Cárceles de Jalisco tienen 74.4% de sobrepoblación

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2010).- Jalisco ocupa el cuarto lugar en sobrepoblación de cárceles en el país, después del Distrito Federal, Baja California y Monterrey, respectivamente. En promedio, la población penitenciaria rebasa 74% la capacidad de los centros de reclusión, de acuerdo con la Secretaría de Planeación del Gobierno estatal.

José González, director general del Sistema de Readaptación Social de Jalisco, reconoce que “es alto” el número de presos en los 11 centros de readaptación y las dos instancias para el tratamiento de menores infractores. Esta situación supera la capacidad humana para garantizar la seguridad e infraestructura para albergar a las personas sentenciadas o quienes siguen un proceso jurídico.

De la sobrepoblación, las celdas se proyectaron para seis internos (cada una mide en promedio tres por cuatro metros), pero ahora se han convertido en dormitorios para 13 personas. Este problema comenzó tras el “motín de la Penal de Oblatos” —en la década de los setenta—, pues el sistema tenía la capacidad para albergar a 800 internos, pero en el lapso de dos décadas se incrementó 300% el número de presos.

En 1979 se instalaron tres centros en Puente Grande, en Tonalá.
“Cuando el Penal de Oblatos se colapsa se empieza a crear un nuevo Sistema Penitenciario en Jalisco”, recuerda José González.

En la década de los ochenta, el Centro de Readaptación Social —lugar donde se encuentran las personas sentenciadas— y el Reclusorio Preventivo tenían la capacidad de mil 120 camas, mientras que el Reclusorio Femenil contaba con 120. Sin embargo, ahora enfrentan una sobrepoblación.

“Lo trascendente es que en el Preventivo, de tener una capacidad de tres mil internos, ahora hay una población de seis mil 928, que representa una sobrepoblación de 130%. En el Centro de Readaptación Social tenemos una población de cinco mil 520 internos, mientras en el Femenil hay 548 internas”.

Lo anterior derivó un cambio en las estrategias, con el propósito de organizar las estancias de los internos, además del momento de las visitas de familiares y amigos.

José González indica que la sobrepoblación se debe a diversos factores. Los más importantes son la reincidencia y los internos que cometieron delitos del fuero federal.

“También en nuestros centros albergamos a internos con delitos federales, que son cinco mil 300 de aquí de la región. Tratamos de no albergarlos porque nuestras condiciones son de un centro de media seguridad”.

De acuerdo con la norma internacional, por cada 10 presos debe haber un elemento de seguridad, pero en Jalisco esta regla se incumple por el sobrecupo de las cárceles.

Estas condiciones también merman las oportunidades de rehabilitación que pudieran tener los internos, pues se encuentran limitados de espacio, en condiciones de hacinamiento.

“Los espacios que había en los penales originales, en su construcción de hace 30 años, se han ido invadiendo”.

Presumen proyectos

Para José González es importante disminuir la población en las cárceles, con mecanismos que ayuden a que sea más eficaz la readaptación de las personas. Y recalca que 60% de las sentencias es por el delito de robo (algunos son reincidentes). Como segundo punto, hace un llamado para que se destrabe la creación del Instituto de Justicia Alternativa, pues ahí se pudieran desahogar muchos casos antes de llegar a Puente Grande.

Otra de las alternativas contra la sobrepoblación para este año, es el traslado de 57 presos a las Islas Marías —el perfil de los internos seleccionados abarca no haber cometido delitos graves, que estas personas no rebasen los 50 años de edad, que estén sentenciados y que no sean adictos a las drogas. El traslado es voluntario para hombres y mujeres—.

La actual administración estatal también se propuso conceder mil libertades por año, lo cual se está cumpliendo.

El Gobierno también contempla la edificación de tres nuevas cárceles. El primer proyecto es la construcción del Centro Metropolitano en Puente Grande, el cual registra un avance de 80% en la primera etapa, en el que se han invertido 400 millones de pesos (de los 573 millones en total).

“Éste es un proyecto que pretende albergar a 480 internos en su primera a etapa, y se espera que la segunda también pueda albergar un número similar”.

También están en construcción dos Centros Integrales de Justicia Regional, uno en Colotlán (al cual se le han invertido 13 millones de pesos), y otro en Ocotlán, cuya obra por el momento se encuentra detenida.

Deplorables, los centros penitenciarios: Sergio García Ramírez

El ex procurador general de la República (1982-1988), Sergio García Ramírez, lamenta las condiciones en que opera el sistema penitenciario de México y Latinoamérica. “La situación es deplorable y muy irregular”.

Las violaciones a la integridad física, psicológica, privación de justicia y seguridad, así como los problemas en la alimentación, convivencia familiar e interacción con abogados, son los agravios que sufre un interno diariamente, señala el también ex presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

Resalta que estos atentados contra la dignidad de los presos se deben a la deficiencia de las instituciones, que no cuentan con instalaciones dignas para alojar a quien delinque, así como
personal poco capacitado.

“Estos problemas deben trabajarse dentro de la reforma que se pretende hacer. Es necesario que se busquen mecanismos alternativos donde se tome en cuenta el tipo de delito que se está cometiendo”, pues reconoce que un alto porcentaje de los internos cometió infracciones menores.

Estados como Nuevo León, México y Chihuahua han incluido dentro de los procesos para una sentencia los juicios orales, alternativa que para el ex procurador debe ser evaluada para analizar si son funcionales o es un mecanismo rápido que deja en duda la justicia en una sentencia.

“Los juicios orales son heterogéneos, pues cada Estado los está aplicando de acuerdo con sus experiencias. El éxito de los juicios orales reside en el éxito que puedan tener los procedimientos alternativos a la justicia formal, como las conciliaciones, los convenios... éste será el éxito porque no todos los casos llegarán a la sentencia; muchos se resolverán a través de una negociación entre el Ministerio Público y el inculpado, o entre la víctima y victimario”.

Pese a las dudas sobre la efectividad de los mismos, el especialista en Derecho Penal precisa que pueden servir como margen para que quienes cometieron un delito menor puedan estar libres y evitar la saturación de los centros penitenciarios.

“Pero siempre y cuando se reforme la legislación, y diga por qué debe haber en la cárcel personas que estén ahí por un robo de 500 pesos… eso no debe ser materia de un juicio. Se deben trabajar los mecanismos para que no vaya tanta gente a prisión. Estamos haciendo una reforma un poco apresurada, y pueden pasar muchas cosas”.

Apuntas que la modernización de las penas debe basarse en las alternativas de prisión. Identificar quiénes deben estar dentro de los centros y quiénes pueden tomar un tratamiento fuera.

“Se tienen que dar alternativas de la prisión hacia medidas que no sean necesariamente la cárcel, medidas de tratamiento abierto, de libertad, pero no para los casos más graves de delincuencia.
Sería ingenuo proponerlo. Dejemos la prisión para aquello que no podemos manejar de otra manera”.

La Entidad requiere la creación del Instituto de Justicia Alternativa

La alta sobrepoblación en centros penitenciarios de Jalisco ha provocado que no se pueda dar una buena readaptación de los internos, explica el diputado local Miguel Monraz Ibarra, quien preside la Comisión de Prevención y Readaptación del Congreso estatal.

Proyectos como la construcción de centros regionales para menores, la incorporación del Instituto de Justicia Alternativa y los juicios orales, así como el uso de brazaletes con chip para el cumplimiento de penas fuera de prisión con actividades comunitarias, son algunas de las propuestas de legisladores.

Miguel Monraz acepta que en materia de infraestructura se requiere, por lo menos, cuatro centros para menores, debido a que actualmente hay dos. Aunado a esto, enfatiza la necesidad de remodelar el Complejo Penitenciario de Puente Grande y concluir el Centro Metropolitano.

“Hemos discutido que el recurso se dirija a proyectos específicos, que se priorice cuáles son las prioridades de este momento para etiquetarlo en proyectos de corto, mediano y largo plazo, que son los centros regionales y la remodelación de los centros penitenciarios”.

Para estos proyectos se estima una inversión de 800 millones de pesos, lo cual resulta 100% de los recursos anuales que se etiquetan para la readaptación social en Jalisco. Sin embargo, en este momento no hay un solo peso y se buscará conseguirlo dentro del presupuesto para 2011.

El legislador reconoce que el tener las condiciones físicas para que se lleve a cabo una buena recuperación y tratamiento de un interno, no resulta ser la garantía para que esta persona no vuelva a reincidir.

Por otra parte, manifiesta que se estudia la coordinación entre autoridades para que los procesos no sean interrumpidos, pues precisa que del total de presos en el Estado, 45% no tiene una sentencia.

“Necesitamos arrancar el Instituto de Justicia Alternativa, eso facilitaría los procesos que se llevan en este sentido en el Poder judicial para que se dicten las sentencias. Con el Instituto, por lo menos 50% de los presuntos delincuentes pudiera salir del penal, o pudiera cubrir una sentencia desde sus domicilios, debido a que de los 16 mil internos, ocho mil están por robo o delitos menores”.

El diputado pide no ver como un gasto el recurso que se destinará a los juicios orales. Asevera que este mecanismo ha demostrado ser “exitoso” en la facilitación de los procesos legales para el momento de una sentencia.

Hay quienes dicen que se requieren cerca de 500 millones de pesos para que funcione la Ciudad Judicial, pero hay quienes lo ven como un gasto, cuando es una inversión que nos serviría para agilizar el sistema de justicia”.

Explica que en muchos casos resulta más costoso tener a un interno dentro de la cárcel, cada uno le cuesta 167 pesos diarios al Estado, que el delito que cometió.

De los presos por delitos del fuero federal, el diputado local enviará al Gobierno de Felipe Calderón una petición para que de manera paulatina comience a retirar a estos internos de los centros de Jalisco, o en dado caso, que el Gobierno federal asuma su responsabilidad y mantenga a sus internos.

“Está el proyecto de construcción de 11 centros penitenciarios a nivel federal. El propósito es que trasladen a los internos federales o que nos ayuden con su atención”.

Para disminuir la población carcelaria, destaca que entre las alternativas en análisis se encuentra la incorporación de los brazaletes con chip, que pudieran ser utilizados en personas que cometieron un delito menor.

Autoridades del área de Seguridad Pública, del Gobierno de Jalisco y del Congreso de Estado continúan analizando esta nueva medida, que se pudiera aprobar a finalizar el año.

En Jalisco, alrededor de 182 menores infractores cumplen su pena fuera de una cárcel, pero sólo seis personas llevan a cabo la inspección en el Estado. Por tal motivo, la aplicación del brazalete ayudará a tener un mejor control del sitio donde se encuentran las personas que pudieran cumplir una pena fuera de presión.

Población penitenciaria en Jalisco

2001    Seis mil 821 internos.  
2010    16 mil internos.
 
Comparativo de ingresos en las cárceles

2002-2003:    1,653        
2003- 2004    2,155
2007-2008:    113       
2008-2009:    206               
 
Libertades entregadas

2007: 1,099    
2008:    1,037    
2009:    1,039
 
Índices de internos por reincidencias:

(con condena)
2007:     15%
2008:     5%    
2009:     3.4%


Frases

"Con el Instituto de Justicia Alternativa, por lo menos 50% de los presuntos delincuentes pudiera salir del penal, o pudiera cubrir una sentencia desde sus domicilios"
Miguel Monraz, diputado local.

"En el Reclusorio Preventivo, de tener una capacidad de tres mil internos, ahora hay seis mil 928; esto representa una sobrepoblación de 130%"
José González, director general del Sistema de Readaptación Social de Jalisco.

"El éxito de los juicios orales reside en los beneficios que puedan tener los procedimientos alternativos a la justicia formal, como las conciliaciones y los convenios con señalados por un delito"
Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.