Diputados piden a Fiscalía celeridad en investigación contra Elisa Ayón

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2014).- Diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades aprobaron la propuesta de la panista, Gabriela Andalón Becerra en la que exhortan a la Fiscalía General a dar celeridad en la investigación que existe en contra de la ex regidora del PRI, Elisa Ayón por presunto enriquecimiento ilícito.

"Era un asunto que teníamos pendiente, nos comprometimos a elaborar un exhorto que conmina al fiscal general que le dé seguimiento al tema de la ex regidora Elisa Ayón, consideramos que existe responsabilidad penal sobre un presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General debe determinarlo pero no hemos tenido información ni como soberanía, y tampoco se informa a la opinión pública", señaló el presidente de la Comisión de Responsabilidades, Juan Carlos Márquez.

El panista lamentó que desde hace seis meses, los diputados locales llevaron a cabo un proceso de juicio político en contra de la polémica edil y desde entonces, la Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones en su contra, luego de que se le señaló por presuntos actos de corrupción en la Dirección de Panteones en Guadalajara.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Responsabilidades consideró que los diputados, "actuamos en consecuencia y aplicamos sanciones, destituimos e inhabilitamos por 10 años a la regidora, pero esperamos las acciones de la Fiscalía".

En la sesión del órgano legislativo, el panista Juan Carlos Márquez reiteró su molestia por la negativa de la Comisión de Administración que desechó su propuesta de contar con cuatro plazas temporales, que laborarían en el área de declaraciones patrimoniales.

"Quién con tres dedos de frente dejaría pasar una oportunidad así", dijo el legislador al referirse que las contrataciones costarían al Congreso un monto cercano a los 100 mil pesos y los ingresos al Legislativo se podrían traducir en tres millones de pesos, por cobrar las multas de aproximadamente 10 mil servidores públicos que no presentaron en tiempo y forma sus declaraciones patrimoniales.

El personal que sería contratado tendría como responsabilidad, notificar a los funcionarios omisos y las ganancias por el cobro de las multas podrían traducirse en ingresos al Congreso en hasta tres millones de pesos.

En la misma sesión de la Comisión, los diputados desecharon juicios políticos en contra del auditor, Alonso Godoy, de los ex coordinadores de la 59 Legislatura, del secretario de Educación y de los alcaldes de Tlaquepaque, Alfredo Barba y de Tlajomulco, Ismael del Toro. Los juicios fueron desechados porque los ciudadanos que señalaron a los funcionarios, no presentaron pruebas o ratificaron las denuncias.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ