• Espera que los diputados rechacen el dictamen de la Auditoría Superior

Héctor Vielma, asevera, nunca le proporcionó la documentación para solventar las observaciones de la ASEJ, por mil 369 millones de pesos

ZAPOPAN, JALISCO (07/ENE/2011).- El ex presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, rechaza los cargos por más de mil 369 millones de pesos observados por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), por presuntas irregularidades en la asignación de obra pública y en el cobro de derechos a la construcción de fraccionamientos, así como en el manejo financiero y administrativo en la cuenta pública 2009 del Ayuntamiento.

El ex alcalde cuestiona la actuación de la ASEJ y de la administración municipal que encabeza Héctor Vielma. A la primera por no haberle garantizado, afirma, su derecho de audiencia y defensa; a la segunda, por haberle negado la documentación comprobatoria que le habría permitido, dijo, subsanar las observaciones hechas por el órgano fiscalizador.

En rueda de prensa celebrada ayer, presentó dos oficios dirigidos a Héctor Vielma en 2010, “recibidos el 30 de septiembre y el 27 de octubre”, en los que le pide la documentación para solventar las observaciones de la ASEJ, con respecto a la cuenta pública de 2009.

Mostró otros oficios subsecuentes en los que la Secretaría Particular de Héctor Vielma le solicita la documentación referida a la Dirección de Obras Públicas; sin embargo, el titular de ésta, Mario Bueno Trujillo, le responde el 11 de noviembre pasado que no puede proporcionar los expedientes porque los entregó a la ASEJ, y no tiene copia de los mismos: “Me permito informarle que a la fecha, la Auditoría Superior del Estado no nos ha hecho la entrega de toda la documentación comprobatoria sobre su solicitud y no se cuenta con duplicados de los mismos. Aunado a esto, en el momento que se realice la devolución, con gusto podremos proporcionarle la información requerida, lo cual se llevará un lapso de tres meses aproximadamente ya que son un aproximado de 75 mil copias de estimaciones y proyectos; la dependencia no cuenta con equipos de copiado suficientes e insumos para atender de inmediato dicha petición”, se lee en el documento.

Ante esto, el ex alcalde hizo dos críticas. La primera: que la Dirección de Obras Públicas incurrió en una falta por haber entregado documentación original a la ASEJ, y no copias certificadas, pues es obligación de la autoridad municipal el resguardo y aseguramiento de toda la documentación relativa con la vida institucional del Ayuntamiento. La segunda: que la ASEJ, contando con la documentación original comprobatoria de las imputaciones –según lo deduce Sánchez Aldana del oficio–, haya solicitado al ex alcalde la entrega de dichos archivos cuando ya los tenía en su poder.

Recordó que, al llegar a la Presidencia Municipal en 2007, su equipo facilitó la documentación que le requirió el alcalde saliente, Ismael Orozco Loreto, para el trámite ante la ASEJ.

Ahora espera que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado rechace el dictamen. De no hacerlo, anunció, entonces se defenderá jurídicamente de las imputaciones.  

Anomalías en obras públicas

Durante la rueda de prensa en el Comité Estatal del PAN, el ex alcalde aseveró que, aunque su administración fue “muy cuestionada”, nunca se comprobó ninguna de las irregularidades que se señalaban. Pero el desorden administrativo que se originó en la Dirección de Obras Públicas, del que se informó desde el 26 de mayo de 2009, se documentó con casos específicos de obras autorizadas y ejecutadas sin un contrato previo elaborado, una violación a la Ley de Obra Pública que se presentó, por lo menos, en 90 ocasiones (el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco confirmó el 27 de octubre de 2009 la realización de 90 obras sin la existencia de un contrato, y 80 más con contratos iniciales, pero sin convenios adicionales).

Se mantienen al margen

Con relación a las declaraciones de Juan Sánchez Aldana, Héctor Vielma evitó hablar sobre el tema.
Sin embargo, la Dirección de Comunicación Social de Zapopan respondió a través de un comunicado:

“Desde el inicio de la presente administración, la autoridad municipal se pronunció a favor de no emitir ningún comentario sobre las supuestas irregularidades que se habían cometido en la gestión del ex alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, y respetar el trabajo de fiscalización que sobre ese tema realizaría la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

“La actual administración refrenda su respeto irrestricto a la nueva Ley de Fiscalización, al trabajo desarrollado por la Auditoría y la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Por ello se mantendrá atenta a las labores que ambas instancias lleven a cabo sobre este tema”.

“La Auditoría se quedó corta”

Las observaciones de la ASEJ a la cuenta pública 2009 de Zapopan “se quedaron cortas”, consideró el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jesús Casillas Romero, quien en ese entonces fungió como regidor de oposición en el Ayuntamiento.

Lamentó que el Partido Acción Nacional (PAN) respalde al ex presidente municipal, cuando de acuerdo con el dictamen de la ASEJ hay evidencia de graves irregularidades.

“Juan Sánchez Aldana, en lugar de buscar el cobijo del PAN, lo que debe buscar es un buen abogado porque el señor debe terminar en la cárcel.

El señor abusó del cargo, de su investidura, cometió una serie de irregularidades que se dieron a conocer en su momento y que hoy se confirman por la ASEJ”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Salvador Barajas del Toro, apuntó que en las próximas semanas se dará cuenta del documento remitido por la ASEJ, pero mientras no se detecten inconsistencias en el procedimiento, “será avalado”.

Añadió que escucharán a Sánchez Aldana, pero que el dictamen no sufrirá modificación alguna.

Una vez que éste sea avalado por la Comisión de Vigilancia y el pleno, las observaciones serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

Después, el actual presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma, deberá requerir al ex alcalde y a los presuntos responsables de las irregularidades, para que reintegren los mil 369 millones de pesos.