"Sin fin a la vista, tortura y confesiones forzadas en China" documenta cómo la tortura, los malos tratos y las confesiones de sospechosos extraídas de manera forzosa siguen siendo "rampantes" en el sistema judicial chino.La legislación aprobada por el Gobierno "ha hecho poco" para cambiar la práctica de la policía de conseguir una confesión mediante las agresiones físicas o psicológicas, especialmente en casos políticos o "sensibles", relacionados con disidentes, activistas, minorías étnicas o actividades religiosas, advierte AI.La aceptación de estas confesiones como evidencias en los juicios es uno de los grandes problemas que radica en la estrecha relación entre la policía, fiscalía y los jueces, fruto de la falta de independencia judicial, explicó a Efe, Patrick Poon, autor del informe.De 590 estudiados por AI en los que hubo alegaciones de tortura, las confesiones forzadas fueron excluidas como evidencias en sólo 16 de estos casi 600 casos. De esos 16, uno acabó en sobreseimiento de la causa y el resto con condenadas basadas en otras pruebas.El documento incluye testimonios de numerosas víctimas, como el abogado Cai Ying, detenido 87 días en 2012 y torturado 12 horas a diario con interrogatorios que se producían mientras era obligado a sentarse en una silla en la que los pies de la persona no tocan el suelo y las manos están esposadas a una tabla a la que también se "ata" el pecho y la espalda no toca el respaldo, según AI.Estos abusos son los mismos que anteriormente sus clientes les habían contado que sufrían bajo arresto, afirmó el denunciante.AI, además, alerta en su informe de una nueva forma de detención que se ha extendido: la vigilancia domiciliaria en una ubicación no especificada que puede prolongarse en el tiempo sin que las autoridades den detalles sobre el detenido y que Amnistía considera que puede dar pie a abusos sin control.Este informe se divulgó de manera previa a la revisión por parte del Comité contra la Tortura de la ONU de la situación en China la próxima semana, a quien AI y otras ONG locales piden que presione a Beijing para que implemente sus actuales leyes para prevenir la tortura y prohíba confesiones forzadas como evidencias.
