• Detectan aumento en la intensidad de las agresiones en la familia

Especialistas de universidades recomiendan a la autoridad implementar mecanismos para atender la salud mental de la población

GUADALAJARA, JALISCO (02/SEP/2010).- La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) presentó ayer los resultados del estudio “La Construcción Social de las Violencias en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, en el que participaron 15 investigadores de instituciones educativas locales. La relevancia del trabajo radica en que permite conocer los factores o condiciones precursores de las distintas formas de violencia, así como los elementos de contención de esta problemática social, cuya promoción aportaría en su prevención o disminución a través de políticas públicas a implementar por las autoridades.

Los académicos pertenecen al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Colegio de Jalisco y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Entre los factores de riesgo precursores de la violencia que se mencionan, se encuentran desde el nivel de impunidad y corrupción en las instituciones de Gobierno, el crecimiento desordenado de la ciudad (que no provee a todos de infraestructura para servicios fundamentales como la educación, la salud y el recreo), hasta la pérdida de capital social en actores antes mediadores de conflictos (como los profesores y los representantes de las iglesias).

La investigación se realizó originalmente en Ciudad Juárez en 2003. Ahora, con el apoyo de la Comisión, la metodología se replicó en otras cinco urbes: Aguascalientes, Tijuana, Tapachula, Mérida y Guadalajara, además de la actualización en la primera mencionada.

Clara Jusidman, directora de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), expuso: “Lo que tratamos de demostrar es que las violencias son construcciones sociales, económicas y culturales… que la violencia no surge repentinamente sino que hay lo que llamamos factores precursores o situaciones que van creando los caldos de cultivo para las violencias. Hay factores detonadores que hacen que eso que está subyaciendo ahí, de repente explote, por ejemplo: crisis económicas, políticas, el cierre de la frontera al trasiego de la droga a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre (de 2001)”.

Luego de aclarar que no se puede hablar de una sola violencia sino de distintos tipos de ésta, Guadalupe Rodríguez Gómez, coordinadora del Proyecto, perteneciente al CIESAS, explicó: “El punto nuestro es que la violencia social, las diferentes formas de violencia social, están alimentando y son sustento del incremento del crimen organizado, dado que no hay oportunidades de empleo, que la escuela no está ofreciendo ni lo que les interesa (a los jóvenes) ni lo que necesitan para poder entrar al mercado laboral”.

Los estudios se encuentran para su consulta en el portal de la Conavim. Con respecto a los factores de la contención de las violencias que se mencionan en la investigación, y cuyo impulso por las autoridades deberían arrojar buenos resultados, Clara Jusidman, directora de INCIDE Social, destacó la oportunidad que representan los programas de atención “sicoemocional” a la población en general.

“Un asunto en el que hemos sido terriblemente omisos en el país, es en el desarrollo de programas de salud mental. Hemos enfatizado mucho el tema del bienestar material,  pero no del bienestar ‘sicoemocional’”.

Se requieren, dijo, “espacios para los jóvenes para dialogar cuando tienen conflictos.

 Los maestros se han separado o han dejado una función de vínculo con los chicos cuando tienen problemas emocionales y de relación, y no están dotados de herramientas y capacidades para poder ayudarlos. Estos aspectos de salud mental, cultura de paz y solución pacífica de conflictos es un campo donde México está terriblemente rezagado  comparativamente con otros países”.

Sobre esta mediación de conflictos, abonó: “A veces las hacían los maestros, a veces los sacerdotes y pastores, o gente de la comunidad, pero estos líderes comunitarios están muy deteriorados”.

La institución familiar tampoco está siendo acompañada por políticas de atención. “Está dejando a los niños y jóvenes solos… están solos y enojados”.

La titular de la Conavim, Laura Carrera Lugo, añadió que la atención de las autoridades y los medios de comunicación está “muy centrada” en la violencia del crimen organizado, y pierden de vista la violencia intrafamiliar. Sin embargo, más de 50% de las llamadas que atienden las policías en el país (en algunos casos llega a 70%), se deben a casos de violencia intrafamiliar; de éstas, 95% son ataques contra las mujeres.

Las autoridades locales, recomendó, deben trabajar en la prevención de las condiciones que vuelven a la violencia una construcción social multifactorial, pues “esos espacios donde se da la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, son los espacios naturales donde se podrían estar gestando o formando delincuentes”.

Factores de riesgo en la metrópoli:

Falta de un proyecto consensuado, multidimensional e integral encaminado a la articulación de acciones y recursos de los ocho municipios, en aras del bienestar, la dignidad, la equidad, la esperanza y la paz.

Crecimiento poblacional sin relación al crecimiento espacial.
 
Vialidad altamente conflictiva. Privilegio al uso del automóvil privado.

Condiciones de vivienda tendientes al hacinamiento en los cotos y/o desarrollos habitacionales populares.

Precarización del cuidado y extenuación de las mujeres por dobles y triples jornadas laborales.

Incremento de intensidad y formas de violencia intrafamiliar.

Falta de oportunidades de empleo y opciones educativas atractivas para los jóvenes.

Altos niveles de marginalidad y segregación que inciden en la deficiente atención de la salud, particularmente de los sectores populares y de los grupos más vulnerables.

Incremento de las adicciones. Crecimiento en la violencia juvenil y suicidio.

Jalisco es el primer lugar en accidentes y riesgo de trabajo.

Pérdida de confianza en las autoridades.

Subsistema de readaptación social ineficiente y corrupto.

Incremento de violencia y saturación en las cárceles.