¿Todos somos culpables?

El sistema penal mexicano se está cayendo en pedazos. Todas las estadísticas disponibles nos señalan el deficiente funcionamiento de las distintas etapas con las que se pretende prevenir y sancionar las conductas que son definidas como delitos por la ley.

La Policía no vigila adecuadamente o está penetrada por grupos organizados de criminales, los ministerios públicos no saben integrar, custodiar y presentar debidamente las pruebas, los jueces son negligentes en el desempeño de sus funciones y los reclusorios se rigen por la más absoluta ley de la selva.

El resultado es un Estado de derecho simulado, en el que no existe ningún seguro de vida para nadie: cualquiera puede ser víctima de la delincuencia o de las autoridades que supuestamente deben protegernos.

El problema comienza en los aspectos más obvios. Hasta hace unos meses, en el número de emergencias de la Policía de Ciudad Juárez no contestaba nadie después de las ocho de la noche.

Según datos de un estudio del CIDE, en el Estado de México y en el Distrito Federal, cuando un ciudadano llama al número de la Policía pidiendo que acuda una patrulla, en la mitad de los casos no acude nadie.

Cuando en efecto la patrulla llega, lo hace con un retraso de tiempo tal que permite que los presuntos delincuentes ya se hayan dado a la fuga.

Incluso cuando pretende funcionar de forma correcta, el sistema penal suele equivocarse: no son pocos los inocentes que, por no haberle dado dinero a la Policía, al Ministerio Público o al juez, están en la cárcel.

Está a punto de estrenarse a nivel nacional el doloroso testimonio del caso de Antonio Zúñiga, grabado por Roberto Hernández y Layda Negrete.

El documental se llama Presunto culpable y todos los ciudadanos que estén preocupados por su seguridad y por el futuro del país deberían verlo.

Hernández y Negrete nos ofrecen la evidencia de un caso solamente, pero como ése debe haber miles. Lo que refleja la historia de Toño Zúñiga es que cualquiera puede ser acusado, sin pruebas científicas de ningún tipo sino sobre la base de simples rumores, de haber matado a otra persona y habrá un juez que sea capaz de condenarlo no una, sino dos veces a 20 años de prisión. De ese tamaño es el problema penal en México.

Por eso desde muchas universidades y desde la sociedad civil organizada se ha trabajado intensamente desde hace años en una reforma penal que permita profesionalizar a los actores involucrados, tener juicios más transparentes y delimitar los casos que efectivamente merezcan una pena de prisión. Me refiero a la llamada reforma de los juicios orales, que en realidad abarca muchos otros temas y problemas.

Lo bueno es que, gracias al documental de Hernández y Negrete, ya nadie puede decir que no sabía lo que estaba sucediendo. No actuar a partir de ahora significaría aceptar que todos somos, en realidad, culpables.