• El municipio tonalteca tiene 30 días hábiles para dictar sentencia y determinar si Iris Angélica recebirá una indemnización económica

Funcionarios ignoraron las denuncias de Iris Angélica Martínez Larios, quien padeció violencia intrafamiliar en 2007; al final, su concubino asesinó a tres hijos y a la madre de la víctima

TONALÁ, JALISCO.- A nueve meses de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 28/2008, dirigida al Ayuntamiento de Tonalá por los daños y omisiones que servidores públicos cometieron contra Iris Angélica Martínez Larios, víctima del multihomicidio ocurrido en agosto de 2007, las autoridades continúan dándole largas al asunto.

La única respuesta es que los procedimientos de responsabilidad patrimonial y administrativa pudieran concluir en 30 días, asegura la Dirección Jurídica, pero la CEDHJ asevera que el 14 de julio se debió dictar la sentencia respecto a la indemnización para la víctima.

El jefe de Seguimientos de la CEDHJ, Fernando Zambrano Paredes, reconoce que hasta el momento no han tenido ninguna manifestación por parte del municipio, respecto a los dos procedimientos en curso. Pero confía en que la palabra que empeño el alcalde (Agustín Ordóñez), en el sentido de acatar la recomendación, se cumpla.

“Enviamos un oficio al síndico municipal, Leonel Andrade Padilla (03/2009), en el cual se le está haciendo ver que el plazo ya venció para dar una respuesta al procedimiento de Responsabilidad Patrimonial. La fecha en que el Ayuntamiento tuvo que dictar la sentencia fue el 14 de julio, pero hasta el momento no se informa nada. Nosotros esperamos que a la brevedad se dicte sentencia”.

Lenin Ríos Checa, director jurídico de Tonalá, niega que exista una violación en el término para dictar la sentencia. Explica que se abrió un plazo para la presentación de alegatos, con el propósito de dar certeza al procedimiento.

“Incluimos los alegatos porque lo prevé la ley, no es la Ley de Responsabilidad Patrimonial, sino que hay una Ley del Procedimiento Administrativo, la cual establece que en cualquier procedimiento se tendrá que abrir un periodo de alegatos”.

Para Ríos Checa, Tonalá no ha caído en ninguna violación contra Iris. Señala que se busca tener los elementos suficientes para dictar “una sentencia justa”.
El proceso de la presentación de alegatos concluye mañana. A partir de esa fecha, correrán 30 días para que el municipio dicte la sentencia y determinar si Iris Angélica recibirá una indemnización económica.


Las omisiones

Iris Angélica Martínez Larios suplicó ayuda en diversas ocasiones a funcionarios del Ayuntamiento de Tonalá. Desesperada, quería salir de la extrema violencia intrafamiliar emanada de su concubino Manuel González Álvarez, pero de nada le sirvió. Cuatro servidores públicos, lejos de salvaguardar su integridad, minimizaron los riesgos. Esta omisión tuvo un alto costo para Iris: su pareja sentimental asesinó a balazos a su familia, para evitar que ella se fuera de su lado. Cumplió la amenaza ignorada por las autoridades.
El saldo de la tragedia —ocurrida el 31 de agosto de 2007— fue la muerte de Nicolás Tonatiuh (de tres años de edad), Citlali Andrea (cuatro años), Nitzy Angélica (17 años) y Evangelina Larios Morales (68 años), tres hijos y la madre de Iris, respectivamente. Tras el multihomicidio, Manuel decidió quitarse la vida, pero antes hirió de muerte a Iris, con una bala en el abdomen.

A tres semanas del segundo aniversario luctuoso de su familia, Iris sobrevive ante el desamparo de las autoridades de Tonalá. El pasado 5 de noviembre, luego de un año de investigaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 28/2008, dirigida al presidente municipal de Tonalá, Agustín Ordóñez Hernández, a quien le pidió iniciar procedimientos administrativos contra cuatro servidores públicos, indemnizar a la víctima, brindarle ayuda psicológica y médica, así como ofrecerle una disculpa pública. El organismo acreditó actuaciones omisas de los empleados municipales, demostrando una violación a los derechos humanos de Iris.

En noviembre pasado, el alcalde respondió que aceptaba la recomendación. Hasta el momento, todo quedó en palabras. Agustín Ordóñez Hernández, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó en medios de comunicación que Iris se negaba a recibir apoyo, aunque las presiones de la CEDHJ le empujaron a emprender una nueva estrategia: para cumplir con la recomendación pidió que la víctima comparezca y formule su denuncia ante la Dirección Jurídica de Tonalá, con la intención de que inicien los procedimientos administrativos en contra de los cuatro funcionarios: María de la Luz Arelis Gómez y Guillermo Pérez Márquez, trabajadora social y abogado de guardia, respectivamente, de la Dirección de Seguridad Pública; María Elena Becerra Pérez, adscrita a la Dirección de Servicios Médicos Municipales, y Carlos Alberto Padilla Morales, psicólogo del DIF.

En un segundo punto, el munícipe condiciona la indemnización a Iris hasta resolverse los procedimientos administrativos de responsabilidad contra los servidores públicos. Y sobre la disculpa pública, el alcalde contesta que ésta no se encuentra en la legislación mexicana como “derecho positivo”, por lo que no puede ser obligado a ello. Agustín Ordóñez Hernández omite el punto en donde la CEDHJ pide apoyo médico y psicológico para Iris.
Derechos Humanos reprueba la respuesta del Ayuntamiento. El organismo pide que se cumpla con los puntos de la recomendación 28/2008.

Fallaron las estructuras para proteger a la familia

“Es un asunto de responsabilidad de autoridades y merece el reproche de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la sociedad”, enfatiza sobre la tragedia Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres).

“El Estado debe reconocer con humildad que fallaron sus estructuras para proteger y prever el daño. Hubo indicios de agresiones, y está documentado cómo la señora acudió a distintas autoridades pero de nada sirvió. Por la saña con que se cometió esta tragedia, y que pudo evitarse, la autoridad debe responder frente a las familias de la víctima reparando los daños pecuniario y social; le corresponde una indemnización económica a la afectada. El Estado debe mandar un mensaje claro de que las mujeres no están solas, de que cualquier acto contra ellas tendrá una reacción inmediata de protección”.

El funcionario federal acentúa que la tragedia fue condenada por el INMujeres, pero si la CEDHJ no sienta un precedente valioso de protección del Estado hacia la mujer, sería otra dependencia que dejará a Iris en el desamparo.