• Ambos se comprometieron a discutir a fondo y elaborar una ley referente a la minería e hidroeléctricas

Cuando nos sentamos a dialogar podemos lograr cosas, dijo el ministro Papadimitriu

PANAMÁ, PANAMÁ (07/FEB/2012).- El gobierno y los indígenas panameños que rechazan la minería y las hidroeléctricas en sus territorios acordaron iniciar una negociación sobre las demandas de los nativos, lo que pondría fin a ocho días de protestas que dejaron al menos dos muertos.

"Ganamos. Por la buena voluntad hemos llegado al acuerdo San Lorenzo I", anunció el mediador y obispo de Chiriquí, José Luis Lacunza, tras más de seis horas de negociaciones entre el gobierno y la dirigencia indígena en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí (oeste).

En las discusiones participaron los ministros Jimmy Papadimitriu (de la Presidencia) y Jorge Fábrega (de Gobierno), y por los indígenas la cacique Silvia Carrera y Rogelio Montezuma, dirigente de la Coordinadora por la Defensa y Derechos del Pueblo Ngöbe-Buglé.

"Cuando nos sentamos a dialogar podemos lograr cosas", dijo Papadimitriu, en tanto que Montezuma expresó que el pueblo indígena y sus objetivos "dormirán en paz".

El gobierno y los indígenas se comprometieron a "reiniciar un diálogo" de cara a discutir a fondo y elaborar una ley referente a la minería y las hidroeléctricas en los territorios indígenas.

El pacto estipula también la "liberación inmediata de los detenidos" sin que se les formulen cargos y la no persecución a los dirigentes indígenas; la indemnización a las víctimas de la "represión policial"; el retiro de la Policía antidisturbios de las áreas en conflicto y el final de las protestas, entre otros puntos.

La etnia Ngöbe Buglé inició el 30 de enero las protestas, con bloqueos de carreteras estratégicas del país, para exigir que un proyecto que debate el Congreso prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en sus comarcas.

El gobierno dice estar dispuesto a prohibir la minería en las comarcas indígenas, pero no los proyectos hidroeléctricos, porque -dice- ello implicaría un sobrecosto anual de 200 millones de dólares al Estado para suplir la demanda energética, diferencia que sigue patente.

"Mi pueblo no se va a doblegar hasta que no haya una ley especial. No queremos hidroeléctricas y no queremos minas", reiteró Carrera, quien encabezó la delegación indígena.

"Nos comprometimos en prohibir la minería dentro de la comarca (y) estamos dispuestos a discutir de qué forma se puede proteger los recursos hídricos siempre y cuando no afecte la seguridad nacional ni la segurdad energética del país", dijo por su lado Papadimitriu.

En la nueva fase del diálogo, la Iglesia Católica seguirá siendo mediadora, mientras que la Evangélica, las Naciones Unidas y la Universidad de Panamá serán observadores.

El domingo, policías antimotines desalojaron a la fuerza los bloqueos en las vías y se produjeron fuertes enfrentamientos, en los que murió un indígena y más de medio centenar resultaron heridos y detenidos.

Este martes, en el marco de las protestas, un joven de 16 años murió en hechos no esclarecidos en Chiriquí.

El presidente de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas, Betanio Chiquitama, dijo a la AFP que los indígenas muertos en estos días serían tres, aunque las autoridades solo reconocen dos.

Tras el violento desalojo siguieron los choques y este martes había marchas en la capital. Tres cuarteles policiales, varios vehículos e instalaciones han sido quemados.

Entre las vías bloqueadas estaba la interamericana -que comunica a Panamá y Costa Rica-, lo cual dejó a cientos de personas varadas durante varios días y se produjo desabastecimiento en distintas zonas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, urgió al gobierno de Panamá a garantizar la seguridad de los indígenas y le señaló su "obligación de esclarecer" los hechos de violencia.

Desde Ginebra, el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, exhortó a su vez al gobierno a "garantizar la seguridad" de los manifestantes y dijo que los grandes proyectos de explotación de recursos naturales se han convertido en un "abuso" a los indígenas en el mundo.