LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (01/FEB/2017).- Un juez de California emitió una orden judicial prohibiendo al gobierno de Estados Unidos que impida la entrada al país de más de dos docenas de yemeníes con visas válidas, en un nuevo desafío al polémico decreto migratorio del presidente Donald Trump.El juez Andre Birotte falló a favor de una petición de la abogada de inmigración Julie Goldberg y su socio Daniel Covarrubias-Klein en nombre de 28 yemeníes que quedaron varados en la minúscula nación africana de Yibuti en tránsito hacia Estados Unidos debido al decreto.Algunos de ellos tienen la doble nacionalidad yemení-estadounidense y poseen residencia permanente en Estados Unidos.El fallo se suma a otros similares de jueces de otros estados, como Nueva York, Virginia y Washington.Trump suspendió temporalmente el ingreso de refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Siria, Irán, Libia, Irak, Somalia y Sudán, además de Yemen.Entre los afectados figura una familia, en la que el padre, la madre y una hija son ya ciudadanos de Estados Unidos, y su otro hijo de tres años, que está aplicando a la visa, tiene el pasaporte confiscado en la embajada estadounidense en Yibuti.También está el caso de una anciana que planeaba reunirse con su hijo y su familia, y de un niño, también de tres años, cuyos padres son residentes permanentes. 'Escapando de la guerra'Goldberg dijo que tiene unos 214 clientes yemeníes afectados por la medida presidencial y que están varados en Yibuti, sin poder volver a su país en guerra.Otras mil personas, la mayoría oriundas de Yemen y Somalia, también se encuentran varadas tras la cancelación de su cita para obtener una visa, indicó."Esta gente está escapando de la guerra. Tengo personas heridas, que no tienen el cuidado médico necesario, niños que han muerto", explicó telefónicamente la abogada, actualmente en Yibuti."¿Cómo prohibir la entrada a un niño de tres años puede prevenir un acto terrorista en Estados Unidos? Necesito que alguien me lo explique", añadió.Asimismo, dijo que pese a que la Casa Blanca aclaró que la medida no afecta a quienes tengan residencia permanente (Green card), las líneas aéreas los rechazan de todos modos.Las autoridades estadounidenses "les dicen que si estas personas no son admitidas, son responsables de llevarlos de vuelta" y deben hacerse cargo de los costos que pueden llegar a 10 mil dólares.Covarrubias-Klein, el otro abogado demandante, se mostró por su parte preocupado porque oficiales de inmigración aparentemente ignoraban deliberadamente los fallos de los jueces federales, esperando que los recursos legales lleguen a la Corte Suprema.Iraní deportadaDesde que se firmó el decreto, cientos de personas fueron detenidas en los aeropuertos estadounidenses y algunos incluso deportados.Es el caso de la iraní Sara Yarjani, una estudiante de postgrado de 35 años que fue detenida 23 horas y luego enviada a Austria, de donde provenía de vacaciones después de visitar a su familia.Yarjani habló el lunes de noche desde Viena, donde es residente permanente.Después de entregar su pasaporte, confiada en que nada pasaría, como en otras situaciones, dos oficiales le ordenaron a gritos que se pusiera contra la pared con los brazos en alto y luego que se quitara el chal, joyas, cordones de zapatos y entregara su celular. Todo le sería devuelto luego.No se le permitió hacer llamadas y tras horas de interrogatorio, dice que prácticamente se le forzó a aceptar abandonar el país."El oficial me dijo: 'tienes dos opciones, o aceptas salir voluntariamente o serás deportada y no podrás entrar de uno a cinco años'", recordó."La forma como lo dijo era amenazante y sentía que no tenía otra opción", siguió.Cuando estaba siendo escoltada al avión por dos oficiales armados pudo rápidamente ver que un juez federal había bloqueado parte de la orden ejecutiva y se lo comentó a sus custodios, que la ignoraron y le ordenaron que siguiera caminando.
