Ejidatarios desconocen proyecto turístico en Chalacatepec

GUADALAJARA, JALISCO.- La compra de terrenos en la playa de Chalacatepec para desarrollar el “nuevo Cancún” —que anunció el Gobierno del Estado el 27 de enero— “es ilegal”, o como dicen los ejidatarios inconformes de José María Morelos (en el municipio de Tomatlán), “lo que pagaron fue el problema, para que ya nadie rezongue”, pues hay un conflicto agrario que no se ha resuelto.

Es decir, la empresa inmobiliaria “Rasaland” y el Gobierno estatal tienen intermediarios que han “comprado” mil 200 hectáreas superpuestas entre el ejido, que tiene un decreto presidencial de 1960, y pequeños propietarios aparecieron repentinamente cinco años después, exigiendo más de tres mil hectáreas.

La gente de José María Morelos cree que la idea de explotar turísticamente esta playa, en la que hay un campamento tortuguero, es de los que dicen tener un título de propiedad. Y la razón por la que han aceptado “negociar” con los intermediarios (Ricardo Santacruz Majoney y su ayudante, Ignacio Moreno Martínez, “El Cola de Caballo”) hasta 100 mil pesos por hectárea, es porque los han presionado.

Santacruz Majoney aparece en las sesiones del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tomatlán, y está involucrado en compras similares en costas de Nayarit y Jalisco.

Al menos ocho ejidatarios se niegan a decirle adiós a su playa, a su fuente de trabajo; y por no vender se ha incrementado el hostigamiento, sostienen.

La gente que ya aceptó negociar lo hizo porque teme que les pase lo mismo que en el ejido Campo Acosta, donde sacaron “a la fuerza” a la gente, hace dos años, para construir el desarrollo turístico Sierra Vallarta.

Ejidatarios reciben sólo 10% de la inversión del Gobierno

Lo primero que los ejidatarios de José María Morelos, en Tomatlán, se preguntan, es por qué el Gobierno del Estado anuncia que ya invirtió 150 millones de dólares en adquirir mil 200 hectáreas de nueve kilómetros en la playa de Chalacatepec, si apenas se han recibido por las negociaciones alrededor de 100 millones de pesos (como ocho millones de dólares).

Además, esas mil 200 hectáreas que pretende desarrollar para un turismo de “alto nivel” no se pueden adquirir, porque hay un conflicto agrario vigente y porque las tierras ejidales no se “venden” como tal.

El ejido tienen un decreto presidencial y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su favor. Así se defenderán de que sus tierras sean abaratadas por el Gobierno del Estado, a raíz de una iniciativa para hacer un “nuevo Cancún” en la zona de Costalegre.

Aunque las negociaciones están plagadas de misterios y se hicieron de manera individual, la cifra se puede calcular porque, en cada transacción, se tiene que aportar 5% a la mesa directiva del ejido. Actualmente, la mesa ha recibido sólo alrededor de cinco millones de pesos.

Ayer hubo una reunión con Pedro León Corrales en la casa ejidal, quien asesora a los propietarios desde el año pasado. Asegura que la compra que se realiza de dichas tierras no fue conforme a derecho, por lo que fortalecerán la lucha jurídica para que se les ejecute el decreto presidencial y no perder más de tres mil hectáreas que están en conflicto.  

Al finalizar, distintos inconformes –tanto los que ya negociaron como los que no lo han hecho– se acercaron a denunciar que el comisariado ejidal, Ricardo Vázquez Nájar, fue uno de los principales que presionó para vender.

La comunidad pierde

Después de que la gente se pregunta dónde están los otros 140 millones de dólares, ellos mismos responden: “Se quedan con los intermediarios encargados de las transacciones, Ricardo Santacruz e Ignacio Moreno Martínez”, quienes ya han adquirido tierras en otras costas del país; “se pierde en las mordidas”; y muy probablemente, la mayor “tajada” se la quedan las autoridades involucradas en el negocio.

Una ejidataria que no ha querido vender, cuestiona: “Si fuera un negocio para la comunidad, no comprarían las tierras, porque nosotros las tenemos, y podrían asociarse con nosotros e invertir esos 150 millones de dólares en los hoteles… pero si no lo hacen es porque seguro Emilio González lleva su negocio”.

El aeropuerto se comenzó a construir hace cuatro años, a poco más de ocho kilómetros de donde estarán los desarrollos turísticos. La mujer pide no revelar su nombre, porque le da miedo. Dice que le quieren pagar “una limosna”, pues le ofrecen 250 mil pesos por un predio de 10 metros de playa por 300 metros de fondo. Y aunque estos predios pueden costar millones de dólares, la gente acepta cualquier cosa porque tiene necesidad.

Desalojan a pescadores

Pero hay otros que no tienen nada qué negociar y no sólo no tendrán beneficios, sino que habrá perjuicios. Es posible que cierren los accesos a la playa –ya hay una cerca a lo largo del camino y se han cerrado pequeñas brechas, aunque sea zona federal–, la vida ha comenzado a encarecerse y a los pescadores los han amenazado de sacarlos de las dos lagunas (Chalacatepec y Paramán) que hay en el ejido.

El comisariado ejidal, Ricardo Vázquez Nájar, primero dice que ya no hay nada qué hacer y que ya se negoció. Y se hizo porque él considera que es pequeña propiedad. Se le cuestiona por qué aceptó de manera tajante, si aún está el proceso agrario inconcluso, y responde que en la Secretaría de la Reforma Agraria le dijeron que así estaba resuelto el tema. Al escuchar sus respuestas, los ejidatarios se enfurecían con quien se supone representa sus derechos.

En el tema de los pescadores, primero aceptó que serían reubicados y al insistirle un poco más, dudó y dijo que era un tema a revisarse.

Posteriormente, Pedro León Corrales, quien asesora a la comunidad sin la aprobación de Vázquez Nájar pero que fue autorizado en Asamblea, expresó que no sólo continuarán con la defensa del reconocimiento de las 12 mil 500 hectáreas, sino que pedirán la revocación del Ordenamiento Territorial de Tomatlán, que se aprobó en diciembre del año pasado, ya que no se incluyó a los ejidatarios de José María Morelos para definir que sus tierras son de vocación turística.

Adiós al paraíso virgen

“Despídase de este paraíso, grábelo bien, porque no lo volverá a ver”, se resigna un ejidatario parado en el faro de Chalacatepec, empapado de brizna y en un día gris, lluvioso.

Desde la altura, las zonas de playa vírgenes en las que pretenden construir elegantes hoteles que serán para turismo de otros países, “de altura”, aunque esto implique que ni la gente de la comunidad tendrá acceso a los recursos naturales que los rodean.

Parados en la Punta de Chalacatepec –donde está el faro–, se ven dos pequeñas bahías. Al Sur, donde revientan olas enfurecidas, se adquirió un kilómetro. Al Norte están los ocho kilómetros que llegan hasta la Punta de Paramán, y es donde se erige la única construcción (blanca): el campamento tortuguero de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Sin embargo, aún hay varios que no se resignan a perder lo que hace 50 años adquirieron con “muchos trabajos”, sus padres o sus abuelos.

Arquitectos cuestionan el “nuevo Cancún”

El “nuevo Cancún” en Tomatlán es un negocio inmobiliario de “complicidad de intereses públicos y privados”, ya que se comprometen recursos estatales para infraestructura carretera y aeroportuaria, y los fondos de los pensionados del Gobierno de Jalisco para adquirir reservas territoriales bajo la figura jurídica de un fideicomiso como socios minoritarios, con riesgos de mercado, opina el despacho de consultores García Rojas y Asociados (expertos en proyectos de inversión, planeación, urbanismo, diseño urbano, arquitectura e ingeniería).

Entre las observaciones que hacen los arquitectos, está que el cambio de uso de suelo para vocación turística del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Tomatlán (aprobado en diciembre de 2009), es de dos mil 730 hectáreas, aunque el proyecto es de mil 200 hectáreas únicamente.

Anteriormente, en el Plan Regional de Desarrollo de la Costa Norte de Tomatlán del 2000, se estipulaba que en la zona del estero de Chalacatepec sólo puede zonificarse para turismo ecológico, actividades silvestres, actividades agropecuarias y actividades acuáticas. Ahí es zona de reserva y de refugio de la tortuga marina, con posibilidades para ser protegida ambientalmente, y de conflictos significativos en la tenencia del suelo.

PARA SABER

El Gobernador Emilio González Márquez anunció el martes 27 de enero un “nuevo Cancún”, en el cual ha invertido 89 millones de dólares de Pensiones del Estado, y 94 millones de dólares de la inmobiliaria “Rasaland”, sólo para la primera etapa. De éstos, 150 millones de dólares han sido invertidos –dicen– en la adquisición de predios.

Textos: Alejandra Guillén