• Congreso de Estados Unidos

Senadores republicanos preparan un proyecto de ley para dificultar el posible traslado de los prisioneros a otros países

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (14/MAR/2011).- Un grupo de líderes del Senado, encabezado por el republicano John McCain, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer las restricciones contra los detenidos en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.

“Esta es una legislación muy necesaria que mejoraría nuestro sistema de detenciones militares para miembros de Al Qaeda y grupos terroristas afiliados”, dijo McCain durante una rueda de prensa en el Senado.

Entre otros elementos, la legislación mantiene abierto el penal en Guantánamo; prohíbe el desembolso de fondos para establecer un penal alternativo en Estados Unidos; impone restricciones sobre la transferencia de los detenidos a otros países, y reafirma el uso de tribunales militares para enjuiciar a los presuntos terroristas.

La medida también incluye cláusulas relacionadas con la rehabilitación y reinserción civil de los detenidos para que no regresen al campo de batalla.

En ese sentido, el senador republicano, Saxby Chambliss, dijo que aproximadamente 25% de los liberados de la prisión en Guantánamo regresa al campo de batalla, por lo que “debemos actuar con seriedad para minimizar la amenaza” que los detenidos suponen para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La iniciativa reafirma el derecho de Estados Unidos de detener a miembros de Al Qaeda, los talibanes y demás grupos terroristas, y exige que el Pentágono informe al Congreso sobre los procedimientos que usará para determinar el estatus de los detenidos.

Además, apoya una “acción letal” contra Anwar al-Awlaki, que ha sido vinculado con el ataque en el Fuerte Hood (Texas) y el intento de voladura de un avión con 300 pasajeros sobre Detroit en diciembre de 2009.

McCain estuvo acompañado por los otros cinco senadores que promueven el proyecto de ley: el independiente Joe Lieberman, y los republicanos Lindsey Graham, Chambliss, Scott Brown y Kelly Ayotte.

El miércoles varios líderes republicanos ofrecieron una medida similar en la Cámara de Representantes. Ambas tienen que ser sometidas armonizadas y votadas como un sólo texto definitivo para convertirse en ley.

Extracto
La propuesta

Mantiene abierto el penal en Guantánamo.

Prohíbe el desembolso de fondos para establecer un penal alternativo en Estados Unidos.

Impone restricciones sobre la transferencia de los detenidos a otros países.

Reafirma el uso de tribunales militares para enjuiciar a los presuntos terroristas.

Incluye cláusulas relacionadas con la rehabilitación y reinserción civil de los detenidos “para que no regresen al campo de batalla”.

LA PRISIÓN, A FONDO
Guantánamo

Nombre oficial: Base Naval de la bahía de Guantánamo.

Ubicación: Se encuentra en el municipio cubano de Caimanera, al sureste del país.

Extensión: 117.6 kilómetros cuadrados, de los cuales 49.4 kilómetros son de tierra y el resto de agua y pantanos.

Tipo de prisioneros: La base es usada como cetro de reclusión para cubanos y haitianos interceptados en alta mar. Estados Unidos utiliza los campos X-Ray, Delta y Echo para albergar a presuntos miembros de la organización terrorista Al Qaeda.

Número de prisioneros: 173.

Polémica: Estados Unidos argumenta que los detenidos se encuentran legalmente fuera de su país y por ello no gozan de derechos constitucionales que tienen quienes sí están presos en su país.  Sin embargo, los prisioneros tampoco gozan de los derechos de la Cuarta Convención de Ginebra, que trata exclusivamente sobre los detenidos de guerra.

ANÁLISIS
Base naval para siempre

Antonio Caño

La decisión de Barack Obama de reanudar los juicios militares en Guantánamo ha recibido duras críticas, tanto desde su derecha como desde su izquierda, con un argumento coincidente: Obama ratifica a George Bush.

¿Justo? En un primer vistazo sí: al reanudar las comisiones militares, Obama contradice su decisión de hace dos años y otorga legitimidad a la funesta prisión, cuya existencia puede ahora prolongarse eternamente. Pero este es un caso que es necesario mirar en profundidad para extraer conclusiones algo más matizadas.

Guantánamo es, sobre todo, un ejemplo del abismo que frecuentemente media entre las promesas electorales y la realidad. Cuando Obama prometió cerrar Guantánamo no sabía, obviamente, que ésa no era una decisión que estuviera su alcance. El incumplimiento de esa promesa es, en última instancia, su responsabilidad y es él quien tendrá que responder electoralmente por no haber sido capaz de prever y resolver los obstáculos que encontraría para hacer buena su palabra. Pero si lo que interesa conocer no es tanto el daño político sufrido por Obama sino la situación en que se encuentra Guantánamo y sus posibilidades de cierre en el futuro es preciso añadir algunas otras consideraciones.

Obama propuso cerrar Guantánamo por medio de dos instrumentos: la evacuación de algunos presos hacia diversos países y el traslado de otros a prisiones regulares en territorio norteamericano tras las debidas sentencias emitidas por tribunales civiles ordinarios.

Ninguno de esos instrumentos funcionó. La administración puso todo su esfuerzo en convencer a otros gobiernos de que acogieran a los presos, incluso nombró a un prestigioso y veterano diplomático del Departamento de Estado exclusivamente para ese misión. No dio resultado. Apenas 31 han encontrado acogida. Entre 50 y 60 presos permanecen formalmente libres en Guantánamo a la espera de un país que los reciba. No se puede culpar a nadie por negarse a ayudar a Estados Unidos a salir del embrollo en que se metió solo, pero un buen puñado de personas podrían estar en este momento en libertad con una mayor generosidad internacional.

Tampoco encontró Obama colaboración o generosidad dentro de casa. Ningún Estado aceptó al principio recibir en sus prisiones a los detenidos de Guantánamo, bajo el pretexto de que eran demasiado peligrosos. Ningún dirigente político, ni republicano ni demócrata, se sumó a la Casa Blanca para hacer la necesaria pedagogía sobre ese asunto. Cuando, tras una importante compensación económica, un condado de Michigan que vive de los puestos de trabajo que su prisión ofrece acabó aceptando a los detenidos de Guantánamo, el Congreso lo impidió.

Por dos veces consecutivas y de forma cada vez más restrictiva el Congreso aprobó en 2009 y en 2010 la prohibición del uso de fondos públicos, incluidos los del Departamento de Defensa, para el traslado de cualquier preso de Guantánamo a cualquier punto del territorio continental de Estados Unidos y de Hawaii.

El bloqueo de los fondos impide, al mismo tiempo, que los presos puedan ser juzgados en los distritos judiciales ordinarios, como Obama anunció que haría en Nueva York con el preso de mayor relevancia de Guantánamo, Khalid Shaik Mohammed, y a lo que tuvo que renunciar después.

Para colmo, aún en el caso de conseguir el traslado de los presos, no es seguro que el sistema judicial norteamericano los acogiese y, mucho menos, que los condenase, puesto que los tribunales habitualmente rechazan a los acusados a los que no se les ha leído previamente sus derechos —lo que se conoce como los derechos Miranda— y no acepta las pruebas obtenidas bajo tortura.

Todos estos obstáculos no excusan a Obama, quien debió haber planeado por anticipado la estrategia adecuada para cumplir su promesa. Pero sirven para entender algunos aspectos del gigantesco problema que representa Guantánamo, no para Obama sino para Estados Unidos:

- La opinión pública norteamericana no está interesada en cerrarlo, y eso explica la actitud de los congresistas.

- Obama y algunos demócratas no pueden acabar con la prisión; los republicanos simplemente no quieren.

- El sistema judicial norteamericano no es capaz de integrar a presos hechos en condiciones tan heterodoxas.

- Este no es un problema de la comunidad internacional.

Ante esta realidad, la reanudación de las comisiones militares, aún siendo una gran derrota moral y una dolorosa reivindicación de Bush, ha sido acogida por algunos abogados de los presos como un mal menor. Al menos, afirman, podrán ser juzgados y, en su mayoría, ser declarados inocentes. La paralización de los juicios militares sin la alternativa de juicios civiles creaba un limbo judicial que perjudicaba a muchos detenidos.

Aún quedan 170 en Guantánamo. En este momento nadie sabe qué va a pasar con ellos. Incluso los que sean puestos formalmente en libertad no tendrán a donde ir si ningún país los acoge. Muchos pueden pudrirse allí durante años.

ANTONIO CAÑO/Periodista de El País