• Con esta normatividad, afirma, se libera el enorme potencial del sector privado

Gobierno mexicano refirma su compromiso con reformas estructurales, informa

CIUDAD DE MÉXICO (12/FEB/2012).- Con la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) el gobierno federal reafirma su compromiso con las reformas estructurales que México necesita, mediante una mejor plataforma jurídica que detonará inversiones sin precedentes, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con esta normatividad, afirma, se libera el enorme potencial del sector privado tanto en el diseño como en la ejecución de operación de grandes proyectos de infraestructura.

Lo anterior, además de proveer las herramientas necesarias para afrontar los retos del país en materia económica y con ello generar un mayor desarrollo económico al facilitar las relaciones comerciales, la productividad y la actividad económica en general, estableciendo un marco jurídico que brindará más transparencia y más certeza para todos.

Destaca que la inversión en infraestructura es un factor fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleos, que tiene un impacto directo en la demanda agregada durante el periodo de la construcción y genera mayor productividad y competitividad en la economía en el mediano plazo.

En el Informe Semanal de su Vocería, la SHCP señala que desde el inicio de la actual administración, el gobierno federal ha impulsado la inversión pública en infraestructura para alcanzar mayor crecimiento económico y generar más y mejores empleos para los mexicanos.

Precisa que la inversión física realizada por el sector público creció 15.4 por ciento real en promedio anual durante 2007-2011 y 1.1 por ciento real en enero-diciembre de 2011 con relación a igual periodo de 2010.

Esas tasas están muy por arriba de las registradas en los dos sexenios anteriores al actual, donde en sus cinco primeros años la inversión física registró un decrecimiento promedio anual de 3.6 por ciento real (1995-1999) y aumento de 4.4 por ciento real (2001-2005), abunda.

La dependencia federal subraya que la inversión impulsada por el sector público (inversión física presupuestaria más la realizada por terceros a través de proyectos Pidiregas) creció a un ritmo de 6.0 por ciento real en promedio al año en 2007-2011 y 0.7 por ciento real a diciembre de 2011 comparado al mismo periodo de 2010.

Con esto, reporta que en los cinco primeros años de la actual administración federal, la inversión impulsada por el sector público es mayor en 31.6 por ciento en términos reales a la observada durante 2001-2006.

De igual forma, añade, durante los últimos cinco años la inversión impulsada por el sector público federal para el desarrollo de la infraestructura ha sido la más alta desde 1990 no sólo en términos reales sino también como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) y del gasto programable total.

Pese a ello, aclara que existe la necesidad de seguir impulsando un mayor financiamiento de la inversión en infraestructura con recursos del sector privado, con base en un mejor y más eficiente marco jurídico para poder superar el rezago en la competitividad de la infraestructura con relación a países desarrollados, así como a otras economías emergentes.

Reconoce sin embargo que algunos instrumentos legales vigentes bajo los cuales se basan actualmente las Asociaciones Público-Privadas son poco flexibles en cuanto a la modificación de los contratos a lo largo de la vida del proyecto y solución de controversias, y por lo tanto, no ofrecen la certeza jurídica que requieren las diferentes partes involucradas.

Derivado de ello, el 15 de enero pasado se firmó el decreto que expide la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), que constituye un instrumento jurídico integral que impulsará la construcción de nueva infraestructura, proyectos tecnológicos y de innovación orientados al aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo económico.

Este nuevo ordenamiento jurídico regulará también los esquemas de asociación de largo plazo entre instancias del sector público y el privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado, agrega.