• Turnan petición de Derechos Humanos a una comisión

El diputado perredista, Enrique Alfaro admitió la petición para determinar sanción a Emilio González, pero advirtió que deben apegarse a Derecho e investigar si es posible hacerlo

Al aseverar “es claro que el señor gobernador del Estado violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Enrique Alfaro Ramírez, anunció ayer que el Poder Legislativo acepta iniciar procedimiento administrativo contra el mandatario estatal Emilio González Márquez, por las ofensas que profirió la noche del 23 de abril pasado, al pronunciar el famoso “discurso de la mentada de madre”, al entregar un donativo a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos durante el Banquete del Hambre.

Sin embargo, el diputado perredista, que se ha caracterizado durante la presente Legislatura por su posición crítica hacia el trabajo del gobernador panista, presentó una serie de condiciones para la actuación del Congreso local, dejando entrever que seguramente, no pasará nada con la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en la que se pidió a González Márquez una disculpa por escrito y al Congreso local determinar la sanción correspondiente.

“Primero, quiero aclarar que se trata de una petición, no de una recomendación, para el Congreso. Y en este sentido, efectivamente aceptamos la petición que nos hace la Comisión”, precisó Enrique Alfaro, para desgranar luego una explicación en la que acabó por anunciar que turnarán a la Comisión Legislativa de Responsabilidades un dictamen para que se estudie si puede o no, el Congreso estatal, determinar una sanción al gobernador con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Explicó que la comisión ya mencionada –que por cierto es presidida por el diputado de Acción Nacional (PAN), César Madrigal Díaz, ubicado en la misma facción política panista del gobernador–, deberá establecer “y fundamentar”, si el Congreso puede establecer la sanción que corresponda al mandatario estatal “y como cualquier otro dictamen, presentarlo al pleno de la Legislatura para someterlo a aprobación o rechazo”.

“Yo lo he dicho antes y me sostengo”, siguió Alfaro Ramírez, evidenciando el esfuerzo por conciliar su discurso con su actuación como presidente en turno del Congreso, “creo que el señor gobernador no está capacitado para ejercer su cargo, pero en este caso, debe procederse conforme a Derecho y este es el camino que debemos transitar”.

Aseguró también que el diputado Madrigal Díaz, “independientemente del partido en el que milita, está capacitado para cumplir con su responsabilidad y será juzgado por la ciudadanía” por su actuación.

Posteriormente, el diputado del PRD insistió en que “es claro que el señor gobernador del Estado violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y cuando se le pide al Congreso que emita una sanción administrativa, la propia comisión nos está dando los argumentos jurídicos en su razonamiento”, y dio lectura al artículo 62 de la misma ley, para sostener la falta de González Márquez.

Incluyó además la lista de posibles sanciones, contemplada en el artículo 64: apercibimiento, amonestación por escrito, suspensión en el empleo, cargo o comisión hasta por 30 días, destitución y sanción pecuniaria.

Pero acto seguido, el propio diputado cuestionó: “Sin embargo, esto debe estudiarse detenidamente, porque la ley determina que el servidor público será sancionado por la autoridad superior… ¿y quién es el superior jerárquico del gobernador? (…), el Congreso del Estado no tiene autoridad sobre el gobernador porque somos poderes similares, pero ninguno está por encima del otro”.