En días pasados se dio a conocer por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura federal, Norma Lucía Piña Hernández, que derivado de una denuncia anónima presentada el día 9 de abril, ordenó que se realice una profunda investigación en contra de ex colaboradores de su predecesor, el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por la presunta comisión de hechos irregulares que vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros, quienes a decir de la denuncia, ejercieron presión, extorsión y amenazas en contra de jueces para que resolvieran en determinado sentido los asuntos que conocían a cambio de recibir beneficios políticos, económicos y adscripciones favorables.Para sorpresa de nadie, en un ejercicio de creatividad que comparte con todos los políticos que denuncian por actos de corrupción, Zaldívar ha manifestado que no se trata de una cuestión jurídica sino política, al haberse presentado la denuncia sin pruebas y con el simple afán de influir en la elección, lo que considera como “una cacería de brujas” e incluso afirma que la denuncia fue elaborada al interior del Poder Judicial de la Federación y obedece a la agenda política de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el ánimo de apoyar a la candidata Xóchitl Gálvez.Sobre las manifestaciones realizadas por Zaldívar, debemos notar que gran parte de su argumento para aseverar que se trata de una cuestión política lo basa en que la denuncia fue presentada de manera anónima, como si lo anterior fuera un argumento suficiente para desestimar el hecho de que durante el tiempo en el que presidió la Suprema Corte de la Nación, mantenía una red perfectamente estructurada al interior del Poder Judicial por medio de la cual violentaba sistemáticamente la independencia de jueces y magistrados, hecho que se puede corroborar de una forma por demás sencilla, basta recordar lo declarado por el Presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina de fecha 21 de febrero, quien abiertamente expresó que durante la presidencia de Zaldívar intervenía en las determinaciones judiciales y lo hacía precisamente por conducto del mismo ministro presidente.Valdrá la pena darle seguimiento a la postura que adopte el ministro en retiro tras la denuncia pública realizada por la magistrada integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con sede en Zapopan, la doctora Elba Sánchez Pozos en la que expuso que efectivamente existe una red orquestada por Zaldívar a quien acusa de haber cometido abuso de función, actuar bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, obstrucción de la justicia, notoria ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones, así como no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función jurisdiccional. Finalmente, debemos señalar que a nadie sorprende ni el contenido de la denuncia ni el posicionamiento del ministro en retiro, pues es por todos bien sabida la opacidad, corrupción y nepotismo con la que actúan una minoría de servidores públicos dentro del Poder Judicial de la Federación. Lo novedoso sería que alguno de los denunciados tenga consecuencias reales y no simplemente los inviten a retirarse a quienes continúan siendo servidores públicos y con ello dar por terminada la investigación, tal como ha sucedido previamente con ex magistrados acusados de actos de corrupción, quienes tras el retiro viven una vida de lujos inexplicables con los sueldos que percibieron durante su desempeño al interior del Poder Judicial.
