NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (14/MAY/2012).- Líderes comunitarios, religiosos, funcionarios electos y activistas rechazaron hoy la implementación del programa Comunidades Seguras en el estado de Nueva York y en todo el país, por sus efectos en las comunidades de inmigrantes.

Los inconformes consideran que el programa socava la confianza de la comunidad en las autoridades y separa familias.

Bajo el programa, la policía local toma y envía las huellas de los detenidos a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y a Seguridad Interna, que abren procesos de deportación contra quienes estén en el país sin documentos y hayan cometido algún delito, sin importar su gravedad.

Los activistas buscan que no sean violados los derechos civiles de los inmigrantes con políticas que, aseguran, no fueron organizadas apropiadamente.

Asimismo, señalaron que si los inmigrantes son víctimas o testigos de un crimen, no lo van a reportar a la policía por temor a ser detenidos o deportados.

Dos movilizaciones fueron realizadas en contra del programa Comunidades Seguras en esta ciudad, una en las escalinatas de la alcaldía y la segunda frente a las oficinas federales de Inmigración.

La congresista Nydia Velásquez dijo que envió una carta a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, para que posponga la extensión del programa que "socava la confianza entre la policía y la comunidad", dijo.

Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal, Christine Quinn, hizo un fuerte llamado al gobierno federal para que no sea implementado el programa, al que calificó de "horrible y antiinmigrante".

Frente a las oficinas de Inmigración, decenas de activistas e inmigrantes gritaron consignas como "el pueblo, unido, jamás será vencido", y mostraron carteles con textos como "Proteger nuestras comunidades, no deportaciones".

Los activistas agregaron que es vital que los inmigrantes conozcan sus derechos y sepan qué hacer en caso de ser detenidos por agentes locales o de inmigración.

"El que se implemente Comunidades Seguras es como darle el permiso, de ahora en adelante, a los oficiales de inmigración y a los policías que son racistas para abusar de la gente", dijo Joel Magallán, director ejecutivo de la Asociación Tepeyac.

El año pasado, el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo decidió cancelar la participación del estado en el programa.

Lucía Gómez-Jiménez, directora ejecutiva de la organización La Fuente, señaló que las comunidades deben mantenerse unidas para lograr que se respeten sus derechos civiles.

"Que protestemos en Nueva York es un ejemplo para el resto del país. Tenemos que unirnos para tener un cambio positivo en nuestras comunidades", señaló.

Los activistas consideran que su lucha logró que la Corte Suprema de Justicia estudie si es constitucional la ley SB-1070 de Arizona.

Por su parte, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo en un comunicado que desde hace tres años, la agencia ha cambiado la forma en que ha puesto en marcha su política para "identificar a los criminales para ser removidos del país".

Agregó que el programa es una herramienta valiosa para sacar del país a criminales inmigrantes y a personas que violan repetidamente la ley.

La agencia de inmigración indicó que en el año fiscal 2011, 55 por ciento de los casos de deportación correspondió a criminales convictos, y 90 por ciento correspondió a las categorías de prioridad de seguridad de la ICE.

Según la activista Teresa Arieta, muchos inmigrantes prefieren "autodeportarse" antes de pasar por un proceso legal, por temor a permanecer encarcelados en un centro de detención de inmigración.

El programa será implementado en Nueva York a partir de mañana 15 de mayo.