• Un magistrado admitió que en ordenadores incautados a los sospechosos estaban los datos personales de Fernández y su marido

El caso se destapó en octubre cuando se conocieron supuestas prácticas de escuchas ilegales a un familiar de una víctima de atentado contra la mutualista judía AMIA

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El escándalo por prácticas de espionaje que sacude a la clase política argentina se agravó hoy después de que el juez encargado del caso apuntara que las escuchas ilegales podrían haber alcanzado también a la presidenta, Cristina Fernández, y a su esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

Tras un pedido del fiscal federal Alberto Nisman, el juez que lleva el caso detuvo al ex comisario y ex jefe de la Policía Metropolitana de la capital argentina, Jorge "Fino" Palacios, mientras que el jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, destituyó al subjefe del cuerpo, Osvaldo Chamorro.
El caso se destapó en octubre, cuando se conocieron supuestas prácticas de escuchas ilegales a un familiar de una víctima de atentado contra la mutualista judía AMIA por parte de Palacios, quien se vio obligado a renunciar a la jefatura de la Policía Metropolitana en medio de una tensa polémica entre el Gobierno capitalino y el Ejecutivo nacional.

Lejos de apagar los ecos del escándalo, la dimisión de Palacios fue la primera etapa de un proceso que ha destapado escuchas ilegales a familiares de víctimas del atentado contra la AMIA, que en 1994 causó 85 muertos, así como a políticos y periodistas, y que, según las últimas revelaciones del juez del caso, podría incluso afectar a la mandataria y su esposo.

"También parece que habría datos personales de nuestra presidenta y de su esposo. Vamos a investigar todo", sostuv

El magistrado aclaró que la investigación "todavía no está completa", pero admitió que en ordenadores incautados a los sospechosos "también estaban los datos personalísimos" de Fernández y su marido.

El asunto es "extremadamente delicado", apuntó en declaraciones a emisoras locales, aunque matizó que es necesario que la Secretaría de Inteligencia del Estado (servicio secreto) confirme las sospechas.

Según medios locales, en las computadoras de la agencia controlada por Palacios se habría encontrado información sobre la situación patrimonial y financiera de políticos, sindicalistas, periodistas (como el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre) y hasta funcionarios del Gobierno de la ciudad, como el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

El fiscal ampara la orden de detención en las escuchas ilegales instrumentadas por Palacios a Sergio Burstein, familiar de una de las víctima del atentado de la AMIA.

Nisman considera que el ex funcionario incurrió en delitos de violación de la intimidad, abuso de autoridad como jefe de la Policía Metropolitana y falsificación de documentos públicos.

El caso se complicó aún más la pasada semana, cuando Néstor Leonardo, uno de los cuñados de Macri, resultó herido leve al ser atacado en las puertas de su casa un día después de acusar al alcalde de "hostigamiento" y de intervenciones ilegales de sus teléfonos al ser citado como testigo por el juez Oyarbide.

El magistrado mantiene procesado y detenido a Ciro James, antiguo agente de la Policía Federal y funcionario del Ministerio de Educación de Buenos Aires, que aspiraba a formar parte de la Policía Metropolitana que Macri pretende poner en marcha el 10 de diciembre próximo.

El alcalde impulsó la creación de esta fuerza de seguridad tras el fracaso de sus gestiones con el Gobierno nacional para que traspasara parte de la Policía Federal a la órbita de la capital argentina con sus fondos correspondientes, que rondan unos 250 millones de dólares anuales.

Tras el estallido del escándalo, Macri, ex presidente del popular club de fútbol Boca Juniors, se declaró víctima de maniobras políticas de quienes se oponen a la Policía Metropolitana.

Para el analista político Jorge Arias, de la consultora Polilat, "Macri ha cometido otro yerro de principiante político que lo está dejando, junto a su escasa capacidad operativa en la ciudad, al costado del camino, al menos de la discusión política más grande en Argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2011" .

En la legislatura porteña, las reacciones no se han hecho esperar: el legislador opositor Juan Cabandié no descartó pedir un juicio político contra el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, por considerar que "es el responsable político del accionar tanto de Chamorro como de Palacios" .