• Accidente automovilístico

Dirige recomendación a la Procuraduría estatal, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Secretaría de Vialidad

GUADALAJARA, JALISCO (07/ENE/2011).- Por comprobar abusos por parte de diversos funcionarios públicos, quienes omitieron datos y dictámenes –favoreciendo así a un conductor ebrio y drogado–, tras un accidente automovilístico en noviembre de 2009, en el que una persona perdió la vida, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió la recomendación 1/2011, dirigida al procurador del Estado (PGJE), Tomás Coronado Olmos; al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Claudio Lemus Fortoul, y al secretario de Vialidad, Diego Monraz Villaseñor.

La queja de oficio se inició el 18 de noviembre de 2009, por las presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos que tomaron conocimiento de un accidente automovilístico, ocurrido el 02 de noviembre del mismo año en el cruce del Anillo Periférico y la Avenida Tabachines, en el cual falleció una persona y una más resultó herida de gravedad.

Dicha queja fue ratificada por la madre de la víctima, quien reclamó que elementos de la Secretaría de Vialidad y del Ministerio Público omitieron datos y dictámenes, permitiendo que el responsable del percance, David Bañuelos López, obtuviera su libertad provisional bajo caución. Lo anterior, pese a que conducía a exceso de velocidad, en estado de ebriedad y bajo los efectos de alguna droga.

“De acuerdo con los análisis de los hechos y actuaciones que realizó la Comisión (CEDH), se constató que los fiscales no asentaron en la inspección ministerial las distancias que había entre los vehículos involucrados y si hubo huellas de frenado; no solicitaron oportunamente los dictámenes de alcoholemia y detección de drogas, además omitieron señalar que el detenido se encontraba ebrio”, explicó el ombudsman jalisciense.

También se comprobó que el resultado de las pruebas aplicadas al responsable del accidente, dieron positivo a la droga conocida como cocaína. Aunque transcurrieron cinco horas desde el momento de los hechos, la agente del Ministerio Público, no había dado fe de las lesiones de las otras personas que viajaban en el vehículo.

Ante lo señalado, la CEDHJ concluyó que las actuaciones de la fiscal Virginia González Rivas fueron en contra de las características fundamentales de la institución, porque actuó de forma parcial para beneficiar al indiciado, desprotegió a las víctimas e incurrió en abuso de autoridad.

Por lo que Álvarez Cibrián pidió al procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, que inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los implicados, además de iniciar una averiguación previa en contra de González Rivas por abuso de autoridad; además solicitó la reparación del daño a las víctimas.

Asimismo, al titular del IJCF, Claudio Isaías Lemus Fortoul, exigió que ordene por escrito a los peritos que consideren como prioridad la aplicación de dictámenes, además de procedimientos administrativos para los implicados.

Respecto al agente de vialidad, Eduardo Gabriel Magaña, quedó demostrado que omitió cumplir con sus funciones de forma oportuna y certera. Incluso asentó en el acta vial que el estado del conductor era “normal”, no obstante la visible condición de ebriedad que presentaba.

Por otra parte, se buscó la postura de la fiscalía estatal debido a la recomendación realizada, y en respuesta, a través de su vocero Lino González Corona, manifestó que no darían alguna declaración debido a que la CEDHJ no les había enviado de manera oficial dicha recomendación hasta la tarde de ayer.