Denuncian daño ambiental por proyecto turístico en Tenacatita

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2010).- Una acusación formal llegó a manos del delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa), José de Jesús Becerra Soto. El diputado panista Ramón Demetrio Guerrero Martínez, acompañado por el alcalde de La Huerta, Carlos Román Ramírez Núñez, denunciaron supuestas irregularidades en torno a un proyecto turístico que se realiza en Tenacatita, donde una barda perimetral ha afectado una zona de manglar.

El también presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso local solicitó personalmente al delegado que interviniera en el caso a la brevedad, para efectos de que el “daño ecológico que sufre la zona” se detenga de forma inmediata.

En respuesta a tal solicitud, el delegado dijo que atenderá el dato y añadió que una denuncia del mismo tipo llegó a sus oídos el viernes pasado, sólo que de manera anónima.

Por su parte, el presidente municipal explicó que la empresa de razón social Inmobiliaria Rodenas construye desde hace tiempo una barda cuyas dimensiones se han excedido, afectando a un Área Natural Protegida.

Destacó que ha realizado recorridos para verificar las condiciones en que se efectúan los trabajos, y que en la última ocasión lo hizo acompañado por el diputado.

“Decidimos presentar personalmente la denuncia para que actúen de la manera más urgente y oportuna, y que finquen responsabilidades a los causantes de este daño ambiental tan severo y grave en la zona”.

Sin embargo, dado que se requiere seguir un protocolo, el representante federal informó que una respuesta positiva sobre el tema podría demorar semanas, e incluso meses. En caso de confirmarse, la pena podrían alcanzar hasta los 50 mil salarios mínimos.

“Estaríamos hablando para cerrar un círculo de hasta 60 días hábiles. Debo dejar muy claro que la contraparte tiene tiempo también para presentar las pruebas que a su derecho o a su descargo estime pertinentes”.

El caso atrajo la atención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues el propio alcalde de La Huerta mencionó que un grupo de elementos de esa corporación acudió al sitio y prácticamente lo “limpió”, desalojando “con lujo de violencia” a al menos 100 comerciantes.

Como resultado de la refriega, 17 personas (entre ellas tres menores de edad) fueron aprehendidas. Al momento todas se encuentran libres.

En un discurso emitido anteriormente, la desarrolladora mencionó que 80 hectáreas de ese terreno son de su propiedad, lo cual le concedió el permiso del juez de Autlán para ordenar el desalojo de los vendedores.

Después de varios intentos de entablar un diálogo con los representantes de la firma, aunque se prometió una entrevista, al cierre de la presente edición no fue concedida.