En la calle Libertad, en la colonia Nuevo Potrero, en El Salto, cinco personas murieron en los últimos años por cáncer y complicaciones en los riñones, lamenta Enrique Enciso, fundador de la asociación Un Salto de Vida. “Estamos enfermos por lo que se respira, por lo que se come”.Enrique reconoce que no puede asegurar que las enfermedades que padecieron sus amigos o vecinos fueron por la contaminación del río Santiago, el cual se encuentra a escasos 500 metros de la entrada de su casa, pero apunta que “no hay otra explicación”. Los que fallecieron no superaban los 35 años de edad.Adán Flores, fundador de Un Salto con Destino, una asociación dedicada al apoyo y la gestión de recursos para enfermos en el municipio, afirma que a partir del 2020 cada vez más personas llegan a sus puertas a pedir ayuda ante padecimientos como cáncer de mamá, cervicouterino y también pacientes con enfermedades renales.Actualmente, la asociación atiende a 210 enfermos de cáncer y 140 con padecimientos en los riñones, de los municipios de El Salto y Juanacatlán.La ayuda que ofrece son terapias psicológicas, psiquiátricas, acompañamiento en consultas de medicina general, entrega de despensas y medicamentos donados por asociaciones privadas y farmacéuticas.Se buscó entrevista con la Secretaría de Salud para conocer los avances, pero no se ha concretado.La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que tiene registradas 159 industrias que descargan sus aguas residuales al río Santiago, ubicadas en distintas zonas del municipio de Ocotlán, Jalisco. Además de la presencia de dos corredores industriales; uno que inicia en el parque industrial de Guadalajara y que recorre la carretera a El Salto y la Capilla, y el otro que se encuentra en el Anillo Periférico, en el cual existen 280 descargas, de las cuales 266 son vertidas en el río Santiago.También indicó que, de 2018 a 2020, realizaron 27 visitas de inspección a empresas de los giros automotriz, tequilera, alimentos, química, metal-mecánica, entre otros, de las cuales, cuatro fueron realizadas a plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en los municipios que conforman la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, de las que destaca que en 59% de las visitas realizadas se identificaron irregularidades en el cumplimiento de la normatividad ambiental federal y 75% de los procesos administrativos estaban abiertos.Sin embargo, no emitió ninguna sanción debido a que “de los procedimientos administrativos, instaurados a través de la representación en el Estado de Jalisco, no se desprenden elementos para que este órgano desconcentrado pueda presentar acción colectiva en contra de particulares con motivo de descarga de aguas residuales en cuerpos de aguas nacionales, ello toda vez que solamente uno cuenta con resolución condenatoria, misma que no se encuentra firme dado a que se encuentran corriendo los plazos que tiene el inspeccionado para presentar los medios de impugnación correspondientes y los restantes fueron resueltos sin lugar a sanción o se encuentran en trámite”.Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no consideró lo anterior como un argumento válido para no ejercitar dicho acto, ya que la Procuraduría cuenta con facultades para revisar y sancionar.El Gobierno del Estado dio a conocer que en 2022 comenzó la construcción de dos nuevos hospitales regionales para dar atención a la Área de Intervención Prioritaria: Ocotlán y El Salto. Vale la pena destacar que el primer entregable de ambos hospitales serán las unidades de hemodiálisis. “Esto buscando disminuir el tiempo de recorrido del paciente para acceder a atención de especialidad a través del sistema de referencia y contrarreferencia, equilibrando además con ello, la ocupación de estos servicios en los hospitales metropolitanos”.Según el Gobierno estatal, las unidades comenzarán a operar en este año. “Se pondrá en función cinco sillones en cada uno de estas unidades, se han invertido 50 millones de pesos en el equipamiento, y se ha destinado cuatro millones de pesos para asegurar las primeras cuatro mil terapias de hemodiálisis, inmediatamente después de terminar los procesos administrativos para la obtención de los permisos federales”.Y desde junio de 2020 opera el Consejo de Cuenca del Río Santiago, el cual es presidido por el Gobierno del Estado de Jalisco gracias a la asignación de recursos estatales, con más del 60% del presupuesto.Entre los avances con la reactivación, resaltan la colaboración interinstitucional e intersectorial, entre la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Estatal del Agua, así como actores académicos y privados, “para lograr fortalecer la política hídrica en el territorio de Jalisco que pertenece a la subregión hidrológica del río Santiago.Entre sus principales logros destacan la integración del “Programa Hídrico Regional 2021-2024 para la Región Hidrológico-Administrativa VIII Lerma Santiago Pacífico”, un documento de planeación que establece los objetivos principales de la política hídrica en las tres principales regiones hidrológicas de Jalisco, y define un catálogo de proyectos prioritarios alineados a los programas de Gobierno del Estado. “El seguimiento de este programa será coordinado desde los Consejos de Cuenca”, se remarca en el último informe gubernamental.SABER MÁSEl Gobierno estatal delimitó que el Área de Intervención Prioritaria (AIP) de la estrategia está conformada por la subcuenca del río Zula y la cuenca alta del río Santiago, con una superficie de cuatro mil 201 kilómetros cuadrados, distribuidos en 18 municipios, con una población estimada de cuatro millones 053 mil 816 habitantes, que representan cerca de la mitad de la población total de Jalisco. “En esta AIP se aterriza la estrategia a través de seis componentes que cuentan con un objetivo particular, que a su vez se desagrega en áreas de acción detalladas en las que colaboran distintas coordinaciones y dependencias, según la naturaleza de las mismas”. Hasta diciembre de 2022, en Jalisco operaban 105 plantas de tratamiento dentro de la norma; la cifra más alta desde 2017, de acuerdo con datos publicados por MIDE Jalisco. En el detalle de la información se da cuenta que los espacios operan en 64 de los 125 municipios del Estado; es decir, en el 51% de las demarcaciones. Los municipios con más plantas de tratamiento son Puerto Vallarta (5), Chapala (4), Ixtlahuacán de los Membrillos (4), Tlajomulco (4), Zapopan (4), Atenguillo (3), Guadalajara (3), Jocotepec (3), Mixtlán (3), Tenamaxtlán (3), Tuxcueca (3) y Zapotlanejo (3).Los que tienen dos plantas de tratamiento son Arandas, Cihuatlán, Jamay, La Huerta, Lagos de Moreno, Poncitlán, Tapalpa, Tepatitlán, Tizapán El Alto, Tonalá, y Zapotlán El Grande.Con una figuran Acatic, Acatlán de Juárez, Amacueca, Amatitán, Ameca, Atotonilco El Alto, Atoyac, Ayutla, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Concepción de Buenos Aires, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Salto, Etzatlán, Gómez Farías, Huejúcar, Jalostotitlán, Jesús María,Jilotlán de los Dolores, Juanacatlán, La Barca, Magdalena, Mexticacán, Ocotlán, San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel El Alto, Tala, Talpa de Allende, Tequila, Tomatlán, Tototlán, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Villa Corona, Villa Hidalgo y Yaualica. TELÓN DE FONDOUna de las peticiones más recurrentes de los ciudadanos es conocer con exactitud cuántas personas que habitan en la cuenca tienen enfermedad renal. Al respecto, el Gobierno estatal detalló en su último informe que, a través de la Secretaría de Salud, se ha implementado un sistema de información con base poblacional, “el cual permitirá contar con un panorama real de las personas a las que se les ha realizado un diagnóstico de enfermedad renal crónica, su ubicación geográfica y otras características epidemiológicas que faciliten la identificación de posibles factores de riesgo y una mejor planeación de los servicios para su atención, lo anterior, indistintamente de la institución en la que se lleve a cabo”.Además, en noviembre pasado, Bárbara Casillas, coordinadora Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, dio a conocer que todavía no está listo el tamizaje en la zona, el cual busca detectar enfermedades en menores. Esto, dijo, porque la pandemia retrasó los procesos que se llevaban a cabo para realizar el análisis en población escolar de entre 5 y 15 años.Debido a la polución que arrastra el Río Santiago, hay recomendaciones estatales, nacionales e internacionales dirigidas a las autoridades con motivo de mejorar la situación de salud en la zona.A nivel estatalEn el ámbito estatal sobresale la Recomendación 1/2009 emitida el 27 de enero de ese año por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), dirigida al Ejecutivo del Estado de Jalisco, en la que se le solicitó el cumplimiento de 100 puntos, a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas, con 68 puntos a cada uno; a organismos como la Comisión Estatal del Agua, con 13 puntos; y al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con 24 puntos. Para conocer la actualización del avance de cada punto se solicitó una entrevista con la CEDHJ, pero no se concedió.A nivel estatal nacionalLa Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 134/2022 a las personas titulares de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y de Salud, Jorge Alcocer Varela; al comisionado ederal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Ernesto Svarch.Pérez; al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo; a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza Vera; así como al gobernador del estado de Jalisco, y a las personas que integran los ayuntamientos de El Salto, Juanacatlán, y Poncitlán, de dicha entidad, por violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y saneamiento, a la salud y al principio del interés superior de la niñez, derivados de la contaminación del río Santiago.El 7 de febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, a raíz de la contaminación ambiental en el río Santiago y el lago de Chapala.Para tomar su decisión, la Comisión observó con preocupación los estudios aportados por los solicitantes acerca de la contaminación y su efecto nocivo en los habitantes. “Tales estudios demuestran altos porcentajes de indicios de enfermedades renales, presuntamente derivadas de la exposición a contaminantes presentes en el río Santiago y sus entornos, además de la detección de pesticidas en la orina de niñas y niños. Asimismo, se indicó que 28 personas habrían fallecido debido a enfermedades renales crónicas desde 2003, incluyendo una persona a mediados de 2019”, se detalló en el comunicado de prensa emitido para hablar de la recomendación. Al respecto, el Gobierno estatal acudió a responder por los señalamientos. El tratamiento de agua en el río Santiago es considerado por expertos como una simulación por parte del Gobierno de Jalisco, pues mientras las plantas tratadoras con las que se cuenta sólo limpian los desechos de origen orgánico, continúa pendiente la limpieza de metales pesados, químicos de empresas y una política de saneamiento de cero descargas.José Antonio Gómez Reyna, profesor investigador del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y Especialización en Energía y Agua de la Universidad de Guadalajara, señaló que la situación que aqueja al río Santiago y a la población de la periferia de la cuenca se ha politizado a un punto en el que el eje central de la política para su saneamiento dejó de ser el bienestar de los vecinos. “Existe mucha investigación que nos dice qué tipo de contaminantes hay en el río... pero sólo atacan los que provienen del ser humano”, apuntó.Se niegan a atender la problemáticaRaquel Gutiérrez Nájera, presidente del Instituto de Derecho Ambiental en Guadalajara, aseguró que la problemática de contaminación que padece el río Santiago es bien conocida tanto por el Gobierno del Estado como por la Federación. No obstante, señaló que ambos niveles de Gobierno se niegan a atender a fondo las causas. Resaltó que en 2018, una de las promesas de campaña del actual gobernador de Jalisco fue el saneamiento de este cuerpo de agua, por medio de una serie de estudios ambientales y apoyo del Gobierno federal.Sin embargo, anotó que el Programa Revivamos el río Santiago se ha dedicado a atender en lo mínimo la contaminación del río por desechos humanos, mientras que los verdaderos contaminantes de origen industrial no se combaten “ya sea por ineficiencia o por intereses económicos”.Para el académico de Ingeniería Ambiental del ITESO, David Rizo, el monitoreo de la cuenca es necesario para poder atender el problema integral, sin embargo, señaló, debe hacerse en coordinación entre Estado y Federación, pues solos no tienen las mismas capacidades para llevarlo a cabo. Lo anterior porque es notable que todo el occidente del país tiene problemas en cuanto a la dotación, calidad y gestión del líquido, y la legislación no permite que las Entidades por sí mismas puedan encargarse de la inspección y vigilancia de la cuenca del río Santiago, de las descargas sin control adecuado y por ello no se cumple con la normativa, de manera integral, más allá de los proyectos de tratamiento. “Proyectos desde hace más de 10 años del CEA se han enfocado en la construcción de dos mega plantas: la de El Ahogado y Agua Prieta, y son plantas de alta capacidad, se encuentran entre las plantas de tratamiento más grandes, están bien localizadas en los puntos de mayor daño a la cuenca, sin embargo, hasta hace muy pocos años las aguas abajo no han tenido disminución clara en cuanto a los contaminantes. La competencia de Jalisco es limitada, recordó, porque no es prioridad el cumplimento de las empresas para evitar descargas residuales. Si bien el Estado ha solicitado que delegue sus atribuciones a Jalisco, la academia se ha preguntado por qué Jalisco formuló su estrategia de saneamiento sin las atribuciones de Conagua y Profepa, y por ello será muy difícil alcanzar los objetivos planteados. TELÓN DE FONDOFue en mayo pasado cuando el gobernador de Jalisco dio a conocer el “nuevo” proyecto integral para sanear más agua en el Estado, y de la mano, lograr mejoras en la cuenca del río Santiago. Aseguró entonces que, a la llegada de la actual administración, se saneaba solamente el 64% de las aguas negras de la cuenca del río Santiago, sin embargo, tras una inversión de mil 660 millones de pesos se ha podido llegar al 71% en el nivel de tratamiento. Para esto, dijo, es necesaria una inversión de mil 157 millones de pesos adicionales a lo invertido hasta ahora, para la ampliación de la planta de El Ahogado. Con estos trabajos, aseveró el mandatario, se llegará al 95% del tratamiento de la cuenca de El Ahogado, que impactará en saneamiento del río Santiago.Para el especialista en temas de agua, Arturo Gleason, el monitoreo de las descargas residuales hechas a la cuenca de la cual forma parte el río Santiago es clave para poder dar el tratamiento y saneamiento adecuado al cuerpo de agua. Lo anterior, dijo, debido a que no se puede trabajar de manera aislada, pues si bien los esfuerzos hechos por las autoridades estatales para sanear el agua son bienvenidos y “vistos con buenos ojos”, lo más importante es atacar la fuente de contaminación, es decir, identificar y sancionar a las empresas que descargan en la cuenca. “Algunas empresas no están siendo responsables y los Gobiernos federal y estatal no lo han erradicado, necesitan monitorearlo y penalizarlo. Ahora con la tecnología no hay excusa para decir que no hay dinero para contratar personal que realice los monitoreos pues esto puede hacerse desde un centro de inteligencia, de manera remota puede saberse cuál empresa, con qué y en qué momento está contaminando”, explicó el académico. Entre los casos de éxito de este tipo de acciones, dijo, se encuentra la bahía de Tokio, el río Támesis en Inglaterra y el río Rin, la vía fluvial más utilizada de la Unión Europea, que operan bajo sistemas de monitoreo mediante el uso de la tecnología. Al no haber voluntad política, dijo, la problemática se irá alargando, creo yo que con los niveles tecnológicos podríamos reducirlos a la mitad, para que las plantas se sigan contaminando, no es lo mismo fecales que industriales.Marcela es una sobreviviente de cáncer de mama, siete años después de su detección y mastectomía continúa en revisión. Ahora cuenta las horas para poder mudarse de su domicilio en la colonia La Azucena, municipio de El Salto, pues refiere que no quiere vivir un día más cerca de aquello que casi la mata.“Yo no puedo decir que el cáncer que me dio fue por la contaminación del río, pero a mi vecina también le dio; si hace unas semanas apenas enterramos a otra persona que vivía a espaldas de mi casa y conozco más de 10 casos iguales aquí en la cuadra, entonces, ¿qué más puedo pensar?”.Tras el parto de su cuarto hijo, Marcela comenzó a sentir una bolita en su seno izquierdo, en la negación de que fuera una de esas enfermedades que “le dan a la gente del pueblo” dejó pasar los días hasta que su esposo la animó a realizarse una mastografía.La primera operación fue para retirar el tumor externo y tras los resultados de exámenes, el médico le informó que el cáncer se había expandido a dos ganglios de su seno y tenían que removerlo todo.A siete años de las cirugías y más de 30 sesiones de quimioterapia, Marcela y su familia lograron vender la casa que les vio padecer la tragedia de una enfermedad que casi acaba con su vida, y ahora cuenta las horas para por fin mudarse del sitio que, asegura, la enfermó de por vida.“En una semana perdimos a siete”Adán Flores, fundador de la asociación civil Un Salto con Destino, afirma que el aumento en los padecimientos de enfermedades renales y oncológicas está rebasado en los municipios por los que corre el cauce del río Santiago a tal grado que tan sólo en la última semana siete personas que recibían apoyos de su asociación fallecieron.Apunta que las enfermedades se complican no sólo por el estado avanzado en que los pacientes comienzan a tratarse, sino por la falta de recursos económicos de quienes enferman para poderse atender.“Aquí la gente no tiene seguridad social y a quien tiene no le avisan que después de un trasplante de riñón se van a gastar hasta 300 mil pesos en medicamentos para que su cuerpo acepte el trasplante”.Enrique Enciso presidente de la asociación Un Salto de Vida concuerda con Flores, anota que la gente que muere en El Salto y Juanacatlán son aquellos que no tienen dinero, que no pueden ir para Guadalajara a tratarse y prefieren hacer “cómo que no pasa nada”, hasta que les pasa de todo.Ante el panorama de enfermedades y muertes que aqueja a la población vecina al río Santiago, ambas asociaciones se unieron para realizar un diagnóstico de la salud mental de los vecinos de la zona, un estudio que les ayude a reconocer cómo pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes sobreviven a los efectos de la contaminación.
