• Baltasar Garzón

El funcionario judicial es objeto de querellas en su contra que podrían llevarlo a sentarse en el banquillo de los acusados

MADRID, ESPAÑA.- Van a por el superjuez y además quieren que se note. La Sala Penal del Tribunal Supremo ya ha pronunciado su “sentencia”. La reapertura de la investigación sobre las remuneraciones del juez en Nueva York, archivada tres veces, una por la propia Sala Penal, no deja lugar a dudas. Ya no se trata de un par de avisos.

Nunca antes la Sala de lo Penal había machacado así a un juez, tramitando contra él querellas en cadena.

Baltasar Garzón, el magistrado de la Audiencia Nacional que ha enviado a prisión a más de un millar de etarras, que retiró de la circulación a los GAL y ordenó la prisión de Augusto Pinochet, puede acabar los próximos días en el banquillo por querer investigar el franquismo.

El magistrado instructor del Supremo, Luciano Varela, es quien tiene en sus manos el futuro de Garzón. Cuando era juez de instrucción de Pontevedra en 1985, Varela condenó a un funcionario que consideraba que el derecho de huelga era “contrario a los Principios Fundamentales del Movimiento”.

De ahí a convertirse en el posible aliado del franquismo residual para sentar en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de Franco median 25 años de magistrado, una trayectoria de radicalismo izquierdista y un ego tan desmedido como el de su famoso imputado, el juez Baltasar Garzón.

Fundador y líder de primera hora de Jueces para la Democracia (JpD), Luciano Varela fue pronto conocido entre sus compañeros como “O guerrilleiro”, por la radicalidad de sus posiciones. Eran los años 80 y en los congresos de JpD, Varela acusaba al entonces Gobierno de Felipe González (PSOE), de “no defender los principios y garantías constitucionales”, o tildaba al Consejo del Poder Judicial de ser proclive a “desencadenar los mecanismos disciplinarios”. En alguno de sus informes se pasó tanto que ni siquiera los sometieron a votación.

Pese a su crítica a los “mecanismos disciplinarios”, salió bastante bien librado en las ocasiones en que pasó por el Poder Judicial.

Por ejemplo, en 1990, cuando fue denunciado por el fiscal de Galicia por menospreciar a los fiscales en sus sentencias. Varela les criticaba por su “falta de seriedad de la acusación”, les reprochaba “serias faltas de calidad jurídica” o les atribuía “una sorprendente inercia burocrática”.

El Poder Judicial apenas le dio un ligero tirón de orejas por “criticar gratuitamente” la actuación de los fiscales. Tampoco es que los fiscales tengan mejor opinión de él: “Es muy dictadorcito”, aseguran los del Supremo.

Que se sepa, Luciano Varela y Baltasar Garzón sólo han tenido un punto de contacto en toda su carrera. En 1989, un recluso de la prisión de Pontevedra, Ricardo Portabales, denunció que su cabeza tenía precio. Sus revelaciones sobre el narcotráfico al juez Luciano Varela habían trascendido a la opinión pública.

Ninguna de las fuentes consultadas, sin embargo, sitúan en este episodio la inquina de Varela por el juez al que ahora puede sentar en el banquillo. (El País)

El juez español, Baltasar Garzón, ofreció la conferencia magistral:“Justicia universal, ¿un mundo sin miedo?”, en la sede del Museo Casa Chihuahua.

Telón de fondo

Ingresos en Nueva York

En junio de 2008, Luciano Varela fue designado ponente de una querella montada a partir de un libro de investigación que atribuía a Baltasar Garzón haber cobrado 1.7 millones de dólares por sus actividades docentes en Nueva York, como contraprestación por el archivo de una querella contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín.

La querella era tan burda y las cantidades estaban tan infladas que Varela tuvo que rechazar los delitos de prevaricación y cohecho.

Pero en vez de detenerse ahí, buceó sinuosamente entre las remuneraciones de Garzón como profesor invitado de la Universidad de Nueva York y dio traslado al Poder Judicial, apuntando que Garzón habría incurrido en “falta muy grave” al no notificar al Poder Judicial que iba a percibir una “nómina”. Una falta que podría haberle costado la suspensión de funciones.