• En 2011 la entidad aprobó medidas que benefician en particular a indocumentados

El gobernador demócrata de California, Jerry Brown, refrendó en el año que concluye tres iniciativas que había aprobado la legislatura de California para apoyar a indocumentados

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS (31/DIC/2011).- En 2011 California aprobó medidas que benefician en particular a indocumentados y en 2012 podría sentar un precedente si avala una iniciativa que permitiría trabajar y permanecer en el estado a un millón de inmigrantes sin papeles.  

En contraste con otras entidades de Estados Unidos que compiten con leyes antiinmigrantes, el gobernador demócrata de California, Jerry Brown, refrendó en el año que concluye tres iniciativas que había aprobado la legislatura de California para apoyar a indocumentados.  

La primera fue la propuesta AB 130 del asambleísta Gil Cedillo, que concedió a los estudiantes universitarios indocumentados la opción de solicitar becas privadas.  

Luego firmó la AB 131, complementaria a la primera, que otorgó a los estudiantes indocumentados de educación superior aspirar a obtener becas estatales o CalGrants.  

Ambas iniciativas conforman lo que el legislador autor llama 'el sueño de California', en relación con una propuesta similar pero a nivel nacional que se conoce como 'acta del sueño americano', que permanece estancada en el Senado.  

El vocero de Cedillo, Conrado Terrazas, que las dos propuestas del 'sueño de California' benefician en lo inmediato a unos 23 mil estudiantes que, en su mayoría, llegaron a Estados Unidos cuando eran pequeños junto a sus padres, y este es el único país que conocen y reconocen como propio.  

Aparte, el gobernador Brown firmó una resolución que prohíbe que los retenes policíacos sorpresivos confisquen vehículos a conductores que carecen de licencia.  

En California desde tiempos del ex gobernador Pete Wilson, en 1994, el estado dejó de otorgar licencias de conducir a personas que carecían de residencia legal o permiso oficial de empleo.  

En 2011, mediante fondos del Departamento de Seguridad Interior (HSD), los departamentos de policía y del alguacil establecieron frecuentes retenes en busca de conductores alcoholizados o sin documentos en regla.  

En cada ocasión los indocumentados terminaban perdiendo sus vehículos, primero por carecer de licencia y luego por no tener documentos para presentarse a reclamarlos.  

Peor aún, muchos de los conductores sin licencia sancionados terminaban deportados, pues al ser fichados en los departamentos de policía, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los reclamaba como indocumentados delincuentes peligrosos que debían ser expulsados del país.  

La orden del gobernador Brown dice que las policías ya no deben recoger los vehículos, sino retenerlos en el lugar hasta que se presente un conductor con licencia para llevarse el vehículo.  

La medida fue aprobada luego de que se registraron retenes en busca de conductores alcoholizados en los que el 85 por ciento de los sancionados eran conductores indocumentados, en su mayoría sostenes económicos familiares y que no habían bebido.  

Ahora un equipo de voluntarios reúne poco más de medio millón de firmas de electores empadronados en California para llevar a referendo en noviembre de 2012 una propuesta de ley que pediría que alrededor de un millón de indocumentados puedan permanecer y trabajar en el estado.  

La iniciativa Acta de Oportunidad y Prosperidad de California no pide legalizar indocumentados para no contravenir leyes federales, sino que pide el gobierno federal que a la hora de detener y deportar a indocumentados, este millón aparezca entre las últimas prioridades.  

El asambleísta Felipe Fuentes, uno de los impulsores de la iniciativa, dijo que al revisar los ingresos del estado se descubrió que hay cerca de un millón de personas que cumplen con obligaciones tributarias, pero no tienen número de Seguro Social, porque son indocumentadas.  

Añadió que si California aprueba el Acta de Oportunidad y Prosperidad, el estado obtendrá por lo menos 300 millones de dólares adicionales en impuestos anuales, fondos que California necesita ahora para financiar servicios de salud, educación y atención a ancianos e inválidos.