren cualquier tipo de material propagandístico en las calles después de los comicios.

La legisladora del PRI aunó: “Las sanciones irían de una amonestación a la multa económica de hasta 10 mil días de salario mínimo, según la gravedad de la falta”.

Además, en la Comisión de Asuntos Electorales se aprobaron alrededor de 300 modificaciones mínimas en diversos artículos del Código Electoral del Estado, mismas que precisan y clarifican procedimientos que debe aplicar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Ana Bertha Guzmán anunció que en la próxima semana podría aprobarse regresar a la anterior disposición del Código Electoral para que los diputados de representación proporcional se formen por medio de la relación: uno de lista y otro de primera minoría. “Con ello daríamos mayor representatividad o mayor presencia a la representación de los diputados que van a competir por mayoría relativa y que quedan fuera por esta disposición actual de dos-uno. Queremos volver al uno-uno: uno de lista y uno de los llamados de repechaje, para dar mayor representación”. Esto no afectaría el número de diputados, pues para ello se necesitan cambios a la Constitución.

También se establece como obligatorio para los candidatos a ocupar algún cargo público, que presenten declaración patrimonial y licencia, con excepción de los presidentes municipales y gobernador, cuyos requisitos ya están previstos en la Constitución.

Otras modificaciones que se hicieron se refieren a precisiones de los tiempos que tendrán los partidos o contendientes para acreditar o para presentar las impugnaciones.

La legisladora recordó que este dictamen tiene que estar aprobado y publicado máximo 90 días antes del inicio del próximo proceso electoral, que inicia con la emisión de la convocatoria programada para la segunda quincena de octubre.

“Entonces es deseable que entre el 15 y el 20 de junio esté aprobado por el pleno del Congreso y publicado en el Diario Oficial por el Ejecutivo estatal”.

En tanto, se desechó definitivamente la propuesta de reducir el salario de los consejeros electorales, pues era necesario hacer cambios a la Constitución.


TELÓN DE FONDO

El rechazo del PAN

Cuando llegaron las propuestas de reformas electorales a la Constitución al pleno del Congreso del Estado, el pasado 4 de mayo, el coordinador de los diputados del PAN, José María Martínez, sentenció que la iniciativa “nació muerta” y que los 17 legisladores de Acción Nacional no la avalarían.

“Estas reformas nacieron muertas porque son un intento mediático del PRI que no tiene un vínculo con el sentir de los jaliscienses. Lamentamos que no se contempla una propuesta que para el PAN es fundamental, misma que se estableció en la reforma federal y que se refiere a las candidaturas ciudadanas”.

El panista expuso que tratar de legislar a nivel local sobre la revocación de mandato “es una cuestión ilegal”, pues reiteró que el asunto debe plantearse desde la Constitución Mexicana y no en los ordenamientos estatales.

En el paquete de reformas electorales se incluía la figura de revocación de mandato, la disminución de los tiempos de campañas y precampañas, la reducción en el umbral mínimo de votación para mantener el registro de los partidos políticos en el Estado y la implementación de nuevos requisitos de elegibilidad orientados a la rendición de cuentas de los candidatos, entre otros aspectos.

Para avalar reformas constitucionales se requiere de mayoría calificada, por lo que las modificaciones no avanzaron sin el voto del albiazul.