• Lucha contra tortura

Juez sudafricana recuerda a Barack Obama su compromiso de cerrar la prisión desde hace tres años

GINEBRA, SUIZA (24/ENE/2012).- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, demandó que se lleve ante la justicia a los perpetradores de actos de tortura en la prisión de Guantánamo.  

Externó su “profunda decepción” por el incumplimiento de la promesa del Gobierno del presidente Barack Obama de cerrar dicho centro de detención arbitraria.  

La juez sudafricana subrayó que el derecho internacional exige “una investigación completa y sistemática de todas las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura”, delitos que supuestamente se cometieron en la prisión de Guantánamo en la isla de Cuba.  

Pillay sostuvo que se deben hacer todos los esfuerzos para llevar ante la justicia a todos los responsables de la formulación, aprobación y la aplicación de “métodos coercitivos de interrogatorio, análogos a la tortura, de acuerdo con el derecho internacional”.

El artículo dos de la Convención contra la Tortura, que Estados Unidos ratificó en 1994, establece que “ninguna circunstancia excepcional, sea un estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, podrá ser invocada como una justificación de la tortura”.  

Además señaló que “no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”.  

Asimismo, Pillay expresó su más “profunda decepción” por que el Gobierno de Washington no ha logrado cumplir su promesa de cerrar la prisión de Guantánamo y en cambio “ha afianzado un sistema de detención arbitraria”.

La Alta Comisionada recordó el compromiso de Obama en su declaración el 31 de diciembre de 2011 para interpretar las secciones pertinentes de la Ley de Autorización de Defensa Nacional “en una manera que asegure que toda detención se autoriza conforme a la Constitución, las leyes de guerra y todas las otras leyes aplicables”.

“A pesar de reconocer plenamente el derecho y el deber de los Estados de proteger a su pueblo y su territorio de actos terroristas, les recuerdo a todas las ramas del Gobierno de Estados Unidos su obligación bajo la ley internacional de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”.

Por otra parte, Pillay instó al Gobierno estadounidense, en tanto que Guantánamo sigue abierta, para asegurarse de que las condiciones de detención cumplan plenamente con las normas de derechos humanos de acuerdo al derecho internacional.  

Lamentó además su negativa para autorizar la visita de los mecanismos de monitoreo de Naciones Unidas al mencionado centro de detención.  

TELÓN DE FONDO
Centro de detención que Washington prometió cerrar

Han pasado 10 años desde que el Gobierno de Estados Unidos —a cargo del ahora ex presidente George W. Bush— abrió la prisión en Guantánamo usada para albergar a detenidos acusados de terrorismo, la mayoría de ellos detenidos en Afganistán,  durante la invasión de la Unión Americana en este país de Medio Oriente, después de los atentados del S-11 en Nueva York. Cuando el presidente Barack Obama llegó a la presidencia aseguró que esa prisión estaría cerrada el 22 de enero de 2009, pero no lo cumplió. A finales de ese año, el mandatario aseguró que el centro penitenciario estaría cerrado para enero de 2010, otra promesa incumplida. Para empeorar las cosas, en diciembre pasado aprobaron la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la cual justifica que cualquier ciudadano estadounidense puede ser detenido como terrorista de manera indefinida sin cargos, ni juicio.

En 10 años han pasado casi 800 reos por este centro de detención. Actualmente son 170 los recluidos. Estados Unidos determinó en 2011 que 83 presos no suponían ningún riesgo para la seguridad de la nación, y de otros 77 se reconoce que es “improbable” que sean una amenaza para el país o sus aliados. El pasado 12 de enero el centro llegó a su primera década, pero organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU), Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como Amnistía Internacional (AI), piden el cierre de este centro por “violación de derechos humanos”.