• Llueven más críticas a propuestas de Emilio

El ex presidente del PAN Jalisco reprueba la iniciativa del gobernador del Estado para modificar la Constitución Estatal y disminuir en 43% el presupuesto a partidos políticos

GUADALAJARA, JALISCO.- La propuesta del Ejecutivo se orienta en reducir recursos a partidos políticos en años donde no hay actividad electoral.

Antes de proponer reducir las prerrogativas de los partidos políticos, como lo hace el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, en una iniciativa que envió el pasado viernes al Congreso del Estado, el mandatario estatal debió discutirlo con los representantes de los partidos políticos, consideró el líder del PAN Jalisco, Eduardo Rosales Castellanos.

“Son temas que se tienen que discutir con los partidos políticos y al menos con el PAN nunca se platicó el tema. El gobernador, Emilio González Márquez concretó una reducción sin platicarlo con los partidos políticos”.
Rosales Castellanos consideró que deberá ser el próximo dirigente del PAN estatal el que dialogue el tema con el titular del Poder Ejecutivo.

En este sentido, Rosales Castellanos recordó que antes de la elección del pasado 5 de julio se reunieron los presidentes de los partidos políticos estatales con el gobernador del Estado, Emilio González Márquez en Casa Jalisco. Ahí se acordó que los partidos políticos regresarían parte de las prerrogativas otorgadas para este año, que se habrían incrementado hasta 500%, pues se empató la ley con la norma federal.

“Hicimos un acuerdo, y ningún partido lo cumplió. Sólo el PAN regresó el dinero y quedamos en platicar un porcentaje de la reducción pasando la elección”.

El panista expuso que entonces, los representantes de los partidos políticos nunca fijaron el porcentaje de reducción a las prerrogativas.

“Nunca hablamos de cuál sería el porcentaje que reducirían por concepto de prerrogativas para el 2010, quedamos de revisar el financiamiento de otros estados para llegar a una conclusión”.

La propuesta del gobernador

El gobernador propone modificar el artículo 13 de la Constitución Política y el diverso 90 del Código Electoral y de Participación Ciudadana.

“En el sentido de modificar los parámetros que sirven de referencia para determinar el monto de los recursos que sean entregados a los partidos políticos en el desempeño de sus actividades ordinarias permanentes”.
En el documento el Poder Ejecutivo advierte que es necesario tomar esta decisión ante la situación de crisis mundial que afecta también al país y al Estado.

“Se plantea que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes sea fijado anualmente, multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el Estado de Jalisco por el 35% —antes estaba previsto multiplicarlo por 65%— del salario mínimo diario vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, en tanto que el método para la distribución ulterior de los mismos no cambia”.

El titular del Gobierno estatal reconoce que con esta reforma, “si bien se estaría afectando a los partidos políticos en un aspecto financiero, también lo es que la misma no implica una transgresión al fin constitucional y social que persiguen, puesto que con dicha disminución no se afectaría su naturaleza, razones de existencia ni de operatividad al no truncar totalmente sus funciones”.

En un año, se aumentó tres veces el financiamiento a partidos

El entonces Instituto Electoral del Estado aprobó el 9 de enero de 2008 el financiamiento público para los partidos políticos por un total de 31 millones 242 mil. Esta cantidad aumentó a 141 millones 48 mil pesos para ese mismo año con la reforma electoral, lo que significa un incremento de más del 300%.

“Si se aprueba la modificación legal que nos atañe, los recursos de los partidos serían por arriba de los 79 millones 521 mil pesos, cantidad que resulta de multiplicar el 35% (18.64 pesos) del salario mínimo vigente en la zona metropolitana por el total del padrón electoral (4 millones 265 mil 966 personas), con lo que se acredita lo expuesto en el sentido de que no se afecta la operatividad de los partidos políticos”.