GUADALAJARA, JALISCO.- La sesión del pleno del Congreso estatal del 12 de septiembre pasado ha sido una auténtica caja de sorpresas. Si de modo deliberadamente oscuro los diputados locales aprobaron en esa ocasión una partida especial de 25 millones de pesos para pagar liquidaciones laborales a los consejeros electorales que acepten renunciar, también en un acuerdo legislativo que pasó desapercibido (es el número 621 de la presente Legislatura), en apenas tres líneas perdidas en un legajo de 10 páginas, determinaron conceder una prórroga hasta agosto de 2009 a las comisiones legislativas “que tengan pendientes de dictaminar iniciativas populares”.

La redacción, aparentemente técnica, encierra un acuerdo político que, como muchos otros, se aprobó en la privacidad de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

En realidad, no hay “iniciativas populares pendientes de dictaminación”, pues se trata solamente de una: La iniciativa popular turnada al Congreso por el ahora desaparecido Instituto Electoral del Estado desde marzo de este año, misma que fue respaldada con más de 54 mil firmas por la organización “Mexicanos por la vida de todos”, y que pide modificar dos artículos de la Constitución del Estado, el cuarto y el décimo quinto, para garantizar por ese medio que en Jalisco no prospere una reforma como la del Distrito Federal, que permite el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Por ello, se ha conocido como la “iniciativa antiaborto”.

Los miembros del organismo que preside Daniel Gallegos, y que cuenta con el apoyo de panistas como el secretario general del Gobierno estatal, Fernando  Guzmán Pérez Peláez y la ex diputada Cecilia Carreón, se han declarado molestos y decepcionados por el acuerdo político que les permite a los diputados retrasar la discusión de esta iniciativa popular hasta después de las elecciones de julio de 2009. El enojo es especialmente mayor con los diputados de Acción Nacional, que siempre prometieron públicamente votar a favor de las dos reformas propuestas por la iniciativa, pero ahora se echaron para atrás, para cumplir con un pacto hecho con los diputados estatales del Partido de la Revolución Democrática.

Esta iniciativa popular, de entrada, corre la misma suerte que todas las iniciativas que son discutidas en las comisiones del Poder Legislativo: puede ser modificada, aprobada o rechazada, para terminar siendo archivada definitivamente.

Sin embargo, en previsión de las campañas políticas que se avecinan, los legisladores prefirieron evitar el tema, que puede serles contraproducente o comprometedor.

Pese a todo, “Mexicanos por la vida de todos” está contemplando las opciones legales a su alcance, pues la organización no está dispuesta a esperar un año más y tratarán de obligar a los legisladores a cumplir con el análisis y discusión de su propuesta de reformas.

El organismo comenzó a trabajar en la reunión de firmas para respaldar la iniciativa popular, que presentó ante el Instituto Electoral en julio de 2007.