Viernes, 29 de Marzo 2024
Internacional | Tragedia ferrocarrilera en Argentina

El conductor del tren afirma que fallaron los frenos

El maquinista Marcos Córdoba asegura que dio aviso a sus superiores, pero que le ordenaron continuar el viaje

Por: EL INFORMADOR

El sistema ferroviario ofrece un servicio deficiente y muestra un gran descuido, a pesar de los subsidios gubernamentales.  EFE  /

El sistema ferroviario ofrece un servicio deficiente y muestra un gran descuido, a pesar de los subsidios gubernamentales. EFE /

BUENOS AIRES, ARGENTINA (26/FEB/2012). - El maquinista del tren estrellado el  miércoles en la capital argentina, que dejó un saldo de 51 muertos y 703 heridos, dijo ante la justicia que los frenos del convoy fallaron, informó una  fuente judicial.

Marcos Córdoba, de 28 años, sostuvo que accionó dos veces el freno del tren y éste no funcionó; aseguró que dio aviso a sus superiores de que el sistema estaba fallando pero que recibió la orden de continuar el viaje que terminó con una de  las mayores tragedias ferroviarias ocurridas en Argentina.

“En cada estación le avisaba por la radio al controlador de tráfico que  tenía problemas en los frenos. Del otro lado me respondían ‘seguí, seguí,  seguí’”.

Tras brindar sus declaraciones, el maquinista quedó libre “porque no hay peligro de fuga y no hay posibilidades de que entorpezca la investigación”.

El maquinista, que fue rescatado por bomberos de entre los hierros retorcidos de su cabina y hospitalizado con heridas cortantes en su rostro y politraumatismos, consideró que se produjo una falla mecánica porque “cuando se acciona el freno  hay una válvula que hace ruido y él no lo escuchó”.

A Córdoba se le investiga por el supuesto delito de “estrago culposo” (sin  intención de producir daño) delito para el que se prevé una pena de seis meses a tres años de prisión.

El accidente se produjo el miércoles pasado, en plena hora pico matutina, cuando un convoy con ocho vagones procedente de la localidad bonaerense de Moreno se estrelló contra un andén de la estación Once, una de las tres más importantes de Buenos Aires.

El secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi, dijo que existen grabaciones de los diálogos entre el maquinista y el  controlador y que serían aportadas a la justicia.

En tanto, las denuncias de los trabajadores ferroviarios por el mal estado de los trenes y las críticas ciudadanas arrecian.

Éstas últimas se centran en el operativo de emergencia organizado tras el accidente, con demoras en la entrega de información a los familiares sobre el destino de los heridos y la identificación de los cadáveres.

Esa situación derivó en un angustioso deambular de familiares por hospitales y morgues en búsqueda de pasajeros desaparecidos.

De hecho, aún se desconoce el paradero de Alberto José Ojeda, que figura en la nómina de heridos pero no ha sido localizado por su familia en los hospitales.

El Gobierno ha resuelto presentarse como querellante en la causa judicial abierta por el siniestro y crecen los rumores sobre una posible intervención a la empresa TBA, concesionaria del servicio ferroviario de cercanías que parte de Once y que recibe millonarios subsidios por parte del Estado.


TELÓN DE FONDO

El costo de un mal servicio


La tragedia ferroviaria que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos demostró el fracaso de la privatización de los trenes en Argentina.

El servicio de trenes fue uno más de los tantos que se otorgaron en concesión a mediados de los años noventa, cuando el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) aplicó los postulados neoliberales que reducían el papel del Estado a su mínima expresión. 

Hasta ese momento, Argentina contaba con la red de trenes más amplia de América Latina y empleaba a 19 mil trabajadores, pero sufría un déficit diario de un millón de dólares, por lo que las promesas de mejorar el servicio fueron la base para su privatización. 

En 2002, cuando ya era claro que las privatizaciones no habían mejorado el servicio, se aprobó la Ley de Emergencia Ferroviaria para subsidiar a las empresas en medio de la grave crisis económica que sufría el país. 

Aunque las condiciones económicas mejoraron desde entonces, el Gobierno siguió mantuvo los subsidios, que, entre 2003 y 2008 pasaron de 4.9 a 60 millones de dólares mensuales, con la renovada promesa de que el servicio mejoraría.

Nada de ello ocurrió, y casi dos décadas después de que los trenes pasaran a manos privadas, el déficit diario asciende a 3.5 millones de dólares en un servicio que humilla a pasajeros que viajan encimados, con asientos y ventanas rotas, retrasos y cancelaciones.

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