• La gobernadora Jan Brewer rechaza fracaso

'No deportes a mi mamá' se lee en las camisetas de decenas de niños que marcharon frente a la Casa Blanca, ayer en Washington.

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (29/JUL/2010).- La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, calificó de “una piedra en camino” el fallo de la juez federal Susan R. Bolton, de suspender temporalmente algunas de las disposiciones más polémicas de la ley migratoria SB 1070, que entre en vigencia este día, tras ser firmada el 23 de abril pasado. Además, anunció que su Gobierno apelará la resolución.

La Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco, podría considerar si levantar el mandato y permitir que la ley completa entre en efecto o pedir informes y argumentos a ambos lados antes de fallar sobre la petición de Arizona.
No estaba claro qué tan rápidamente actuaría Arizona para presentar su apelación. Sin importar cómo falle la corte de apelaciones, luego cualquier lado podría apelar esa decisión llevándola a la Corte Suprema de Estados Unidos.

“ El Gobierno federal logró hoy (ayer) un alivio para no hacer su trabajo, y ahora necesitan salir al frente y cumplir con la responsabilidad que tienen con la gente de Estados Unidos y Arizona”.

Al hablar después de que Bolton diera a conocer su fallo, Brewer se rehusó a calificarlo como una derrota. “Creo que es una piedra en el camino. Independientemente de lo que pasara hoy (ayer) sabíamos que cualquiera de las partes iba a apelar, y esto inicia el proceso”, apuntó la gobernadora republicana.

Brewer señaló en particular la naturaleza preventiva de la decisión de la juez Bolton. “Ellos no han escuchado realmente los méritos de la ley. Esto es una suspensión temporal y nuestro equipo legal analizará los aspectos que le preocupan (al Gobierno) y ellos verán los que nos preocupan”.

La batalla legislativa

Con la victoria inicial, algunos legisladores podrían intentar en el Congreso de Estados Unidos forjar un compromiso sobre un plan exhaustivo de reforma inmigratoria que ha sido esquivo independientemente de qué partido político está en la Casa Blanca.

Pero hay escasas posibilidades de que el Gobierno de Barack Obama y los legisladores lleguen a un acuerdo antes de las elecciones del Congreso de noviembre, en las que se espera que los republicanos se vean beneficiados.
Los republicanos exigen un mayor esfuerzo por llevar más seguridad a la frontera del sur del país con México y han dicho que el despliegue inicial de tropas de la Guardia Nacional fue inadecuado.

Muchos republicanos también se oponen a dar la amnistía a alrededor de 11 millones de inmigrantes ilegales que estarían en Estados Unidos, para permitirles seguir en el país.

Obama apoya permitir que los inmigrantes indocumentados en buena situación paguen una multa, aprendan inglés e intenten obtener la ciudadanía. También ha apoyado fortalecer la seguridad fronteriza y tomar fuertes medidas contra empleadores que contratan a trabajadores indocumentados.

Amenazas y fiesta

Mientras en la corte federal de Phoenix la juez se pronunciaba sobre la Ley SB 1070, miles de activistas comenzaron a llegar desde California, en solidaridad con  los indocumentados de Arizona. A ellos, el alguacil Joe Arpaio les hizo una amenaza: “Si van a bloquear (la entrada) a mis cárceles, van a terminar en la cárcel”.

Decenas de líderes y activistas de la comunidad hispana de Phoenix (Arizona) transformaron un estacionamiento aledaño al Capitolio en un escenario de fiesta y plataforma de activismo, tras el fallo de la juez.

Por cierto, el alguacil de Maricopa es conocido como el cazador de ilegales, una fama bien ganada, pues él y sus policías ayudaron a deportar a 26 mil 146 inmigrantes por medio del programa de colaboración federal-local llamado 287 (g), que ha sido censurado por sus numerosos problemas desde que entró en vigencia en 2006.

Esa cifra representa la cuarta parte del total nacional de 115 mil 841 deportados por las autoridades nacionales en 64 agencias policiales encomendadas a ayudar a aplicar las leyes de inmigración.

(EFE/Reuters/AP)

Las leyes no pueden ser sectarias
Enrique Toussaint

Las instituciones y la diplomacia vencieron en el caso Arizona

La Secretaría de Relaciones Exteriores se apunta su primer galardón tras cuatro años de ejercicio. Primero, la reacción de la secretaria, Patricia Espinosa, y del embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, demostró que los ímpetus incendiarios del nacionalismo mexicano no podían estar por encima de nuestros intereses estratégicos en un Estado que se constituye como el paso de 50% de las exportaciones de alimentos mexicanos a la Unión Americana. Segundo, las acciones de la diplomacia nacional fueron enérgicas, pero no irracionales. Sarukhán se desenvolvió en las arenas políticas de Washington, como no lo había hecho antes (al estilo Jorge Castañeda), negoció con los lobbies hispaños, se citó con el ala más extrema del Partido Republicano y finalmente mantuvo contacto directo con la Casa Blanca.

En la Unión Americana queda claro que el sistema judicial ha logrado conformar cortes estatales con contrapesos autónomos tan claros entre conservadores y liberales, que al final lo que sobresale es la lectura desideologizada de los principios constitucionales y una clara defensa de las garantías individuales universales.

Sin embargo, lo más positivo que se desprende del veto parcial aplicado por Susan Bolton, juez federal de Arizona, es la detención de las reformas antiimigrantes que se cocinaban en la mayoría de los estados del Sur de los Estados Unidos. La radicalidad del denominado Partido del Té (representantes de la extrema derecha del Partido Republicano en los estados) tiene ahora un límite: las leyes no pueden ser sectarias, o son para todo, o son inaplicables.

Reafirmar la jurisdicción única de legislar en materia migratoria de la Federación, es un paso para dar estabilidad a uno de los temas más candentes del debate estadounidense. Así, no importa si llega un Gobierno republicano ultraconservador o un gobernador demócrata liberal, el proceso para modificar las leyes migratorias necesitará el consenso de muchas instancias y no sólo del capricho de los estados con mayorías legislativas locales.

Enrique Toussaint, periodista


Satisfacción por el fallo

Secretaría de Relaciones Exteriores

El Gobierno de México reconoció los esfuerzos de la administración de Barack Obama y de las organizaciones civiles de Estados Unidos que llevaron a una corte federal a suspender de manera provisional la aplicación de la Ley SB1070 en Arizona.

Poder Legislativo

El Congreso de México celebró la decisión que suspendió la aplicación de medidas contra los inmigrantes en el estado de Arizona, aunque dijo que se mantendrá atento al proceso que busca “la suspensión definitiva” de esa legislación.

Organización de Estados Americanos

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, manifestó su alegría por la decisión de la juez Susan Bolton de bloquear los aspectos más polémicos de la ley de inmigración del Estado de Arizona.

Naciones centroamericanas

Los gobiernos de Honduras, El Salvador y Nicaragua expresaron su satisfacción por el bloqueo a los puntos racistas de la Ley SB 1070, y se dijeron a la espera de que el Gobierno de Barack Obama se decida a promulgar una nueva ley de inmigración.