La Suprema Corte rechaza atraer el amparo de Caro Quintero

CIUDAD DE MÉXICO (28/MAR/2012).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atraer el amparo que interpuso Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, en contra de la sentencia de 40 años de prisión que se le impuso por el secuestro y homicidio de un agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y un piloto mexicano, entre otros delitos.

Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte desechó el proyecto del ministro José Ramón Cossío, que propuso atraer el amparo, interpuesto en contra de la resolución del Primer Tribunal Unitario en materia penal del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, dictada el 27 de abril de 2011.

Caro Quintero impugnó la decisión del tribunal, en la que se confirmó la sentencia de 40 años de prisión que le impuso un juez de distrito y la clasificación por parte del Ministerio Público como delito federal del homicidio de Enrique Camarena, el agente de la DEA asesinado en febrero de 1985. Al promover el amparo solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción.

La mayoría consideró que la solicitud no reunía los requisitos de interés y trascendencia que establece el artículo 107 constitucional para que el máximo tribunal atrajera el asunto.

El único voto a favor fue el del ministro ponente, José Ramón Cossío, quien argumentó que la demanda contenía al menos dos elementos que justificaban su estudio por la Primera Sala.

"Yo voy a sostener el proyecto. Creo que hay dos temas de importancia. Uno es efectivamente el de reducción de pena que se ha solicitado y el otro es el que tiene que ver con el carácter de algunos agentes que actuaron en nuestro país y si tenían o no la calidad diplomática para constituir o no un delito federal", expuso.

Caro Quintero se encuentra preso desde 1985 luego de ser detenido por los homicidios de Camarena y del que fungiera como su piloto, Alfredo Zavala Avelar.

En la sentencia también se le encontró culpable de haber privado ilegalmente de la libertad en 1984 a más de cuatro mil personas para que trabajaran en sus sembradíos de droga, en el rancho El Búfalo, ubicado en el estado de Chihuahua.

También se le sentenció por la introducción clandestina de armas de fuego al país, vía aérea, a principios de 1985 y por el homicidio de los ciudadanos estadounidenses John Clay Walter y Alberto Felipe G. Radelat, asesinados el 30 de enero de 1985, e inhumados de forma clandestina en el bosque "La Primavera", de Guadalajara, Jalisco, supuestamente por órdenes suyas.