• La CEDHJ dicta medidas cautelares

Los uniformados abrieron fuego contra un vehículo que los transportaba rumbo a Mezquitic; hay dos heridos

HUEJUQUILLA, JALISCO.- Indígenas wixáritari (huicholes) denuncian que policías municipales de Huejuquilla dispararon contra una camioneta del transporte público que facilita el Fondo Regional de Solidaridad,  en la que iban seis adultos y un menor de la población de San Andrés Cohamiata (Huejuquilla, Jalisco). De los dos heridos, uno está grave y se encuentra en calidad de detenido en el hospital de Fresnillo, Zacatecas.

Los huicholes fueron a Huejuquilla el jueves pasado a recoger el dinero que les entrega el Fondo Regional. De regreso, en el camino a Mezquitic, a cuatro kilómetros de Huejuquilla, cuentan que un vehículo les  prendió las luces y temieron que fueran a asaltarlos. Al acelerar, los cuerpos policíacos municipales abrieron fuego contra ellos.

Los heridos son Rosendo Parra López, quien recibió un impacto de bala cerca del corazón, y Matea Tizano de la Cruz, quien sufrió rozones de bala en las piernas.

Por estos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dictó medidas cautelares para que no se violen los derechos del detenido, que se investigue conforme a derecho a los policías involucrados (que fueron detenidos, pero salieron bajo fianza de inmediato) y que se recaben todas las pruebas necesarias para determinar responsabilidades.

El tercer visitador del organismo, Alfonso Hernández Barrón, expresa que el vehículo del Fondo Regional circula cuatro veces por semana por el camino que va de Huejuquilla a Mezquitic, por lo que es “perfectamente identificable”.

Los policías argumentaron que escucharon detonaciones y, por ello, dispararon. Algunos de ellos creen que se confundieron con los sonidos del escape de la camioneta, que se encuentra en malas condiciones.

La CEDHJ pide investigar a 172 policías

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recomendó al secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, que inicie procedimiento administrativo a 172 policías involucrados en violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, irrupciones en domicilios de particulares, lesiones, maltrato físico y sexual, robos y en general abusos de autoridad en 19 municipios.

También pide que se investigue al director general de Seguridad Pública del Estado, quien no contó con registros e informes sobre la actuación de agentes a su cargo.

El organismo acreditó que los servidores públicos incurrieron en excesos que no fueron reportados por escrito a la Dirección de Seguridad Pública del Estado ni a la autoridad competente, y fueron minimizados por los superiores.

Esto significa que las denuncias las atendieron con más acciones ilegales.

Los casos ocurrieron en Acatlán de Juárez, Ameca, Autlán, Ayotlán, Cihuatlán, Cuautitlán, Chiquilistlán, El Grullo, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Magdalena, Mezquitic, Ocotlán, Poncitlán, Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto y Tequila.

En algunos operativos incluso participó el Ejército Mexicano, y aún así, el director de la corporación dijo no tener registros.

Asimismo, los testigos presenciales denuncian que los agentes de Seguridad Pública del Estado portaban pasamontañas y que, incluso, en dos casos agraviaron a policías municipales.

Conclusiones de la CEDHJ

La CEDHJ consideró que un proyecto de seguridad no debe estar reducido solamente a las instituciones policíacas o de procuración o impartición de justicia, “ya que limitaría la protección del Estado a castigar a quienes cometen delitos. La solución integral radica en la planeación y ejecución de políticas públicas y de un sistema de justicia acorde a las necesidades de la población”.

Al tener las instituciones policíacas la responsabilidad de resolver el problema de la inseguridad, los elementos ponen en riesgo su vida, ya que los orillan a realizar labores que corresponden a la autoridad ministerial. Esto propicia que utilicen métodos ilegales, como represión, maltrato y uso excesivo de la fuerza, “justificada en ofrecer resultados medidos por el número de detenciones, lo cual no significa la disminución de la criminalidad”.

Las conclusiones son que deben diseñarse operativos sin violar los derechos humanos; coordinarse con el Ministerio Público; suspender de inmediato el uso de pasamontañas como parte de sus instrumentos de trabajo, ya que el anonimato propicia abusos; fortalecer el sistema de inteligencia y crear una base de datos con las variables delincuenciales en el Estado; aplicar estrategias de combate coordinadas entre los tres niveles de Gobierno.