Otorgan amparo a Cemex Venezuela contra protesta de ex trabajadores

CARACAS, VENEZUELA.- Un tribunal civil dictó un amparo a favor de Cemex Venezuela y ordenó a un grupo de ex trabajadores retirarse de sus instalaciones en la planta de Pertigalete, en el oriental estado Anzoátegui, que tomaron el lunes pasado de manera ilegal.

La filial de la empresa cementera mexicana dijo hoy en un comunicado de prensa que desde el martes, un tribunal de primera instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del estado Anzoátegui dictó un amparo a su favor ante la toma de sus instalaciones.

'Esta acción judicial pone fin al cierre ilegal generado por un grupo de ex trabajadores de Cemex Venezuela, una vez que las autoridades competentes ejecuten la orden del tribunal", añadió el texto.

Cemex Venezuela precisó que la ejecución inmediata de la medida, dispuesta por el tribunal, corresponde a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo.

La firma negó la aseveración del diputado Edgar Carrasco, según el cual, Cemex "reconoció una deuda con el grupo de ex trabajadores y llegó a un acuerdo con el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui" para pagar ese supuesto adeudo.

Cemex exigió al legislador que "de existir un documento que avale sus afirmaciones lo muestre", y resaltó su extrañeza de que un tema laboral se plantee fuera de la Inspectoría del Trabajo y los tribunales laborales.

La toma "ha generado fallas en la distribución de nuestros productos y de continuar este hecho, afectará la ejecución de obras públicas y privadas que son atendidas desde esta planta, y podría poner en peligro el buen funcionamiento de las instalaciones", admitió.

La empresa advirtió que la ocupación limita el derecho al trabajo de los 650 trabajadores que laboran en Planta Pertigalete, y la labor de mil 200 transportistas que distribuyen sus productos.

Cemex Venezuela reiteró que continúa abierta al diálogo con los ex trabajadores "en la búsqueda de una solución social".

En la actualidad hay un proceso de negociación con miras al pago de una indemnización, luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó en junio la constitucionalidad de un decreto ley del presidente Hugo Chávez que nacionalizó la industria cementera venezolana.

En abril pasado, Chávez ordenó la nacionalización de esta rama de la industria, en la que operaban desde la década de 1990 la mexicana Cemex, la francesa Lafarge y la suiza Holcim.