• Busca fomentar la edición, distribución y comercialización del libro

La nueva Ley del Libro fue aprobada el pasado 30 de abril.

GUADALAJARA.- La nueva Ley del Libro aprobada el pasado 30 de abril tiene como finalidad la generación de una serie de políticas, programas y proyectos promotores de la lectura. Busca fomentar la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas, así como el apoyar el establecimiento y desarrollo de nuevas librerías, bibliotecas y espacios públicos y privados para la lectura y difusión de los libros. Al fomentar la cultura y el hábito de lectura en un país caracterizado por sus bajos niveles de lectura y su precaria preparación intelectual, este nuevo marco busca un fin social. Sin embargo, además de las deficiencias ya mencionadas en la entrega anterior, la nueva Ley del Libro tiene medidas inviables a superar, tales como las asignaciones de gasto para dar funcionalidad a la estrategia de fomento para el libro y la lectura y la de obligar a las instituciones oficiales a destinar una parte de su presupuesto para programas de capacitación y distintas actividades que debe llevar a cabo el gobierno federal. Otro reto es sacar adelante el precio único, sobre todo ante quienes consideran que esta medida atenta contra las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Competencia Económica, ya que se equiparó a una práctica monopólica absoluta.

En 1973, Argentina ya tenía una ley del libro, al igual que Colombia, Chile Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, Perú y República Dominicana, es decir, México se había rezagado en el contexto americano. Siete años antes, la UNESCO había creado organismos especializados en cada región geográfica del mundo para atender el desarrollo del libro y la lectura. En 1969, Colombia fue elegida como sede del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina (Cerlalc). En 1971, México había firmado ya el acuerdo de adhesión con los demás países latinoamericanos para el “Desarrollo del Libro y la Lectura”. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando México aprobó una ley del libro. La exposición de motivos de los proyectos que constituyeron dicha ley, en materia de precio al público, proponía que fuera fijado de acuerdo al salario de los mexicanos. Ocho años después, el mercado y los procesos globales nos han llevado a adoptar un precio único. Como ya hemos dicho en anteriores entregas, el precio único genera una competencia en el terreno del servicio y no en el terreno del descuento. Como bien señala Grabriel Zaid, actualmente Gandhi puede darse el lujo de no saber lo que tiene en su página de internet, ni por teléfono, fax, correo electrónico, vamos, ni yendo a preguntar, por la sencilla razón de que no necesita competir en servicio.

Por su parte, Markus Gerlach, en su obra ¿Cómo proteger el libro? (2003), subraya cinco elementos favorables del precio único: la preservación de una densa red y variada de librerías, garantizándoles márgenes mínimos al evitar una guerra de precios; la restricción de la subida de precios y desaparición de títulos difíciles o de rotación lenta con un mejor tiraje; la garantía en la variedad de la oferta editorial que constituye por definición un objetivo cultural innegable; la permanencia de una serie de servicios de los que se benefician tanto editores como lectores; y finalmente, el impulso del traspaso internacional de la cultura y del saber. Sin embargo, el reto principal de la ley es su publicación, pues no termina de quedar claro si son las condiciones del mercado mexicano del libro las adecuadas para impulsar mecanismos como el precio único. La respuesta será su publicación o no por parte del Presidente de la República.