WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La mayor coalición sindical de Estados Unidos pidió hoy al gobierno del presidente Barack Obama crear una comisión de supervisión para garantizar que la aplicación de leyes migratorias no afecte los derechos laborales de indocumentados.  

Un estudio de la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) documentó que el actual gobierno heredó de la era del hoy ex presidente George W. Bush políticas dirigidas a disuadir a los empleados indocumentados de reclamar sus derechos laborales, a través del temor a la deportación.  

'El mensaje que envían (esas políticas) es: ‘no te quejes, vas a ser deportado si te quejas’. Y ese es el gran problema', dijo Ana Avendaño, coautora del estudio en el que se analizan algunas quejas laborales de indocumentados presentadas en los últimos ochos años.  

Avendaño y la otra coautora, Rebecca Smith, aseguraron que las políticas del desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y de la actual Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales muestran que los trabajadores que buscaron defenderse terminaron deportados.  

Las investigadoras indicaron que más allá del número total de casos existentes a nivel nacional, lo grave de la situación es el efecto de desaliento que generan esas políticas en el resto de la población indocumentada interesada en exigir sus derechos laborales.  

Una de las quejas involucró al centroamericano Josué Díaz, de 18 años, quien vivía en Nueva Orleans y fue contratado para trabajar en Texas después del huracán Ike.  

Díaz denunció que él y otros trabajadores hispanos fueron tratados 'de manera racista' por sus empleadores, alojados en carpas dentro de una refinería, rodeados de sustancias tóxicas y sin ninguna protección laboral.  

'Ellos (los anglosajones) tenían mascarillas y guantes. Era una discriminación total', dijo el joven en la presentación del estudio en las oficinas generales de la AFL-CIO en Washington.  

Cuando los trabajadores se quejaron ante el empleador, éste llamó a la policía y autoridades migratorias. Díaz pasó cuatro meses recluido en un centro de detención en Beaumont, Texas. En la actualidad tiene una orden de deportación por reclamar el pago de 250 dólares.  

Avendaño y Smith indicaron que el caso de Díaz es ilustrativo de la situación actual, ya que los inmigrantes indocumentados enfrentan cárcel y deportación, mientras que los empleadores por lo general sólo pagan multas.  

'Lo asumen como el costo de hacer negocios', señaló Avendaño, quien expresó su expectativa que este tipo de casos sean reconsiderados por el gobierno de Obama y reconoció que durante los últimos meses no se han presentado casos similares.  

Smith coincidió en que durante el gobierno de Obama se han suspendido las operaciones migratorias 'estilo militar', pero indicó que aún no se corrigen en su totalidad las políticas que desalientan a los inmigrantes indocumentados de reclamar sus derechos.  

El estudio pide por ello que el gobierno establezca una comisión para garantizar que la aplicación de leyes laborales no afecte los derechos laborales de los indocumentados, como el derecho a asociarse, defender sus ingresos y condiciones laborales.  

Asimismo, pidieron que la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE) reviva la política de no interferir en disputas laborales, y que las prerrogativas de los indocumentados incluyan el derecho a formar sindicatos y negociar contratos colectivos de trabajo.  

Un memorando del INS de 1988 estableció que cuando un trabajador se queje de infracciones laborales, el Departamento del Trabajo no debería revisar las autorizaciones laborales ni indagar sobre el estado migratorio de quienes han presentado las quejas.  

"En suma, debe existir un mejor equilibrio de comunicación entre los organismos migratorios y laborales, y ello comienza acatando la política ya existente, lo cual no está ocurriendo, lamentó otra de las coautoras, Julie Martínez Ortega.