Sin políticas contra la trata de blancas

Como un problema ligado a las redes del narcotráfico se presenta el delito de la trata de blancas, es decir el tráfico entre fronteras y dentro del mismo país de mujeres y niñas que en todo el mundo asciende a cuatro millones de seres destinados a ejercer el comercio sexual.

Existe una Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), y de acuerdo a la representante de esta organización no gubernamental en nuestro país, se encuentran en situación de comercio sexual forzado al menos medio millón de mujeres y menores mexicanos. Este problema ha sido relegado por las autoridades como muchos otros, a lo mejor porque están muy ocupadas haciendo negocios al amparo del poder, pero sin embargo, el fenómeno crece diario, por ello algunos grupos demandan un marco legal que criminalice la demanda y no a las víctimas.

Las distintas organizaciones que intervienen en la prevención de la trata de personas consideran a la legislación mexicana como ineficiente, ya que impide perseguir al delito, se considera que se deben aplicar medidas legislativas para disminuir la demanda, porque el que compra es el que detona la demanda y es la razón por la que existe la cadena de explotación.

En tal sentido, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento, aprobado hace algunos días, impide la persecución del delito, ya que se plantea que el consentimiento de la víctima diluye el delito, lo que va en contra de algunos de los convenios internacionales que ha firmado México, en los que se considera que quien comete un delito es culpable aunque haya consentido la víctima. La Convención 49 es la mencionada como el instrumento legal ratificado por México, que señala que quien comete un delito no tiene atenuantes porque la víctima haya consentido.

El sistema penal mexicano no protege a las víctimas porque ya sabemos que el presunto criminal puede negar lo que se le imputa y entonces la carga de la prueba recae sobre la víctima, quien debe mostrar que fue engañada y forzada, lo cual es muy difícil, una vez que sucede el abuso.

Según cifras dadas a conocer por CATWLAC, se estima que el comercio sexual en América Latina deja ganancias que representan 17% del Producto Interno Bruto (PIB) en la región y se prevé que con la situación económica tan deteriorada este tipo de comercio aumentará.

En nuestro país, lo dicen propios y extraños, no hay cifras de esta actividad, parece que a ningún sector del Gobierno le interesa combatir la trata de blancas. El Gobierno maneja estadísticas del año 2000, por ello, las organizaciones preocupadas por la trata de personas esperan instalar observatorios ciudadanos que puedan contar con números reales que permitan un análisis riguroso de la situación para proponer políticas eficientes que en este momento no existen y cuya ausencia perjudica a las víctimas de la explotación sexual.

MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
Correo electrónico: marthaggonzalez@yahoo.com.mx