GUADALAJARA, JALISCO.- Por la violación al derecho a la vida, a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la libertad, al trato digno y a la propiedad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación contra policías municipales de Ocotlán.

Lo anterior, luego de que el 1 de enero del presente año, dos patrullas de la Dirección General de Seguridad Pública protagonizaran una persecución en la carretera Ocotlán-Tototlán contra dos jóvenes a bordo de una Trail Blazer, y uno de los elementos de la corporación accionara su arma en contra del vehículo en movimiento e hiriera de muerte al conductor, luego de hacerles la indicación de que se detuvieran y éstos omitieron la orden.

Los policías municipales argumentaron haber recibido un reporte de cabina de que los tripulantes de un vehículo Cherokee gris, que circulaba a exceso de velocidad, habían hechos disparos, por lo que debían detenerlos.

“Quedó plenamente acreditado que los servidores públicos incurrieron de manera reiterada en actos que revelaron su falta de profesionalismo e incumplieron sus obligaciones, pues montaron un operativo improvisado”, señaló Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, titular de la CEDHJ.

Según se desprende de la recomendación, la persecución se da en apreciaciones y datos inciertos, por lo que los policías pusieron en peligro la integridad física de ambos jóvenes, con las consecuencias fatales sobre uno de ellos.

Una vez realizada la investigación correspondiente, “la CEDHJ concluye que Felipe Sánchez Ventura violó el derecho humano a la vida, también violó los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, a la libertad, a la legalidad, al trato digno y a la propiedad. Rosendo Maldonado López, Ernesto Romero Caudillo, Mauricio Santos Santos, ex integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública, Juan Carlos Hernández Núñez, Juan Enrique Romero Caudillo, Antonio Aguilar Rostro, Javier Bravo García, Abel Núñez Aguirre y Felipe Saavedra de la Cruz, violaron los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, a la libertad, a la legalidad, al trato digno y a la propiedad”.

Por lo anterior, se recomienda al procurador general de Justicia, Tomás Coronado Olmos: “Ordene a la Contraloría Interna de la administración a su cargo que inicie procedimiento administrativo contra Gabriela Jiménez Ibarra, titular de la agencia del Ministerio Público Investigadora II de Ocotlán, por violar los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica; se investigue la actuación de Jiménez Ibarra, así como de Filiberto Ortiz Amador, Mauricio Santos Santos y Felipe Sánchez Ventura, ex funcionarios de corporación municipal de Seguridad Pública de Ocotlán; se agregue copia al expediente administrativo de la titular de la agencia del Ministerio Público como antecedente”.

EL INFORMADOR / OMAR CASTAÑEDA